LECTURAS DE UNA MANIFESTACIÓN

Hombre, no es que los catorce mil afectados tuvieran obligación de asistir, ni que todos estuvieran siquiera informados de la convocatoria, pero la dimensión del problema exigía otra respuesta. Unas quinientas personas en el trayecto y más, muchas más, en ventanas y balcones, y hasta turistas que se acercaban para leer los rótulos escritos en inglés y alemán, fueron las que siguieron más activamente o más de cerca la convocatoria de una manifestación hecha por la Plataforma de afectados en reivindicación de una solución para los problemas del suministro que padecen hace ya muchos meses: o no hay agua o la que hay es de mala calidad, no potable, no apta para el consumo.

    Esa es una de las lecturas que cabe hacer de la convocatoria, la cual discurrió con absoluta y entera normalidad, con sensatez, sin actitudes violentas ni provocadoras, con pancartas, lemas y consignas absolutamente respetuosos, sin sesgos políticos. En eso pueden sentirse satisfechos los convocantes: querían que el mayor número de personas expresara públicamente su desacuerdo con la gestión de esta crisis del agua y su rechazo a la falta de resultados prácticos. Querían desahogar su repulsa porque ya está bien de tener que aguantar cómo se han ido pasando la pelota durante días ayuntamiento y concesionaria y tener que abonar un gasto extra en agua embotellada (siempre hay alguien que sale ganando en esta situaciones de angustia, dilación e impotencia) que no ha sido compensado. Algunos llevaron garrafas o envases vacíos o parcialmente llenos de agua turbia, casi chocolatada. Querían solidaridad, incluso de quienes aún no se han visto damnificados. Y siguen aguardando sensibilidad. Muchos días, demasiados, a la espera de una normalización en el suministro.

    Pero chocaron con la comodidad, la abulia, el desentendimiento y hasta la cobardía de quienes hicieron demostración de que estamos en un pueblo poco comprometido, al que ni siquiera moviliza un problema de esta naturaleza, la prestación de un servicio básico. Que ya es decir. Lo venimos diciendo de los portuenses: tanta indolencia, tanta pasividad, tanto pasotismo ante importantes causas. ¡Ay, portuenses! Lo que fuimos, lo que tuvimos, lo que hemos perdido. Y lo que duele verse apenas motivados por menesteres banales.

    Claro que no deben alegrarse y mucho menos, cantar victoria, aquellos que anhelaban el fracaso de la convocatoria. Que los había, seguro. Ni el gobierno local debe sacar pecho, un suponer, pensando en que, pese a la dimensión mediática cobrada por el asunto -algunos medios nacionales se hicieron eco- y pese a la proyección pública, lo ocurrido es una especie de aprobación a sus políticas, a sus medidas paliativas y a su modo de hacer las cosas. Recordemos que, en las vísperas, el mismo alcalde declaró que si él fuera vecino afectado, también se manifestaría. Ya puestos, esta afirmación entrañaría una cierta contradicción: si la hizo pensando en acreditar sensibilidad y sumarse a un posible éxito y prevenir, como para socializar las ganancias, ya ven que va descaminado.

    Y, en fin, otra lectura que puede hacerse es que la cobertura de la convocatoria por los medios de comunicación invita a perseverar en la búsqueda de soluciones. En alguna ocasión hemos definido su papel como catalizador de afanes populares. Y este es uno de ellos, por lo que hay que reconocer su papel y su atención en la diversidad de los tratamientos. Si vital es el agua, este es un problema vital. Para resolverlo, a la vista de la experiencia, su contribución es decisiva.

    Y la solución aún está pendiente.

BOTÁNICO: QUE ALGUIEN HAGA ALGO

La ampliación del Jardín de Aclimatación, en lenguaje popular el Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, sigue durmiendo el sueño de los justos. Nadie parece tener interés en impulsar el desarrollo de un proyecto que es fundamental para este recurso científico y turístico: hay una parte avanzada pero los trabajos, por falta de presupuesto o por la razón que sea, quedaron paralizados. Y así siguen, pese a algún anuncio sin alharacas de consignación  presupuestaria y alguna declaración pública de voluntad política que nunca terminó de cuajar. Desde el distribuidor de tráfico de un antiguo empaquetado, la visión no puede ser más desoladora: es la viva estampa del abandono: hierbas salvajes o naturales, especies vegetales nacidas y crecidas entre muros, cimientos y escombros.

