miércoles, 19 de marzo de 2025

Una puerta de esperanza

 

Mucho costó. Obstáculos e impedimentos de todo tipo. Cerrazón y bloqueo. Interés partidista en una rígida estrategia, poco o nada flexible. Más bien incomprensible. Con un ojo pendiente de la ultraderecha, que esa es otra. Tiene razón el ministro de Política Territorial, Administración Pública y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cuando, sin triunfalismo alguno -hecho que hay que agradecer-, afirmó que el acuerdo adoptado ayer por el Gobierno es “un hito en defensa de los derechos humanos, en defensa del interés superior del menor”.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, estimó que el decreto-ley que reforma de la Ley de Extranjería y hace obligatoria la distribución de menores migrantes no acompañados es un “triunfo” de la sociedad canaria, que dio un “paso adelante” para “luchar” contra un “vía crucis” de año y medio.

Desde luego, ese triunfo no es de toda la sociedad canaria, porque bastante que ha dilatado y se ha opuesto el Partido Popular y su representación institucional en varios foros, sobre todo, los mediáticos. A duras penas sostenida la alianza gubernamental en la Comunidad Autónoma por el empecinamiento personal del presidente Clavijo que quiso salvaguardar las legítimas preferencias políticas, añadidos los flecos de última hora en forma de censuras en varias corporaciones locales y que le han obligado a desdecirse de aquella célebre afirmación suya de estar abierto a dialogar y pactar con todos, menos con la ultraderecha. Era una línea roja. Era.

Al presidente canario, por cierto, le aguardan las incertidumbres de la prórroga, ya saben, ese período en el que se abren debates sesgados y se opina a conveniencia. Hace bien, igualmente, en advertir de la “lealtad institucional” a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, formación a la que ha pedido expresamente no “obstaculizar ni entorpecer” la aplicación del acuerdo. Clavijo ha criticado la “mediocridad y miseria de algunos”, que se oponen al acuerdo –en el caso concreto de Valencia, vía Vox para aprobar los presupuestos autonómicos–.


En fin, que se abre una puerta de esperanza a este problema que tiene mucho de político y que, por consiguiente, exige soluciones políticas. Sobre todo, las útiles, las que por muy difíciles que sean a la hora de cristalizar, terminan resultando positivas. Sobre todo, si están cargadas de sentido común y de solidaridad.


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