Cualquier análisis o balance que se haga de los tres años de
gobierno del Partido Popular (PP) en España incluye necesarios aspectos
críticos que convergen en un notable incumplimiento de aquella oferta
programática hecha a bombo y platillo en pleno declive de la anterior etapa
socialista. Probablemente ahí estribe el pecado original: los conservadores,
que presumían de conocer sobradamente la realidad española, creyeron que
bastaría la mera alternancia en el poder (“…Que España se hunda, ya la
levantaremos nosotros…”, llegó a decir el actual ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro) para gobernar a su aire,
favorecido a su vez por la holgada mayoría parlamentaria, de la que no importa
abusar (“…¡Que se jodan!…”, exclamó desde su escaño una diputada popular,
mientras se debatía sobre la reforma laboral), con tal de acabar imponiendo las
reformas.
Pero no fue
así. Ya pintó mal desde que el presidente se escabullía del periodismo al
anunciar la asignación de carteras ministeriales. Algunos episodios similares a
posteriori y la sistemática contraria de lo que se había ofertado reflejaban no
solo inseguridad sino una suerte de elusión de explicaciones y
responsabilidades: a esperar que escampase. Claro que la sensación de engaño o
fraude masivo fue creciendo y desde entonces habita entre amplios sectores de
ciudadanos que han terminado expresando su repulsión a la política o
depositando demoscópicamente su ira
en un partido de reciente constitución, Podemos, envuelto en un singular
fenómeno social, apoyado por un no menos singular tratamiento mediático. Otros
problemas sobrevenidos, como la tensión con Catalunya, la corrupción política y
la causa judicial abierta para esclarecer la financiación interna del partido
gubernamental, han arrojado más sombras a ese balance de tres años del Gobierno
de Mariano Rajoy.
El caso es que la crisis económica y social no
se despeja. Es difícil encontrar la salida, de acuerdo, pero ya no cuela
recurrir a la herencia del presidente anterior como principal argumento de
justificación. Hay más paro, hay más pobreza, hay más deuda y más desigualdad.
Otros datos macroeconómicos, esos que cuesta percibir y que no se reflejan en
la economía llamemos doméstica, podrán ser más alentadores pero los referidos a
los conceptos citados son para seguir preocupados y contrastar que las
políticas puestas en marcha no están surtiendo los efectos deseables.
Ejemplos: un
millón más de desempleados que cuando el PP accedió al Gobierno. Más de medio
millón de afiliados menos a la Seguridad Social. La segunda tasa de paro de
larga duración más alta de la Unión Europea (UE). La misma clasificación de
paro juvenil. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a casi doce
millones de personas. La destrucción de la clase media y del Estado de
bienestar es un hecho evidente. La deuda pública del país es prácticamente
igual a su capacidad productiva, lo que supone veintinueve puntos más que hace
tres años. Son unos siete millones de personas las afectadas por la pobreza
energética.
Por no
hablar de las reformas en políticas sectoriales o de la crisis de
institucionalidad. Entonces, el análisis de este ciclo sería aún más crítico.
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