La economía sumergida es un problema difícil de abordar en todos los países del mundo. Llega a tener, hemos leído, consecuencias devastadoras, tanto para los individuos, impotentes ante una situación de la que es complicado salir y que, cada vez con más frecuencia, se perpetúa en sus hijos, como para los Estados, que pierden por esa vía una ingente cantidad de ingresos decisivos para el desarrollo de sus políticas. Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que seis de cada diez trabajadores operan al margen de la legalidad a escala mundial, un fenómeno que se agudiza en el caso de las economías emergentes, donde llega a alcanzar el 90 % de la mano de obra.
La repercusión en el empleo es directa. Veamos lo que ocurre en nuestro país. La lupa de la Inspección de Trabajo afloró el año pasado 92.689 empleos que se mantenían en la economía sumergida, según la memoria anual del organismo público vigilante del cumplimiento de la normativa laboral. Se trata de trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social, trabajadores extranjeros ocupados sin permiso de trabajo, empleados con jornadas declaradas mínimas respecto a las reales y personal en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) trabajando, así como falsos becarios y falsos autónomos, entre otras situaciones. Atentos porque el sector donde la Inspección detectó más empleo sumergido en sus campañas planificadas fue la hostelería, seguida de otros servicios y el comercio.
El empleo aflorado de la economía irregular es uno de los múltiples fraudes perseguidos por la Inspección de Trabajo, como la conversión de temporales fraudulentos a indefinidos, de cuyo balance informa en su memoria anual correspondiente a 2024, publicada esta misma semana. En total, el año pasado el organismo detectó 130.416 infracciones a la legislación (incluyendo 1.570 requerimientos a la Administración Pública), lo que supone un incremento del 2,5 % respecto al año anterior. Estos abusos alcanzaban a ochocientos setenta y seis mil setecientos trabajadores, una cifra inferior al millón de afectados del año anterior, y fueron sancionados con multas por valor de 541 millones de euros, un 3 % más que en 2023.
La lucha contra la temporalidad fraudulenta y el abuso de la figura del fijo discontinuo por parte de la Inspección de Trabajo se ejecuta en varios planos. Por un lado, a través de la actuación ordinaria de los inspectores e inspectoras, en todas aquellas investigaciones que pueden afectar a la contratación y en las que detecten irregularidades, así como a través de los llamados “planes de choque”. Se trata de una estrategia que el Ministerio de Trabajo inició en 2018 y que ha intensificado en los últimos años.
El caso es ser conscientes de los daños que ocasiona todavía la economía sumergida. La labor correctora es de todos.
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