         Que alguien haga por el Botánico. No debería ocurrir que la ampliación de un espacio de tanto valor científico e histórico presente una realidad tan poco edificante. Localizado en uno de los puntos de acceso a la ciudad más importante y transitado, su aspecto es el de una obra fantasma, de algo que se inició pero nunca llegó a su final. Ese aspecto se ha prolongado en el tiempo: meses y puede que años. Desde que se jubiló Manuel Fernández Galván, el director general que volcó su empeño y sus afanes en la iniciativa, el que luchó a brazo partido para que el proyecto reuniera todas las condiciones propias de un recinto singular, parece que nadie se ocupa. Como que el Jardín Botánico está abandonado a su suerte.

         Que alguien haga algo, de verdad. Siquiera por orgullo, por amor propio, o por el dolor que causa ver cómo pasa el tiempo y allí sigue sin moverse nada. Tanta desidia, por parte de todos, por responsables que no gestionan adecuadamente y por un pueblo pasivo al que estas cosas le dan igual, es un mal generalizado. Es como un fracaso colectivo, otro hecho de un Puerto de la Cruz al que parece importar poco su patrimonio y sus opciones de oferta turística y avance científico y social como es el caso. Otra realidad que se nos escapa. Otra cosa que se pierde.

         A menos que alguien haga algo.

PARALIZACION, PERO PRUDENCIA

Los seguidores habituales de este blog fueron los primeros en enterarse de las intenciones del colectivo Maresía relativas a la presentación en el juzgado de una petición para suspender de forma cautelar la ejecución de las obras de derribo del muro del paseo San Telmo, en el Puerto de la Cruz, consignada en un proyecto de remodelación o rehabilitación de toda la zona.


Aquellos miembros de la plataforma social que, en el curso de una reunión se mostraban muy autocríticos, afirmando que “hasta ahora no hemos conseguido nada”, estarán algo más animados después de que se haya sabido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha resuelto paralizar las citadas obras, valorando, según se ha informado, que no han sido tenidos en cuenta los informes y estudios (obra del profesor Nicolás González Lemus y de la Fundación César Manrique) que fueron remitidos al Cabildo Insular, institución promotora de la actuación urbanística.

En Maresía, coyuntura favorable al margen, esperan que la decisión judicial sea definitiva pero habrá que aguardar a la presentación en el propio juzgado de las alegaciones que las partes pueden exponer para tomar una determinación. Por lo tanto, es lógico que en la plataforma se armen de prudencia y cautela: el camino puede ser largo y depende de muchos factores, entre ellos el propio arbitraje judicial.

Pero ya han logrado algo, aunque la vía judicial siempre es complicada: no rendirse y multiplicar su sensibilidad, transmitiendo un mensaje que sí ha calado en la población. El mensaje de la defensa del patrimonio, de lo que es común, de aquello que se quiere. Aquí asistimos a un episodio de identificación con valores históricos, urbanísticos y sociales. Amplios sectores ciudadanos los han hecho suyos y vienen defendiendo una causa que no es un pulso al poder ni una discrepancia política: al contrario, se muestran partidarios de hacer una remodelación en el paseo pero respetuosa con esos valores.

Así que, pase lo que pase en los vericuetos judiciales, ya hay algo positivo en la pugna entablada, en la defensa del muro y de otros elementos urbanísticos del paseo San Telmo, una arteria peatonal en la geografía de la ciudad que guarda los pasos de miles y de millones de personas. Lo positivo es la constancia, no rendirse, agotar las vías de diálogo y hacer uso de los resortes al alcance para intentar hacer valer las razones.

Que en este caso, las hay. Sin duda.

