ESTADO LIBRE ALOCADO

A estas alturas, puede que sea perfectamente estéril el debate de la justicia en la política, sobre todo cuando brota a cuenta de un cese o cuando es un tercero el perceptor de los perjuicios que no ocasionó.
Por eso son admirables la discreción, la mesura y la naturalidad con la que Julio Pérez acogió su relevo en la Secretaría de Estado de Justicia. Ni la incomodidad del hecho descompuso a quien llevó el peso de una negociación con los jueces encaminada a evitar uno de los más insólitos paros en la historia de la democracia española. Aportó cordura y equilibrio, talante -el que siempre lució en su actividad pública y profesional-, pero las circunstancias ajenas a su responsabilidad pudieron más.
Sin Julio Pérez, Canarias se queda sin su único representante en la Administración General del Estado, hecho que no ocurría desde el triunfo socialista en las elecciones legislativas de octubre de 1982. Independientemente de los factores, objetivos y no tanto, que hayan incidido en su cese, queda una sensación de orfandad de apoyo desde algunos niveles canarios de la organización.
Pérez había dejado de ser candidato a la presidencia del Cabildo Insular -llegó a intervenir como tal en un acto público- para atender la llamada de Mariano Fernández Bermejo. El hecho se presta a todas las interpretaciones que se quiera pero lo cierto es que era el tren y no podía dejarlo pasar. Ha tenido que apearse, injustamente, y lo ha hecho ratificando aquella impresión dicha cuando su nombramiento: “La justicia en España necesita sosiego y reflexión”.
Como también lo precisa Canarias, liberada ya hoy de la principal sacudida carnavalera, pero no de la crispación que empieza a ser crónica. Mientras la guerra dialéctica entre políticos alcanza caracteres inusitados, cuando irresponsablemente se lanzan sombras de sospecha sobre los cuerpos policiales, mientras no hay una mísera dimisión con la que calmar las aguas turbulentas, en tanto no se despejan judicialmente pleitos sustanciados en presuntas corrupciones, los problemas se agudizan, los indicadores empeoran y la incertidumbre se apodera de la práctica totalidad de los agentes sociales, surge la voz del alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, que proclama la aspiración de Canarias como Estado Libre Asociado. ¿Y asociado a quien?, le pregunta Francisco Pomares. “A España, por supuesto”, respondió el alcalde. Como faltaba la guinda, va José Manuel Bermúdez y dice que basta con la identidad, que el Estado español no es necesario.
No, no: mejor hablar de Estado Libre Alocado, con todos los respetos. Es lo que se encontrará Julio Pérez a su regreso. Ya no cabe hablar de la comunidad de nuestras tribulaciones o desdichas sino de una suerte de delirio que, como diría el nativo, allá por los años sesenta del pasado siglo, cuando no entendiendo lo que el extranjero expresaba, se encontraba ante un galimatías, concluía con un “Mi no comprender”.
De modo que con una economía subsidiada por arriba y por abajo, con unos quistes pleitistas que acentúan el dislate de independencia de unas islas excluyendo a otra, con un montón de asignaturas pendientes equivalentes a la incapacidad para administrar bien los recursos después de cinco lustros de autonomía o para concertar la modificación de una de las normas electorales más injustas y poco democráticas que se conocen, con las amenazas de los recortes en las ayudas europeas para sectores productivos, con el principal de éstos (el turismo) debilitado y amenazado por factores exógenos sin perjuicio de la ‘recepción’ de la consejera del ramo, con un déficit de formación que no termina de enjugarse, con el empecinamiento absurdo en una policía propia que es innecesaria y que el Gobierno no reconoce, con un intervencionismo mediático que asusta, con el más reciente sonrojo que causa la aplicación de Ley de Dependencia (Canarias, según el Observatorio Nacional, suspende con un 2’5 sobre 10, la misma nota que Valencia y Madrid, qué casualidad), con un anuncio de pleno empleo para 2013 que es sal gruesa, con un Gobierno rebuscando fondos adicionales para sufragar las sentencias de casos perdidos en los tribunales, con dudas extenuantes sobre fuentes energéticas, con casi treinta casos de corrupción pendientes de sentencia, con las incertidumbres que supone la supresión de paraísos fiscales…, de modo que, con todo eso y con mucho más, se piensa que el modelo, que la alternativa, que la panacea es el Estado Libre Asociado.
Eso sí: cuando venga la Casa Real, los monarcas, los herederos o cualquiera de sus miembros, todos a salir en la foto. Al menos servirá para ilustrar y aportar algo de cordura en el Estado Libre Alocado. Bienvenido, Julio.