Todo da a entender que va a haber acuerdo entre Gobierno y sindicatos en la reforma del sistema de pensiones. El Congreso de los Diputados aprobó las recomendaciones del Pacto de Toledo y las partes han negociado pensando más en llegar a un entendimiento que en producir más distanciamientos o rupturas. Y lo que está en juego es demasiado serio como para andarse con bizantinismos. Si todo culmina en las próximas horas como se prevé, cabe pensar en una alegría colectiva coincidente con el final de la cuesta de enero. Una alegría tranquilizadora.
Que el período de cotización para acceder a la pensión completa pase de 35 años a un mínimo de 38 y que el tiempo que se compute para calcular la pensión pase de 15 a 25 años son hechos razonables para que, ensamblados en la complejidad del sistema, contribuyan a la estabilidad necesaria y garanticen su solvencia durante los próximos cuarenta años.
Si cristalizan las bases del previsible acuerdo, seguramente mejorables o perfectibles en el curso de la tramitación parlamentaria, estaremos ante un hecho positivo que, por la dimensión poblacional y por la seguridad futura de los trabajadores, debe ser ponderado.
Que se cumpla, pues.
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