La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
sigue exigiendo al Gobierno de España y a los
grupos parlamentarios que realicen de inmediato las acciones necesarias, en sus
respectivas competencias, para implementar dos normativas que son de gran
importancia para defender el derecho a la información de la ciudadanía, las
cuales están establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
la Constitución española. Pide la Federación que no las usen como un argumento
más de confrontación política sino para impulsar las medidas que contienen,
imprescindibles para mejorar la calidad de la democracia.
¿De qué normas se trata? Por un lado,
el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA,
por sus siglas en inglés European
Media Freedom Act) debería aplicarse en todos los países de la
Unión Europea (UE) desde agosto del pasado año. Por otro, la directiva europea
contra las demandas estratégicas contra la participación pública, conocida como
anti-SLAPP (por sus siglas en inglés Strategic
Lawsuit Against Public Participation) debería estar
incorporada a la legislación española desde el 7 de mayo del presente año. Como
decimos, ninguna de estas dos normas europeas, muy importantes
para defender el derecho a la información de la ciudadanía que establecen la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución española, se
está aplicando en España.
La Junta
Ejecutiva Federal de la FeSP ha expresado su
profunda indignación ante las graves revelaciones sobre la productora
audiovisual ‘Andalucía Digital Multimedia’ (ADM), empresa semipública
participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía. Esos hechos no son más
que el exponente de una precariedad laboral que, lamentablemente, es la tónica
dominante en el sector audiovisual español. La impunidad de las prácticas de
acoso y abuso es el resultado directo de un modelo de subcontratación pública
que prioriza el ahorro de costes sobre la dignidad de los y las profesionales.
El sindicato
parece querer llegar lejos pues ha hecho un llamamiento urgente a todos las y
los trabajadores del sector para que sean conscientes de que esa situación solo
se resolverá desde la unidad, la organización sindical y la exigencia
compartida de que ninguna administración pública siga financiando a empresas
que vulneran derechos fundamentales. “Es el momento -dice- de romper el
silencio y dar una respuesta sindical coordinada y firme para transformar un
modelo que precariza la profesión. La externalización de cada vez más tareas de
las radiotelevisiones públicas a productoras privadas que no tienen convenios
de empresa ni planes de igualdad se está convirtiendo en un pozo oscuro de
precariedad y desregulación que es necesario y urgente revertir”.
La FeSP, por
otro lado, denuncia el aumento de las presiones políticas y
la manipulación en distintas radiotelevisiones públicas, como se ha visto
recientemente de manera muy grave en IB3, la radiotelevisión pública autonómica
balear. Esta Federación también apoyó las convocatorias de huelga en TV3 y en
Catalunya Ràdio y se solidarizó con sus profesionales. Exigió al Consejo de
Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que atienda
las reivindicaciones de los respectivos comités de empresa.
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