S.O.S. DE LOS VECINOS: AGUA, AGUA

Las muestras eran la evidencia de las denuncias, de las quejas, de las demandas y de las esperanza de solución. Allí estaban, en una esquina de la plaza del Charco, sobre un mostrador artesanal, mientras representantes de los sectores de población afectados ofrecían alguna explicación a los curiosos que se detenían y se interesaban, algunos verdaderamente impactados con el color del agua de las muestras depositadas en frascos y recipientes, al tiempo que distribuían octavillas informativas sobre convocatorias públicas de protesta que llevarán a cabo esta semana.


En concreto, harán una concentración mañana en el exterior de la sede de la compañía ‘Aqualia’, concesionaria del servicio. Y luego, el sábado, marcharán en manifestación, desde ese mismo punto hasta las casas consistoriales en plaza de Europa.

Es la expresión de la protesta por lo que ha venido ocurriendo con el suministro de agua potable a importantes núcleos de población del municipio. Los titulares de prensa llamaron la atención hasta de los menos interesados cuando en ellos se leía que eran catorce mil personas las afectadas.

Es también la manifestación de rechazo a la gestión de la crisis por parte de los responsables, compañía concesionaria y gobierno local. Durante muchas fechas, insensibilidad, desinformación y carencia de alternativas. La instalación de depósitos en plena vía pública ofreció una imagen casi tercermundista. Y en general, la que se proyectó al exterior de toda la crisis, por prolongada y aún no saldada, ha sido muy negativa.

Y es, en fin, casi el grito desesperado en busca de una solución a la que tienen pleno derecho. Con agua de mala calidad, imposible. Y sin agua, igual de imposible. Los vecinos habrían de pagar sus tarifas de consumo y encima habrían de afrontar un pago extra de botellas y de litros de agua para tener una mínima seguridad.

Hicieron bien los vecinos en mantener las convocatorias en el curso de una reunión que mantuvieron con responsables para urgir una solución. Sea cual sea la respuesta a su convocatoria, han obrado consecuentemente. Hasta el alcalde dice que él, si fuera afectado, también se manifestaría.

Una avería se puede registrar. Y una espera razonable para superarla, se puede entender. Lo que no es de recibo es la incapacidad para que las partes se entiendan. Debían tener claro que con el agua no se disputa ni se encona.

Lo primordial es suministrarla con plenas garantías para su uso y consumo.

ASIGNATURAS TURÍSTICAS

El secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella, quien conoce bien la realidad turística canaria no en vano estuvo vinculado a organizaciones del sector durante muchos años, ha declarado que la hostelería española sigue sin aprobar algunas asignaturas. Y detalla tres: acabar con la estacionalidad, mejorar la comercialización mediante nuevas fórmulas y poner en marcha actuaciones caracterizadas por el estímulo y la eficacia en el ámbito de la formación y los recursos humanos.

         El presidente de esta misma organización, Joan Molas, da un paso más y señala que la innovación y la oferta ilegal o clandestina son dos prioridades a las que hacer frente sin reservas, si es que de verdad se quiere hacer más competitivo un sector que está registrando unos porcentajes productivos excelentes.

         Habrá quien discuta si es positivo o no hacer estas valoraciones en plena bonanza, aunque lo cierto es que algunos de estos problemas son un clásico, si se nos permite la expresión: se viene hablando de ellos desde hace mucho tiempo, y como se han reiterado declaraciones de este tenor y sin dudar de que se habrán tomado algunas iniciativas, lo cierto es que los dirigentes empresariales turísticos los siguen colocando en el debe.

         Claro que éstos asocian la desestacionalización a bonificaciones fiscales, anteponiéndolas incluso a la captación de nuevos mercados para cubrir los vacíos de la denominada temporada baja. Por lo que se ve, no han terminado de convencer a las autoridades ministeriales, de ahí que se planteen este objetivo, acabar con la estacionalidad, a corto o medio plazo.

         Se incide también en la formación. Estalella se queja: faltan profesionales. Y considera que el problema estriba en que el empleado formado cobra más y no se puede, en su opinión, “abonar salarios elevados por los costes tan restringidos de las empresas para ser rentables ya que la mayoría tiene que vender por precio”. Una vuelta de tuerca por su parte: si sigue existiendo un déficit de formación -parece que en las grandes cadenas, no tanto- y la precariedad en el empleo es un factor predominante, “se debería formar al personal sin que implicase un aumento salarial, por lo que se debería de incentivar de otra forma”. Pues ya deberían estar aplicándose los dirigentes empresariales en la aplicación de medidas para generar, en cantidad y en calidad, una mano de obra que se corresponda con la indiscutible importancia que el sector tiene en la productividad económica del país.

