lunes, 10 de abril de 2017

CERO EUROS


La Ley de Memoria Histórica ha vuelto a quedar sin financiación en los controvertidos Presupuestos Generales del Estado (PGE) nada más ser presentados. Cree uno que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería ser un poco más sensible con este hecho, antes que ufanarse, poco menos, de haber destinado cero euros (con énfasis) a esta norma durante los ejercicios anteriores, principalmente en lo concerniente a las exhumaciones de las víctimas. Hay familias y personas que tienen todo el derecho a recuperar restos y darles un definitivo reposo digno. Mirar al futuro: aquella respuesta dada en 1978, en la que se refugia Rajoy, supuestamente para que cicatricen las heridas, significa también -al menos, teóricamente- englobar un problema que sería una página ignominiosa de la historia de España. Moralmente se está obligado a contribuir a resolverlo. Lo dicho: con un poco más de sensibilidad, se acertaría.
Eso es mirar al futuro, antes que hacer declaraciones públicas intransigentes que solo han contribuido a enrarecer el ambiente y aumentar el encono, por no decir irrespetar a los agentes sociales y a las asociaciones constituidas para recuperar la memoria histórica. Recordemos aquellas del portavoz parlamentario del partido gubernamental, Rafael Hernando, en las que llegó a afirmar que “los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones”. Aunque la justicia no haya penalizado tal afirmación, “al no encontrar elementos suficientes para ejercer acciones penales o civiles”, parece claro que hiere la sensibilidad, que escuece. Al menos, que sean más cuidadosos. Sobre todo, para evitar resquemores y hasta más riesgos de nuevas acciones judiciales.
A lo que vamos: sin consignación presupuestaria, cuando se calcula que hay unas dos mil fosas sin abrir en todo el territorio nacional. Con fondos propios, basados en buena parte en aportaciones y ayudas de voluntarios, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), quiere proseguir su tarea. Esta Asociación, por cierto, transparenta su gestión con especificación de las ayudas recibidas y las actuaciones llevadas a cabo en varias provincias. Pero es difícil la consecución de sus objetivos -entre los que figuran las exhumaciones- si no hay financiación, que ni siquiera ha sido reducida: es que no existe. Ni siquiera las ayudas puntuales de un sindicato noruego de electricistas y de la fundación norteamericana que custodia la memoria y los archivos de la Brigada Abraham Lincoln modificaron la postura negativa del Gobierno: cero euros.
Y es curioso, porque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una comparecencia parlamentaria, reveló que en su departamento se trabaja a diario en esta materia, que se expiden desde el ministerio certificaciones de reconocimiento y restitución al honor y se actualiza el mapa de fosas, además de atender centenares de consultas ciudadanas.
Pero, paradójicamente, en los presupuestos hay cero euros para los fines previstos en la Ley, al menos para las exhumaciones. Es lo que impulsó a una diputada, en un pleno de finales del año pasado, a decir que “dejar el presupuesto a cero, no es cumplirla".

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