FINANCIACIÓN EXTRA

El duodécimo pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó, en su comisión 3, titulada 'Sostenibilidad y promoción', que incluía el apartado dedicado al turismo, una resolución que reaviva el debate sobre la necesidad de revisar los criterios que inspiran las fórmulas de financiación que sirvan para mitigar el déficit de los municipios turísticos derivado del esfuerzo inversor que ben realizar, sobre todo, para incrementar los servicios que habitualmente ofrecen a los ciudadanos.

Es un viejo debate, aún inconcluso, que se remonta a los primeros mandatos municipales durante los que se contrastó el apremio de pueblos y ciudades que debían prestar servicios (policía o seguridad, sanidad, transporte, energía, mantenimiento, gestión de residuos...) para la que se denominaba población flotante o asistida, superior a la de derecho, ocasionando una distorsión consideranle a la hora de fijar ordenanzas, tasas y tarifas que a su vez incidían en los recursos presupuestarios. La situación, desde ese punto, era y es bastante comprensible. Y sigue sin aclararse, pese a los intentos, basados especialmente en estatutos de municipios turísticos que nunca llegaron a cuajar o en los desacuerdos que afloraban entre sus responsables no ya para tratar a fondo esta disyuntiva sino para determinar, en efecto, cuáles son las características o requisitos que debe reunir un municipio para ser considerado turístico, sobre todo, a estos efectos de financiación.

El argumento suena rotundo: en la ciudad turística hay que limpiar a todas horas, las vías y plazas deben estar convenientemente vigiladas, el mantenimiento es fundamental para que el visitante se encuentre a gusto y se lleve la mejor impresión, los servicios públicos, en definitiva, deben funcionar a plenitud. El sector privado, en general, suele ser cada vez más exigente con las prestaciones y suele echar la culpa a los ayuntamientos cuando se elevan las quejas y se crea una realidad -no siempre ajustada- de deficiencias en las prestaciones que se llevan a cabo desde la administración. También se genera, de modo recurrente, una controversia interna que se presta a la utilización política,

Y todo eso significa que hay que financiar. Por lo tanto, existe un sobrecoste que, según la citada resolución del duodécimo pleno de la FEMP, “no se ve reflejado en ingresos adicionales que ayuden a paliar el mayor gasto al que deben hacer frente este tipo de municipios por el hecho de ser turísticos”, sobre todo los que están enclavados en zona costera. Aunque no deja ser una declaración de intenciones, lo cierto es que los munícipes han resuelto que sea la Federación la que promueva del debate, “instando al resto de administraciones para que las competencias en la gestión del litoral sean más eficientes”.

El caso es que andamos en el undécimo mandato a los ayuntamientos democráticos y la asignatura sigue estando pendiente. Ni las mancomunidades ni las privatizaciones han servido de mucho, mientras el turismo avanza incontenible y sus practicantes quieren más y mejor calidad de condiciones para sus estancias vacacionales o de descanso.

Cuestión de ponerse manos a la obra o de dejar en evidencia un cierto grado de incapacidad que termina desembocando en la incompetencia.