         De no hacerlo, se prolongarán los problemas. Seguirá existiendo el mismo déficit. Se hará palpable la obsolescencia en los métodos y fórmulas de comercialización. La prestación de servicios continuará siendo insatisfactoria para una clientela cada vez más exigente. No basta conformarse con que seguirán viniendo turistas, pase lo que pase. Con asignaturas pendientes y prioridades aceptadas, no hay otra opción que poner manos a la obra.

CON SUÁREZ, DE ESTRENO EN LA GOMERA

Fue una de nuestras primeras incursiones en el campo de la información política. Casi casi, el estreno. Creemos recordar que en 1978, en plena transición. Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, venía a las islas. El padre Siverio, director de Radio Popular de Tenerife, donde preferentemente hacíamos deportes, nos envió a La Gomera, a cubrir la visita presidencial a esta isla. Canarias atravesaba entonces una delicada situación social y económica. La presencia de Suárez en el archipiélago tenía un profundo sentido simbólico.

El trabajo había comenzado en el aeropuerto de Los Rodeos, donde pudimos seguir las incertidumbres del protocolo para saber dónde se colocaba un visiblemente desconcertado Alfonso Soriano, el presidente de la Junta de Canarias, el ente preautonómico. Las tablas de Rafael Clavijo, que lo era del Cabildo Insular de Tenerife, resolvieron diplomáticamente la cuestión. Mucho más emotivo que aquel episodio, desde luego, fue la perseverancia de Cristina García Ramos para conseguir un testimonio de Suárez según cumplimentara a las primeras autoridades. A Cristina (evoquemos su maduro ejercicio de “Corazón, corazón”) la habían apremiado desde Madrid. Cuando lo logró, no pudo ocultar su contento entre quienes la rodeaban.

            Después, el traslado en guagua hasta Los Cristianos. En el grupo de periodistas e informadores, iba Arturo Trujillo, que pertenecía al plantel de Diario de Avisos y poco después quedaría vinculado a la Unión de Centro Democrático (UCD). Ahí conocimos a dos pesos pesados: Ignacio Zuloaga y Manuel Antonio Rico, que representaban a las agencias de noticias Efe y Europa Press. Nos alojamos en el parador nacional, aún inconclusas las obras, lo cual no obstó para que allí mismo, antes de las visitas, hubiera algunas reuniones con dirigentes institucionales y vecinales. De Suárez no se despegaba Luis Mardones Sevilla, gobernador civil, a quien recordamos tomando notas como si de un periodista se tratara.

Desde el sur de Tenerife y desde la isla colombina enviamos varias crónicas telefónicas, suplementadas con alguna grabación, hecha a ‘vuelamicrófono’. Cuando terminó la jornada, en medio de un calor sofocante, acompañamos a Zuloaga y Rico a comprarse un bañador en San Sebastián, la villa, la capital de la isla, en cuyas calles se vivía la efervescencia propia de un acontecimiento. Luego estrenamos la reluciente y tentadora piscina del parador.

Estos recuerdos personales rebrotan al producirse el anunciado fallecimiento del ex presidente. Cuando cumplió 75 años y la enfermedad ya causaba estragos, el aniversario se vio salpicado por una nueva controversia a propósito de la aparición de un libro de Luis Herrero. Los franquistas y los nostálgicos se han pasado un buen rato denostándole, le consideraban un felón. En la obra de Fernando Vizcaíno Casas, “Y al tercer año resucitó”, así aparece. Pero nadie pone en duda el trascendental papel que le corresponde en el tránsito a la democracia, en una de las etapas más apasionantes e inciertas de nuestra historia. La entereza con que afrontó el bochornoso asalto de los guardias civiles al Congreso de los Diputados -compartidos esos honores con Gutiérrez Mellado- será recordada eternamente. El paso del tiempo elevó su estatura política, su generoso sentido de la tolerancia y del pluralismo. Alfonso Guerra, en la segunda entrega de sus memorias, le califica como un “estadista desclasado”.

