Había quedado pendiente una
reflexión sobre el acuerdo del pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz
relativo a la creación de un consejo municipal para la defensa y y promoción
del patrimonio histórico. La iniciativa del Grupo Municipal Socialista,
respaldada por los otros grupos corporativos, se orienta a la puesta en marcha
de un órgano asesor que “coordine y priorice actuaciones y al mismo tiempo
articule actividades para el fomento, promoción y difusión del patrimonio
histórico del Puerto de la Cruz y su aprovechamiento para ciudadanos y
turistas”.
El acuerdo es oportuno y
necesario. Por tanto, ojalá no quede en mera expresión de voluntad, una de esas
tantas que se produce a lo largo de un mandato pero no luego no se materializa
con resultados prácticos y tangibles. Oportuno, en cuanto que es el primer paso
de una hipotética solución para frenar el deterioro de una parte del acervo
patrimonial portuense y de una sensibilidad indispensable para evitar la
pérdida de valores que, en el fondo, son representativos de la identidad
urbanística del municipio. Necesario, porque de no atajar, en medio de un clima
de progresiva indolencia, se extenderán las huellas de un paisaje urbano
revelador de abandono imparable y de una inacción que solo conduce al desastre.
El propio acuerdo consistorial,
en su exposición de motivos, lo reconoce: “En los últimos tiempos -se dice-
nuestro municipio ha sido escenario de una notable pérdida de identidad y
valorando las diferentes vicisitudes por las que ha atravesado y atraviesa
nuestro patrimonio histórico, estamos convencidos de que solo a través de la
participación y consenso se podrá con seguir que las decisiones técnicamente
acertadas también se puedan convertir en socialmente aceptadas”.
Admitamos que no se trata de
una cuestión fácil, que se despacha en breve lapso de tiempo o con unas
actuaciones mínimamente planificadas y consensuadas. Aquí hay mucho de civismo,
en primer lugar. De sensibilización, de pedagogía. Es una tarea prolongada, que
requiere empeño y dedicación. Los actores sociales deben encontrar una voluntad
nítida de la Administración. Esto es de todos, esto es el bien común. Por
tanto, si se quiere una participación activa y sostenible, tiene que haber
respuestas eficaces por parte de los poderes públicos. En ese aspecto, es mucho
lo que hay que hacer en todos los campos: obras, monumentos, arquitectura,
escultura, pintura, etnografía, conjunto artístico… Los planes de ordenación
han de prever iniciativas concretas a la hora de delimitar. Por desgracias, la
población portuense no ha sido muy sensible con estos temas. Es la hora de
producir un cambio de conducta y de cultura.
Lo está impulsando, por cierto,
la plataforma Maresía, cuyos
componentes se batieron con denuedo para producir mejoras en el
reacondicionamiento del paseo San Telmo sin pérdida de valores distintivos.
Ahora, ha elaborado un interesante trabajo videográfico en el que se recogen
los daños en inmuebles, edificios y zonas públicas que presentan una realidad
lastimosa, acaso otro reflejo de la decadencia de la ciudad.
La iniciativa socialista,
traducida en acuerdo unánime, pretende crear un consejo municipal para la
defensa y promoción del patrimonio histórico. Bien. Se quiere convocar mesas de
trabajo en las que participen técnicos, responsables públicos y de colectivos u
organizaciones interesadas en el mantenimiento, restauración y conservación del
patrimonio. Bien.
El propósito es claro. Ahora
hay que pasar de las palabras a los hechos. Estemos atentos.
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