RADIOS COMUNITARIAS

Definen la radio comunitaria como un tipo de medio de comunicación cuya propiedad es de una entidad sin ánimo de lucro. En ella, la ciudadanía aprende a ejercer su derecho a comunicar de una forma veraz, atractiva y respetable.

Las cifras de las que se dispone actualmente revelan que estamos en puertas de un nuevo fenómeno comunicacional. En España, efectivamente, ya son unas cinco mil personas las que producen contenidos en las radio comunitarias sin ánimo de lucro del Estado. El 36 % de esta modalidad de emisoras genera entre seis y quince programas propios; y el 56 % emite la misma cantidad de espacios creados en otras radios. La franja de emisión más habitual es la de los lunes a viernes por la tarde. Predominan los contenidos culturales (86 %), musicales (75 %) y de derechos sociales (72 %). Una encuesta de la Red de Medios Comunitarios (ReMC), realizada entre treinta y seis medios comunitarios asociados y colaboradores (radios en su inmensa mayoría), revela que la principal fortaleza es su implicación en la comunidad y en la participación ciudadana, lo cual se refleja en que hasta un 53 % gestiona el medio de manera participada mediante grupos de trabajo formados por quienes generan los contenidos.

Claro que el fenómeno parece estar lejos de eclosionar positivamente. Es más, las radios de este tipo se enfrentan al serio problema de carecer de licencia. Y lo que es peor: por ahora no se advierte la voluntad de una regulación legal. El nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez tendrá que hacer frente a esta y otras dificultades: ya son siete años en los que se incumple la Ley General de Comunicación Audiovisual. Hasta ahora no se contemplaba la planificación de licencias para este modelo de operadores.

Dependerá pues de la voluntad política y de los acuerdos que se pueda alcanzar en el marco de un Congreso donde la debilidad parlamentaria del ejecutivo es palpable. A mediados del pasado año, por cierto, la Cámara baja aprobó una Proposición No de Ley (PNL) en la que se instaba al Gobierno a cumplir lo concerniente a la citada Ley General. Las circunstancias y la inactividad administrativa incidieron en las demoras y en los incumplimientos, para desespero de la ReMC y de sus responsables que comprueban cómo el problema crece. Hablan de una miopía incomprensible.

Uno de ellos, el coordinador de Legislación y Derecho a Comunicar, Javier García, considera que “la regulación de los medios comunitarios no es un problema del sector audiovisual sino parte de la solución. Proteger y promover estas radios y televisiones ayudaría a reducir las emisiones pirata, esto es, con ánimo de lucro pero sin autorización”.

En Canarias, el problema también se va agrandando. Según la citada ReMC y la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP), entre las doscientas radios y televisiones comunitarias, existen en las dos capitales de provincia y en otras localidades. Esto quiere decir que habrá que estar muy atentos para contrastar la cobertura legal y la evolución del propio fenómeno. Téngase en cuenta que tanto el infradesarrollo normativo como las limitaciones de los recursos económicos y financieros son factores adversos para los promotores. Pero lo que no puede ni debe ocurrir es un crecimiento incontrolado: ya pasó con las televisiones locales, algunas de las cuales desaparecieron y otras subsisten sin soportes legales, dando contenido a una realidad difícilmente controlable desde cualquier punto de vista.