La
Ley de Memoria Histórica ha vuelto a quedar sin financiación en los
controvertidos Presupuestos Generales del Estado (PGE) nada más ser
presentados. Cree uno que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
debería ser un poco más sensible con este hecho, antes que
ufanarse, poco menos, de haber destinado cero euros (con énfasis) a
esta norma durante los ejercicios anteriores, principalmente en lo
concerniente a las exhumaciones de las víctimas. Hay familias y
personas que tienen todo el derecho a recuperar restos y darles un
definitivo reposo digno. Mirar al futuro: aquella respuesta dada en
1978, en la que se refugia Rajoy, supuestamente para que cicatricen
las heridas, significa también -al menos, teóricamente- englobar un
problema que sería una página ignominiosa de la historia de España.
Moralmente se está obligado a contribuir a resolverlo. Lo dicho: con
un poco más de sensibilidad, se acertaría.
Eso
es mirar al futuro, antes que hacer declaraciones públicas
intransigentes que solo han contribuido a enrarecer el ambiente y
aumentar el encono, por no decir irrespetar a los agentes sociales y
a las asociaciones constituidas para recuperar la memoria histórica.
Recordemos aquellas del portavoz parlamentario del partido
gubernamental, Rafael Hernando, en las que llegó a afirmar que “los
familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de
desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones”. Aunque la
justicia no haya penalizado tal afirmación, “al no encontrar
elementos suficientes para ejercer acciones penales o civiles”,
parece claro que hiere la sensibilidad, que escuece. Al menos, que
sean más cuidadosos. Sobre todo, para evitar resquemores y hasta más
riesgos de nuevas acciones judiciales.
A
lo que vamos: sin consignación presupuestaria, cuando se calcula que
hay unas dos mil fosas sin abrir en todo el territorio nacional. Con
fondos propios, basados en buena parte en aportaciones y ayudas de
voluntarios, la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH), quiere proseguir su tarea. Esta Asociación, por
cierto, transparenta su gestión con especificación de las ayudas
recibidas y las actuaciones llevadas a cabo en varias provincias.
Pero es difícil la consecución de sus objetivos -entre los que
figuran las exhumaciones- si no hay financiación, que ni siquiera ha
sido reducida: es que no existe. Ni siquiera las ayudas puntuales de
un sindicato noruego de electricistas y de la fundación
norteamericana que custodia la memoria y los archivos de la Brigada
Abraham Lincoln modificaron la postura negativa del Gobierno: cero
euros.
Y
es curioso, porque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una
comparecencia parlamentaria, reveló que en su departamento se
trabaja a diario en esta materia, que se expiden desde el ministerio
certificaciones de reconocimiento y restitución al honor y se
actualiza el mapa de fosas, además de atender centenares de
consultas ciudadanas.
Pero,
paradójicamente, en los presupuestos hay cero euros para los fines
previstos en la Ley, al menos para las exhumaciones. Es lo que
impulsó a una diputada, en un pleno de finales del año pasado, a
decir que “dejar el presupuesto a cero, no es cumplirla".
No hay comentarios:
Publicar un comentario