Ha habido escenas desgarradoras y reacciones sociales de todo tipo, muchas alumbrando un sentido de la solidaridad poco conocido. El problema de los desahucios judiciales de viviendas, derivado de impagos, se ha ido desbordando poco a poco. Se habla de unos ciento cincuenta mil afectados en todo el país: números mayores.
En el contexto del problema, predomina una expresión, la dación en pago, que viene a ser algo así como la entrega de la casa por incapacidad de pago, sin que sus propietarios sean responsables posteriormente de lo que quede por pagar del préstamo concertado sobre el que se formalizó la hipoteca.
El Gobierno ha amagado una solución que, en cualquier caso, no es sencilla. Acuciado para mitigar su desgaste en los cien primeros días, máxime cuando están cerca las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias, permanecer cruzado de brazos era una actitud muy pasiva, máxime después de haber regado la campaña de hace un par de meses con soluciones para todo, de modo que, por medio del ministro de Economía, ha esbozado una medida que, por ahora, no pasa de ser una declaración de buenas intenciones que somete -faltaría más- a la consideración de los poderes bancarios (Es llamativo: la reforma laboral se impone; la dación en pago, se pondera con la banca. Vaya equilibrio y vaya defensa del interés general).
Para limitar los desahucios, el Gobierno piensa, además de la dación del inmueble, en el abaratamiento de los intereses moratorios y el desalojo demorado por dos años, en casos de propietarios con familias todos cuyos miembros estén listas de desempleo. También sugiere que los primeros pagos que se realicen reduzcan el capital en lugar de los intereses.
O sea, sí; pero… Buenas intenciones pero notables cautelas. Voluntarismo e insuficiencia: a ver qué dice la banca, en vez de plasmar en una norma legal la complicada situación. La banca ha coleccionado últimamente un malestar social que sigue ‘in crescendo’ y precisa de gestos o bondades que alivien esa imagen deteriorada. La cuestión es saber si está predispuesta en esta materia y, en cualquier caso, si su actitud, presumiblemente favorable, echará por tierra lo del “duro a cuatro pesetas”. Permitan que aflore la duda, a la espera de los resultados de las buenas prácticas: que la dación la apliquen o practiquen aquellas entidades financieras que voluntariamente quieran hacerlo es una clara invitación a la duda.
Es normal la reacción de organizaciones sociales y de afectados: no se lo creen o consideran los anticipos insuficientes y muy limitados, posiblemente generadores, además, de evidentes desequilibrios o discriminaciones.
Tras el amago, veremos hasta dónde se pliega la banca -¿se pliega la banca?- pero lo consecuente sería una normativa que formalice la figura, esa dación en pago; y que haga viable durante el período de ejecución hipotecaria, cuando exista una situación de desempleo o de manifiestas limitaciones económicas, la reestructuración de la devolución del crédito para no perder la vivienda.
Eso será más estable y serio que cualesquiera otras expectativas, mucho más di dependen de los banqueros, por muy incentivados y ‘bienpracticados’ que anden.
En el contexto del problema, predomina una expresión, la dación en pago, que viene a ser algo así como la entrega de la casa por incapacidad de pago, sin que sus propietarios sean responsables posteriormente de lo que quede por pagar del préstamo concertado sobre el que se formalizó la hipoteca.
El Gobierno ha amagado una solución que, en cualquier caso, no es sencilla. Acuciado para mitigar su desgaste en los cien primeros días, máxime cuando están cerca las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias, permanecer cruzado de brazos era una actitud muy pasiva, máxime después de haber regado la campaña de hace un par de meses con soluciones para todo, de modo que, por medio del ministro de Economía, ha esbozado una medida que, por ahora, no pasa de ser una declaración de buenas intenciones que somete -faltaría más- a la consideración de los poderes bancarios (Es llamativo: la reforma laboral se impone; la dación en pago, se pondera con la banca. Vaya equilibrio y vaya defensa del interés general).
Para limitar los desahucios, el Gobierno piensa, además de la dación del inmueble, en el abaratamiento de los intereses moratorios y el desalojo demorado por dos años, en casos de propietarios con familias todos cuyos miembros estén listas de desempleo. También sugiere que los primeros pagos que se realicen reduzcan el capital en lugar de los intereses.
O sea, sí; pero… Buenas intenciones pero notables cautelas. Voluntarismo e insuficiencia: a ver qué dice la banca, en vez de plasmar en una norma legal la complicada situación. La banca ha coleccionado últimamente un malestar social que sigue ‘in crescendo’ y precisa de gestos o bondades que alivien esa imagen deteriorada. La cuestión es saber si está predispuesta en esta materia y, en cualquier caso, si su actitud, presumiblemente favorable, echará por tierra lo del “duro a cuatro pesetas”. Permitan que aflore la duda, a la espera de los resultados de las buenas prácticas: que la dación la apliquen o practiquen aquellas entidades financieras que voluntariamente quieran hacerlo es una clara invitación a la duda.
Es normal la reacción de organizaciones sociales y de afectados: no se lo creen o consideran los anticipos insuficientes y muy limitados, posiblemente generadores, además, de evidentes desequilibrios o discriminaciones.
Tras el amago, veremos hasta dónde se pliega la banca -¿se pliega la banca?- pero lo consecuente sería una normativa que formalice la figura, esa dación en pago; y que haga viable durante el período de ejecución hipotecaria, cuando exista una situación de desempleo o de manifiestas limitaciones económicas, la reestructuración de la devolución del crédito para no perder la vivienda.
Eso será más estable y serio que cualesquiera otras expectativas, mucho más di dependen de los banqueros, por muy incentivados y ‘bienpracticados’ que anden.
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