Y en su haber político, analizado hoy con un más amplio sentido de perspectiva, el valor de una dimisión que iba más allá de lo que en sí significa una renuncia:

“Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”, vino a decir al país en la tarde del 29 de enero de 1981. Sabias palabras, sustanciosa aportación a la democracia que recién arrancaba y que andaba amenazada, según se comprobó apenas un mes después.

LAS INCÓGNITAS DEL LAGO MARTIÁNEZ

El gobierno municipal del Puerto de la Cruz quiere privatizar (gestión indirecta de un servicio o bien de titularidad propia) el complejo turístico “Costa Martiánez”. Amplios sectores de población no están de acuerdo con la medida: son los más identificados con un espacio emblemático, santo y seña de la oferta turística de la ciudad y lugar de disfrute de numerosos vecinos, a los que hasta hace poco se bonificaba el acceso a las instalaciones.

            Pero este gobierno, pretextando la salvación de los puestos de trabajo y la necesidad de mejorar la gestión del complejo poniéndola en manos privadas, dice que se concesiona administrativamente, sí o sí. Por eso suprimió las bonificaciones, sin importarle que, de ese modo, se alejaba a los portuenses de una de sus cosas más queridas. Por eso quiere que, en agosto, lo más tardar, se ponga el punto final a la gestión directa. Como si la indirecta, es decir, la privada, fuera una garantía de mejores prestaciones y de más calidad.

            Hasta que se consume el proceso -sujeto a un concurso público, suponemos- se van produciendo algunos hechos que, cuando menos, llaman la atención. Por ejemplo, según parece, una empresa concesionaria de parte de los servicios del complejo se ha declarado insolvente y es otra la que adquiere su accionariado. Queremos pensar que la operación se ha hecho bajo escrupulosa legalidad.

            Pero lo lógico es que el Ayuntamiento -recordemos, por enésima vez, titular lo dueño de la instalación- estuviera al tanto de la operación y en aras de la transparencia y de la defensa de los intereses generales y patrimoniales del municipio, ya hubiera informado del alcance de esta curiosa y circunstancial transacción, siquiera en sus órganos. Como desde la fiscalización que debe hacerse de la gestión del gobierno no ha trascendido nada, queremos pensar que eso no ha ocurrido. Con lo que estamos ante un extraordinario caso de opacidad en la gestión de los recursos públicos. ¿Es beneficiosa la operación para la hacienda municipal, para la ciudad? Siquiera con valor anecdótico: la nueva empresa ya ha reemplazado hasta los logos y alguna señalética. ¿Puede hacerlo, con qué autorización ha contado? ¿Lo sabe la fundación César Manrique? Alguien tendrá que explicar por qué han ocultado o sellado el nombre del complejo. Y para que quede claro: nada se tiene en contra de las empresas que legítimamente aspiren a crecer y quieran demostrar su capacidad. Pero hay que ser exigentes con ellas cuando van a gestionar lo público, lo de todos.

            ¿Y qué hacemos con  los trabajadores? Ahora mismo, debe haber unos sesenta adscritos a Pamarsa, la empresa pública municipal prácticamente en proceso de disolución -a menos que la rentabilidad de la explotación de aparcamientos lo frene-; veintiuno procedentes de la firma Tarajal que ganaron un contencioso ante la jurisdicción laboral que falló a favor de los empleados y condenó al Ayuntamiento a su readmisión; y unos diez directamente dependientes del propio Ayuntamiento. Lo lógico sería que las representaciones sindicales y los comités de empresa -si los hubiere- ya estuvieran recabando información sobre su futuro y reivindicando estabilidad en el empleo. Pero cabe dudar de lo lógico conociendo los antecedentes. Acaso andarán más preocupados en otros menesteres. Y se respeta, si esa es la actitud. Pero que sean conscientes de que pueden correr una suerte muy negativa. Recordemos que en procesos similares anteriores, cuando por activa y por pasiva se hablaba de que los puestos de trabajo estaban plenamente garantizados, a las pocas semanas se estaba evaporando tal seguridad.

