El gobierno de la ‘neolengua’, el mismo empeñado en los eufemismos orientados a la suavización de los hechos o los delitos, como para restar entidad o importancia y señalar que se legisla sobre problemas domésticos y cotidianos, llama “Programa especial de regularización de activos ocultos” a lo que es una amnistía fiscal con todas las vocales y consonantes.
Con la orden ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno espera recaudar unos dos mil quinientos millones de euros. A partir del próximo mes de diciembre, se sabrá si los cálculos se han quedado tan pequeños como la cantidad citada pues la declaración tributaria especial para los implicados, que tiene carácter reservado, se tendrá que hacer antes del próximo 30 de noviembre. No será necesario demostrar la antigüedad del dinero que se consigne y bastará con que el contribuyente/defraudador ingrese el importe en una cuenta correspondiente para regularizarlo y acogerse, de ese modo, a la amnistía fiscal.
La norma, a simple vista, favorece nítidamente el blanqueo de dinero negro en metálico, incluido el procedente de delitos y permite que no se conozca el origen del dinero en efectivo ni el momento en que fue obtenido. No es por exagerar pero parece “barra libre” para quienes se han aprovechado de estas opacas, ilícitas y fraudulentas operaciones. Es inevitable que el asunto termine dirimiéndose en los tribunales de justicia.
El Gobierno, para curarse en salud, prevé, en este contexto, una medida razonable: que no se pueda realizar pagos en metálico por una cuantía superior a dos mil quinientos euros. No estaba previsto -como tantas otras cosas- en la oferta programática del Partido Popular pero, quizá acordándose de la referencia expresada por Pérez Rubalcaba en la campaña electoral, cifrada en tres mil euros, terminó fijando la cantidad citada.
Cabe dudar de las alforjas para el viaje gubernamental porque si la previsión es recaudar dos mil quinientos millones de euros, este total es menos de la cuarta parte de lo que recaudó el ejecutivo socialista en sus dos últimos años de gobierno al aplicar su Plan de lucha y prevención del fraude fiscal. Recordemos que los resultados de este Plan, entre 2006 y 2011, crecientes cada año, propiciaron un ingreso total en las arcas públicas superior a los cincuenta y seis mil millones de euros.
Es llamativo que hayan sido los propios componentes del sindicato mayoritario de los técnicos del Ministerio de Hacienda quienes hayan advertido que la amnistía fiscal invita al fraude y que en la medida, en sí misma, es un agravio comparativo con los contribuyentes que sí cumplen con sus compromisos fiscales. En ese sentido, es comprensible que salten las dudas sobre la seguridad jurídica de quienes decidan acogerse a la medida que aguardarán, un suponer, un nítido establecimiento de las reglas del juego si quieren que las sombras, tributaria y penal, no produzcan otros sobresaltos.
Porque las sombras, desde luego, repasando las mareantes cifras del dinero que salió del país en los últimos meses, siguen existiendo.
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