Las plazas de soberanía, término
histórico con el que se reconoce desde el siglo XIX a los territorios españoles
situados en la costa mediterránea del norte de África, han sido escenarios de
conflictos sociales de notorio calado en el panorama internacional, aún no
resueltos del todo. Plazas mayores son consideradas Ceuta y Melilla, que se transformaron en 1995, de acuerdo a la
Constitución española de 1978, en ciudades autónomas, estatus
similar al de Comunidad Autónoma, con competencias superiores
a las de un municipio ya que pueden decretar regulaciones
ejecutivas, pero inferiores a las de una comunidad autónoma, puesto que no
tienen cámaras legislativas propiamente
dichas. Actualmente, el término plazas de soberanía poco o casi nunca se usa para referirse a
ambas ciudades autónomas.
Estamos de acuerdo en señalar
la gravedad de los hechos, tal como pudo constatarse en las imágenes
televisivas. El Rey de España, Felipe VI, desde su residencia veraniega,
transmitió un mensaje en el que expresa su “gran preocupación e
indignación por los graves acontecimientos en Ceuta y, en menor medida, también
en Melilla”. Según un comunicado hecho público el sábado pasado, por la
Casa del Rey, a lo largo de estos días el monarca se ha mantenido en contacto,
tanto con los presidentes de las dos Ciudades Autónomas, Juan Jesús Vivas y
Juan José Imbroda, como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el
líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. “A todos”, señala la nota,”
les ha transmitido palabras de ánimo y firmeza.”
En términos muy tajantes, la
nota continúa afirmando que “el Rey cree necesario adoptar todas aquellas
medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones
de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España.
La nota concluye con la
rotunda posición del Rey quien considera que “el Estado debe velar por su
seguridad y por evitar que estos hechos–que además, se han traducido en una
triste y trágica pérdida de decenas de vidas– vuelvan a repetirse”.
La intervención del Rey, de
por sí, revela la trascendencia de lo ocurrido, sobre lo que pesan aún muchas
sombras desde el punto de vista formal -¿pueden las mafias y las redes sociales
influir y promover en tiempo récord una movilización sin que los aparatos de
inteligencia de los Estados concernidos, incluida la CIA que siempre tiene un
ojo abierto, ya saben, lo detecten?- y
añaden inciertas perspectivas a su evolución.
Es un problema de derecho
internacional pero, independientemente de las circunstancias internas que
concurren en los dos reinos, no sabemos si aquel será capaz de resolverlo. En
su día, el Observatorio de Ceuta y Melilla propuso poner fin a la “indefinición
jurídica de los territorios españoles” para garantizar su protección. Aunque Rabat no ha
formulado oficialmente ninguna reclamación territorial sobre las plazas
españolas, el nacionalismo marroquí reclama como propios Ceuta y Melilla. Ya
sabemos que el nacionalismo, cuando pilla hueso, le da vueltas y vueltas con
tal de una ingesta a su gusto.
Pero conviene precisar hasta dónde puede
llegar la actuación de Felipe VI. La respuesta está marcada
por la propia Constitución. El Rey es el jefe del Estado y el artículo 56 le atribuye la función de
"arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones", además
de asumir la más alta representación del Estado. Ese mandato constitucional, no
obstante, no le permite dirigir la
política del país ni intervenir por iniciativa propia en decisiones reservadas
al Gobierno. La propia Constitución establece en su artículo 64 que los actos del Rey deben ser refrendados por
el presidente del Gobierno o por los ministros competentes, que son quienes
asumen la responsabilidad política de esas decisiones.
El caso es que hoy se reúnen
los ministros de Interior europeos quien sabe si en una nueva etapa de las
falsas hasta el cinismo relaciones entre países. Pero bueno, España ya ha hecho
lo que tenía que hacer, vía diplomática, y Von der Leyen, presidenta de la
Comisión Europea, ha dado sus bendiciones. Unos cuantos creen que esto se
arregla con despliegue de tropas y movimientos tácticos de los recursos
militares cuando no es así. Salvo que no se quiera hacer caso a la diplomacia
ni al derecho internacional.
Claro que las jugadas y las
advertencias se hacen ahora desde las redes. Bueno, y con el gringo de
espectador ansioso en mover las piezas.
Cuidado, no es que deteste a
Pedro Sánchez y lo español: ser socio aliado del reino alauí y Mohamed VI es
más rentable. Aún queda Melilla para tensionar. Al primer ministro marroquí,
por cierto, ya le han ordenado que suspenda las vacaciones. El alfil está en su
hilera.
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