CONTROVERSIA JUDICIAL

La semana que se inicia podría esclarecer la incertidumbre y la inquietante dinámica de la que se ha teñido la justicia española. Huelga, sí; huelga, no. Reivindicaciones, deficiencias estructurales, falta de medios, paro, protestas… Pocas veces una sentencia y sus consecuencias dieron para tanto. Desde aquel mal día en que un pedófilo, presunto violador y asesino de una menor, no ingresara en prisión porque así lo había decidido un juez, el asunto, de notable trascendencia mediática, no ha hecho más que enredarse y complicarse, hasta el punto de seguir siendo uno de los más serios problemas vividos por la democracia española que acaba de cumplir treinta años constitucionales.
Ya conocen las consecuencias: sanción económica al magistrado e incesante reacción corporativista. Todo en cuestión, menos la convergencia de conservadores y progresistas para salvar al compañero magistrado, conscientes de que un precedente sancionador ante un hecho de esta naturaleza produciría efectos imprevisibles. En tela de juicio, nunca mejor empleado, desde el propio sistema de elección de los jueces para componer el Consejo General de Poder Judicial hasta la comparecencia de su presidente en sede parlamentaria solicitada por la representación del partido gubernamental.
Es obvio significar la importancia del poder judicial en el funcionamiento, en el mejor funcionamiento posible, del Estado de derecho. La confianza de los ciudadanos y de los justiciables todos en la justicia, o en la Administración de Justicia, es determinante no ya para la convivencia misma sino para la propia salud del sistema democrático que tanto ha costado consolidar.
Esta controversia, por tanto, es inquietante, es algo más que un pulso. Por eso interesa sobremanera la conclusión que se alcance, especialmente si es duradera, si entraña una solución estable en orden a atajar los problemas estructurales que padece esa Administración de Justicia, objetivo en el que, curiosamente, sí que coinciden jueces, fiscales y secretarios judiciales. Otro cantar es qué hacer y cómo llegar a esa solución.
Malo, en ese sentido, si las partes se mantienen en una cerrazón a ultranza o si no ceden o si no hay garantías de que ciertos déficit van a ser enjugados. Malo si no hay reflexión por encima de posturas maximalistas o de componendas políticas que sólo vendrían a perturbar más las relaciones y a agravar los problemas que ahora mismo significan la acumulación de sumarios y la tardanza de los fallos.
Las carencias judiciales no son de esta legislatura. Desde hace muchos años viene suscitando periódicamente un debate (Canarias, uno de los escenarios favoritos) que se zanja con medidas coyunturales, bien nuevas sedes bien más personal. Juzgar y ejecutar o hacer cumplir lo juzgado: de eso se trata. Para ello hacen falta más recursos humanos, materiales y técnicos. Corresponde al Gobierno -con el obligado concurso de algunas Comunidades Autónomas con competencias en la materia- afrontar una acción decidida para, cuando menos, ir mitigando las carencias. Seguro que el ejecutivo podría aportar cifras y datos sobre previsiones presupuestarias, inversiones y convocatorias desarrolladas durante los últimos años. Han debido ser insuficientes o no han servido para cambiar el modelo.
Entonces, cabe confiar en la sensatez y en el diálogo. Cordura y entendimiento para evitar algo que la ciudadanía no entendería. Una huelga de jueces es difícil de digerir. Volvemos a plantear el funcionamiento del Estado de derecho: las mejores condiciones para trabajar desde una administración vital para todos; pero conciencia también de que no hay estamentos privilegiados ni intocables, cuyos componentes, proclives también al error, como al análisis crítico y público, han de valorar que, muy por encima de los blindajes o de intereses de cuerpo, está el servicio público. Está, en definitiva, la justicia.