Reducir o estrechar
-erradicarlo se antoja materia imposible- el mercado de la prostitución. Ese es
el objetivo. Francia se suma a la pugna con una ley que, básicamente, suprime
la penalización de aquellas mujeres ejercientes que ofrecen sus servicios y sanciona
hasta con mil quinientos euros -cantidad que se incrementa considerablemente en
caso de reincidencia- al que compra un acto sexual.
La alternativa francesa parece
orientarse en la dirección más adecuada. Es curioso: estas medidas nos
refrescan el problema experimentado hace unos años, cuando ocupábamos la
alcaldía del Puerto de la Cruz. Nunca supimos el origen de la aparición de unas
ciudadanas de distintas nacionalidades africanas que, en horario nocturno,
comerciaban con su cuerpo en la zona de Martiánez, más concretamente en el
paseo Aguilar y Quesada, popular Las palmeras. Lo que parecía un hecho aislado
terminó siendo un fenómeno preocupante: los medios trataron el asunto y hasta
alguna insólita utilización política se hizo del mismo. Los gerentes de hoteles
y algunos agentes sociales protestaron: el Puerto no se ha caracterizado,
históricamente, por acoger núcleos de prostitución callejera. Por supuesto, no
nos cruzamos de brazos: partiendo de que en España no era delito, se trataba de
encontrar alguna salida para acabar con una estampa que no gustaba,
independientemente del problema que en sí mismo era para las mujeres que se dedicaban
a estos menesteres.
Miren por dónde, la solución
vino por adoptar medidas similares a las que ahora Francia pone en marcha,
especialmente en el ámbito sancionador. Fue la policía local la que,
convenientemente preparada y ubicada, inició expedientes de infracción al
Código de la Circulación. Las notificaciones de sanción por aparcamiento
indebido o interrupción del tránsito rodado empezaron a ser recibidas en sus
domicilios por los presuntos infractores. Se corrió la voz, llegaron a detectar
a las patrullas policiales y los clientes dejaron de frecuentar la zona. Las
prostitutas comprobaban noche tras noche que no había mercado y acabaron
abandonando. Unos meses después se había evaporado el fenómeno.
La ley francesa pretende ser
estricta y facilitar alternativas, como por ejemplo conceder autorizaciones de
estancia, junto a ayudas económicas, para las personas -especialmente
extranjeras- que acepten dejar la actividad.
Solo el tiempo dirá si la
aplicación de la norma es eficaz y se mitiga la prostitución. Abolirla o
regularla: esta ha sido la gran disyuntiva durante décadas. Teniendo en cuenta
las características de las necesidades sociales, pero, sobre todo, de un
negocio que ha seguido creciendo y creciendo sustanciado en la trata de seres
humanos, no será sencillo pero se acaban los excesos de tolerancia Al menos, los franceses han dado un paso
importante que seguro no liquida el comercio sexual pero sí contribuye a
reducirlo.
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