Nada ni nadie impedirán que el Senado apruebe esta semana la
Ley de Medidas Fiscales para la sostenibilidad energética que viene a ser algo
así como la norma que regulará los impuestos a la generación eléctrica. Para
decirlo con claridad, el recibo de la luz se incrementará en un 20% para las
familias y entre el 8 y el 13% para las empresas, o lo que es igual, sobre los
consumidores recaerá esta subida de impuestos cifrada, aproximadamente, en un
80%. Casi nada.
A la Ley no
sólo se oponen el PSOE y la práctica totalidad de los grupos parlamentarios
sino la mismísima patronal (CEOE), sectores industriales del país, las empresas
específicas de energías renovables y del gas y las organizaciones de
consumidores. Será el remate de un año complicado y a duras penas soportable
desde el punto de vista tributario. Pero ya ven, quienes en su día dijeron que
en época de crisis no se debía subir impuestos, ahora hacen justamente lo
contrario. Les da igual. Lo harán por el bien de España, dirán. O que es
inevitable. Sin arrepentimiento de engaño, claro. Pero esta vez ni los aliados
empresariales están de su parte: el presidente de la patronal de las
eléctricas, Eduardo Montes, ha llegado a declarar que elevar en un punto, del 6
al 7%, el gravamen a la venta de electricidad, significaría poner en peligro la
viabilidad del sector.
Todo da a
entender que estamos ante una medida que acentúa una voracidad recaudatoria
insaciable. El Gobierno, en efecto, pretende incrementar la recaudación del
sistema y taponar el denominado “déficit tarifario”, generado por el simple
hecho de que los ingresos no son suficientes para cubrir o equilibrar los
costes de producción. La norma, por cierto, consigna otros tributos específicos
para el uso del gas natural, las aguas continentales o los residuos nucleares.
A los
consumidores, desde luego, se les pone en un brete. La factura de la luz se
vuelve a disparar (es una de las más altas de Europa) mientras que todos los
avances en materia de energías renovables, ecológicas y producidas en el
territorio nacional parecen literatura inservible. Cabe preguntarse por la
utilidad de esta medida si no enjuga el “déficit tarifario”. Está claro, por
otro lado, que si aumentan los costes de producción, la competitividad de la
industria también se ve afectada y dañada.
Para colmo,
dicen los expertos que esta Ley no aporta nada a la lucha contra el cambio
climático ni protege especialmente el medio ambiente. Es más, alguno señala que
penaliza las llamadas tecnologías limpias.
Por eso, no
es de extrañar que algunos sectores reivindiquen un nuevo modelo energético
para España, hasta hace unos años una potencia mundial -o eso teníamos
entendido- en la fabricación, instalación y exportación de varias modalidades
de energías renovables. La atracción de inversiones, la creación de empleo en
un sector con futuro y el abaratamiento de los costes energéticos parecían al
alcance.
Pero se ve
que hay intereses muy poderosos. Intereses que vuelven a poner a los ciudadanos
y consumidores en el potro del sufrimiento. Les condenan.
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