            A todas estas, habrá que incidir en el proceso de concesión administrativa. Apuntemos, por un lado, que debe estar a punto de caducar la de la Demarcación de Costas; y por otro, que el gobierno local ya debe haber madurado el pliego de condiciones que regirá el concurso público tras el que habrá una nueva firma adjudicataria que se haga cargo de las instalaciones, si aquél no es declarado desierto, posibilidad que, tal como evoluciona la voluntad política de los actuales responsables, parece bastante improbable.

            En definitiva, sombrío panorama y mayor incertidumbre para un complejo en el que ya no está el casino de juego habilitado en la antigua “Isla del Lago”. Sólo sobrevive la sala de máquinas en aquel Lido San Telmo de grata recordación. Las instalaciones están cerradas por la noche, excepto los fines de semana. Sin duda, se acentúa el aspecto lúgubre y de decadencia que, acaso premeditadamente, se quiera presentar para justificar la privatización.

            Entre el oscurantismo advertido en ciertos procedimientos, las primeras añagazas, las dudas que sustancian la suerte futura de los empleados y la expectación que ahora despierta el pliego de condiciones de otro concurso público para dilucidar el patrimonio de los portuenses, nos encontramos con unas cuántas incógnitas.

            Despejarlas o desentrañarlas va a resultar interesante.

UNA DISTINCIÓN PARA MINA

El público se pone en pie y la ovaciona durante unos instantes. Se palpa el calor de los aplausos. Ella asume con su sencillez de siempre. Y agradece con gestos después de haber recibido la distinción honorífica concedida por el jurado de los premios del Instituto Canario de Igualdad (ICI), ediciones 2012 y 2013.


Mina, como la llama todo el mundo, está feliz, con sus familiares, sus compañeros y allegados, con tanta gente que quiso arroparla en el acto celebrado en la sede de la Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife. Les ve cercanos desde el escenario, sabe que es un apoyo sincero, como sabe que el premio es un reconocimiento a todos sus años de lucha favor de los demás, de los más desfavorecidos. Y, sobre todo, a favor de las mujeres.

Es el apoyo a una emprendedora, a una mujer comprometida con causas en las que había que volcar sacrificio, empeño, comprensión y altas dosis de resistencia para desbloquear todas las trabas que iban surgiendo y que ella sorteaba con las cualidades de una persona que jamás se arrugó.

Trabajadora social por la Universidad de La Laguna, desde finales de los años setenta ya dejó su sello en Madrid, donde fundó una cooperativa cultural, El Buscón, que aún sigue funcionando. Después comenzaría el largo camino por los vericuetos de la política y de la actividad social. Durante diez años fue delegada en Canarias de la fundación ‘Solidaridad Democrática’, período en el que contrastó su laboriosidad y su cercanía para gestionar temas complicados dirigiendo varios proyectos sociales.

Fue diputada al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Llegaron los años difíciles de la violencia de género, cuando la desprotección era palpable, y ahí surgió su figura templada y animosa a la vez para cofundar el Foro contra la violencia de género en Tenerife. Luego ha presidido la Federación de Asociaciones de Mujeres en Canarias ‘Arena y Laurisilva’ y la asociación ‘Mujeres, Solidaridad y Cooperación’.

Mina, Berlarmina Martínez González, recibió en directo el afecto de cuantos saben de su compromiso, de su dedicación y de su entrega. Con el acto terminado y con la sucesión de recuerdos gráficos, ya estaba lidiando para continuar con esa labor reconocida por el ICI.

Se la merecía, claro que sí.

DILEMA SIN BENEFICIO

Algunos productos televisivos basaron su éxito en contar las intimidades de personajes famosos o populares. Con el pretexto de su condición pública, no escaparon políticos, empresarios, artistas y profesionales de toda laya, algunos de los cuales se prestaron sin demasiadas reservas, probablemente también por motivos económicos. Con el tiempo, cuando la cosa empezó a resultar molesta, cuando los empleados de los medios acudían a aeropuertos y otros recintos, o montaban guardia -como lo leen- en el exterior de lugares de actuación y de los propios domicilios, es decir, cuando se configuraba un claro acoso en busca de la imagen o del testimonio, empezó una deserción colectiva y se sucedió juna negativa generalizada. Los reporteros comprendieron que su labor era cada vez más difícil y sufrieron todo tipo de desplantes. Directores y editores -muy exigentes siempre con los anteriores, por cierto- se dieron cuenta de que la fórmula se agotaba, por muchos antídotos que administraran, incluidos los derivados de la utilización de los potentes recursos de los propios medios en contra de quienes se negaban a “colaborar”, simplemente con un silencio.

