NERVIO ESTUDIANTIL

Era algo más que el clásico día del primer trimestre aprovechado para no ir a clase o eludir algún examen convocado sobre la marcha. Era saludable la respuesta del estudiantado a poco que sea sensible con el escalofriante dato de una reducción presupuestaria de seis mil millones de euros en tres años. Por eso, el que los padres se hayan declarado en huelga la semana pasada, para exteriorizar su rechazo a las restricciones y su defensa de un sistema público de calidad, respaldando a sus hijos, a los alumnos, es algo que un Gobierno y su ministro responsable deben tener muy en cuenta.

            Los estudiantes han sido, históricamente, en todas partes del mundo y en determinados trances, el nervio activo de una sociedad que se resiste a medidas que no la favorecen. Los estudiantes motivados impulsan o frenan, según se identifiquen o rechacen los modelos educativos que se plasmen en leyes o las determinaciones gubernamentales que pueden condicionar su futuro. Han sido los padres quienes esta vez, en nuestro país, han sentado el precedente de no llevarles a sus centros, preocupados que deben andar con la reducción de profesores, con el incremento de alumnos por aula y con la reducción o supresión de ayudas para libros de texto y material escolar, efectos directos que se palpan, además, sobre la marcha. Que la comunidad educativa haya reaccionado con esa convocatoria rompe, además, con ese tabú de indiferencia o indolencia que se atribuye -especialmente, a los padres- cada vez que se debate algún planteamiento de fondo que la afecta.

            Las reducciones presupuestarias hacen temer por la solidez del sistema público educativo. La disminución de las partidas destinadas a becas, por ejemplo, acarrea una modificación del marco de concesiones de modo que el nivel de ingresos económicos tenga menos importancia. Ello colisiona frontalmente con el derecho, más o menos consolidado hasta la legislatura anterior, a acceder a una beca a quienes tenían un menor nivel de ingresos. La eliminación de la obligatoriedad de que los centros oferten, al menos, dos modalidades de bachillerato; o la desaparición de programas de cooperación con las Comunidades Autónomas repercuten también, de forma negativa, en la oferta educativa y siembran el desconcierto entre padres que no saben muy bien qué hacer u orientar.

            Que los alumnos y sus padres, pues, hayan salido a las calles acentuando la efervescencia social que es la respuesta al fraude masivo que vivió España hace casi un año, es una prueba de disconformidad digna de ser tenida en cuenta por la naturaleza de la materia que nos ocupa. Otra respuesta de inquietud, motivación y sensibilidad social, acreedora de respeto y aprecio, más allá de testimonios jactanciosos de responsables llamados a tener otra actitud más dialogante y constructora de alternativas.