Amaina el brote violento, xenófobo y racista de Torre Pacheco (Murcia), allí donde se cruzan los caminos (perdón, Sabina) para convertirlo en noticia durante unas cuantas fechas hasta que se retoma la calma, envuelta como ha quedado entre ataques, deseos agresivos incontrolados difícilmente contenibles, insultos coreados al presidente del Gobierno, cargas policiales, y otra actuación desplegada y estimable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más allá de los límites de las calles de batalla, pues en el campo de las pesquisas, identificaciones, prevención, controles y demás también han acreditado su pericia.
El brote no ha sido el primero de los registrados en nuestro país pero, con sus connotaciones políticas, ha trascendido para romper la convivencia y quebrar ese principio que distingue a nuestro país como tierra de acogida y de coexistencia plural. Los sucesos de la localidad murciana sirven para entender lo fácil que salta la chispa y como enciende la violencia física -la verbal se ve que es insuficiente- en cuestión de segundos, especialmente cuando cae la noche. Y también son válidos para entender cuál es el proceder de algunos que desnudan sin grandes exigencias sus miramientos: no han escondido ni esconden sus cartas. Ya hablan de millones de deportaciones en caso de que, desgraciadamente, accedan al poder político; y ya acreditan sus habilidades para sembrar el terror siquiera al calor de reuniones en zaguanes y rampas de garajes. Desde ahí no podrán corear improperios y descalificaciones pero sí manejar callejeros y otros utensilios con los que apretar y aparentar recursos de alborotadores. Si aparecen elementos experimentados y curtidos en otras batallas, ya tienen la infantería.
En algún ámbito mediático, por cierto, se debate qué hacer o qué tratamiento informativo conceder a sucesos como los de Torre Pacheco. Se ha llegado a hablar de cacería. Oiga, estamos entre humanos. Hay cosas de sentido común y algunas expresiones son inasumibles. No, no se trata de suavizar la terminología sino de dimensionar adecuadamente las acciones y no favorecer propagandísticamente sus efectos. Está claro que los mentores quieren notoriedad en busca del ansiado cuanto peor, mejor, que eso suma e impresiona. Hay que dudar de ese impacto, claro; pero cuando se materializa y cobra damnificados, lamentarse servirá de poco. Hay que prevenir y actuar “avant match”, si nos permiten el empleo del término deportivo, en el que caben entrenamientos específicos, se estudian tácticas y se concentran los esfuerzos en llegar en óptimas condiciones al momento de la confrontación o de la competencia.
En ese sentido, la institucionalidad debe dar una respuesta firme, coordinada y cohesionada. Por eso, se valora la intervención de María José García Pelayo, presidenta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quien esta misma semana ha ofrecido todo el potencial que representan los 8.132 ayuntamientos de nuestro país para actuar frente a los delitos de odio: “Somos una red con capacidad para sensibilizar, conciencia, formar y también para atender a las víctimas” ha dicho.
Durante su intervención en la Comisión Extraordinaria de Seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, convocada por el Ministerio del Interior, García Pelayo manifestó que este tipo de actuaciones han de abordarse “con contundencia, por supuesto, con la ley en la mano, pero también con las ideas claras” y con coordinación. En este sentido, ha hecho referencia a la Declaración Institucional de la FEMP por la Convivencia, la Seguridad y el Respeto a todas las personas, aprobada de forma unánime en el seno de la federación y difundida entre todos los gobiernos locales. Asimismo, ha hecho referencia al trabajo realizado por la FEMP con el Ministerio del Interior en el marco de este plan de acción y ha anunciado el establecimiento de un acuerdo de colaboración con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
Por cierto, que más allá de las actuaciones en materia de seguridad, la presidenta de la federación municipalista también solicitó apoyos técnicos para que los ayuntamientos puedan llevar a cabo “las políticas de inclusión, de integración y de los servicios sociales para que se complementen”. Igualmente, mostró su reconocimiento por la seguridad preventiva, “una policía que no tenga que llegar a intervenir porque podamos prevenir las comisiones de delito. Para ello es necesario contar con los medios necesarios, que haya coordinación”.
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