LEY MORDAZA

La bautizaron Ley mordaza. En Italia, el gobierno de Silvio Berlusconi quiere, mediante esa norma, restringir el uso de las escuchas telefónicas en las investigaciones policiales o judiciales, así como prohibir la publicación o difusión de las mismas en los medios de comunicación.

Que en plena sociedad de la información, que en la creciente demanda de transparencia en los asuntos públicos, sea promovida, en un país como Italia, una ley para condicionar los que pueden ser elementos de información, tiene sus bemoles. En nuestro país, no se han escandalizado, de momento, los paladines y los defensores a ultranza de la libertad de expresión, tan dados a la condena radical cada vez que huelen mutilación o censura. Esos mismos, ¿qué hubieran dicho en caso de que la iniciativa legislativa, por ejemplo, la hubieran tomado Hugo Chávez o Raúl Castro?

Los italianos sí que han reaccionado y, según se ha sabido, la prensa de todos los colores y tendencias se ha unido para reprobar la intencionalidad del texto legal. Cómo será, que hasta el periódico que es propiedad de un hermano de Berlusconi ha pedido la retirada de una norma que considera "liberticida y anticonstitucional". Agentes sociales de toda condición vienen exclamando un rotundo 'no': deben intuir que por ahí se empieza. Se adivinan las tentaciones de censura y los riesgos para la libertad de expresión. Más de ciento cincuenta mil ciudadanos se han adherido a un manifiesto con un encabezado significativo: Libertad y participación informada.

En efecto, ese es el fondo de la cuestión, eso es lo preocupante: tener como soporte legitimador lo de la no interferencia en las investigaciones policiales o los procedimientos judiciales para impedir o frenar seguidamente la información. O sea, disponer de un amplio colchón (con base legal) sobre el que luego acostar otras muchas situaciones que ya dirimirán los tribunales. Hasta de Estados Unidos han hecho llegar un mensaje, no sea que las investigaciones sobre la mafia también se vean condicionadas.

La Ley mordaza prevé sanciones, faltaría más, para los periodistas que osen publicar actas judiciales o transcripciones: penas de cárcel y pecuniarias. A ver quién se atreve. Paradójicamente, al menos por la denominación, la ley es promovida por el partido gubernamental del primer ministro, denominado Pueblo de la Libertad (PDL). El más reciente de los escándalos desatados en aquel país, otro más de corrupción, esta vez en la esfera de la Protección Civil, ha propiciado, precisamente, la difusión de interrogatorios y escuchas judiciales: como se desconoce el alcance y si hasta el mismo Berlusconi puede verse implicado, los mentores de la norma se están dando prisa en la tramitación. Hay que operar.

Pero ese bisturí y ese escalpelo, que nadie lo olvide, son muy peligrosos. Una sociedad como la italiana lo sabe muy bien. Y atención: porque sentado el precedente y con los afanes de algunos, a ver quién borra después.