            Cuando se materializó esa actitud, alguno de esos productos incursionó con su misma gente, con sus habituales intervinientes, o sea, con quienes sabían y contaban lo de los demás. Hurgaron en sus intimidades, desvelaron vivencias y sucesos, se acusaron mutuamente de cualquiera de sus comportamientos, pasados o presentes, cuestionaron sus capacidades de comunicación y, en fin, se reprocharon todo lo que estaba a su alcance, incluso lo que cobraban. Ya no era periodismo a lo que se jugaba, ya no era información lo que se buscaba: aquello degeneró en un espectáculo circense -con vaivenes de todo tipo- en el que poco importaban la dignidad o los principios de los intervinientes.

            La periodista y escritora Elvira Lindo analizaba días pasados en el diario El País la evolución de las redes sociales desde su misma experiencia en ellas. Y a propósito del acoso que a duras penas soportan los famosos en cualquier parte del planeta, terminaba señalando que “hay un público que se ha aliado con el peor periodismo para vulnerar las normas de privacidad”. Es cierto, por mucha “telebasura” de la que se hable. Llámese morbo, curiosidad, cotilleo o afán incontenible de saber lo que ocurre con quienes se mueven en las esferas de la popularidad, está claro que los índices de audiencia revelan que ese género, mal llamado del corazón, interesa y atrae. Entonces, se produce ese pacto no escrito para abundar en las debilidades humanas, para desnudarlas. Al precio que sea, aunque haya que saltarse normas, la Constitución incluida. Y si vienen pleitos, ya veremos cómo se las arreglan los abogados y hasta dónde llega la laxitud y la interpretación de los jueces.

            Claro que Elvira Lindo advierte. Así como hay un “peor periodismo”, existe también el “periodismo serio que antes tenía claras sus fronteras éticas y ahora las rompe apelando a una libertad de información y expresión que deja a los personajes públicos cabreados y desprotegidos”. Surge así un dilema sin beneficio. Habría que añadir que la competencia, la necesidad de ganar audiencias, influyen mucho en ese sentido. Y así se difuminan esos límites fronterizos.

            Entre otras razones, porque, como apunta la citada autora, quienes padecen ese acoso o ese sufrimiento, por desenvolverse en el ámbito de lo público, ya lo llevan en el sueldo.

LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, RESTRINGIDA

Un golpe a la línea de flotación de la representación proporcional, principio esencial de la democracia: esa podría ser la mejor definición de la iniciativa de la presidenta de Castilla-la Mancha, María Dolores de Cospedal, referida a la reforma de su estatuto de Autonomía, aprobada en las Cortes con los únicos votos favorables del Partido Popular (PP), otro claro ejemplo de abuso de una mayoría parlamentaria.

Recordemos que en el principio fue el aumento. Y se pasó de 49 a 53 diputados en las Cortes de aquella comunidad. En la “reflexión” posterior, preñada de austeridad, fue la reducción. Mejor dicho: el hachazo. Porque de 53 se pasaba a 25. Y además, sin retribuciones fijas para aquéllos. No hay precedentes en la historia de treinta y cinco años de democracia y del Estado de las autonomías.

            Este es, en resumen, el alcance de la reforma de la Ley Electoral aprobada con intenciones muy claras: mermar la calidad democrática, disminuir la representación de la voluntad popular, irrespetar criterios de proporcionalidad, básicos en democracia. Si en ese marco logra disminuir las opciones electorales de los adversarios políticos, ya está la cuadratura del círculo: permanecer en el poder.

            Después, será crítica la señora Cospedal con los mandatarios sudamericanos empeñados en reformar la Constitución de sus respectivos países para perpetuarse. Denostará, incluso, los procedimientos, más o menos plebiscitarios. Eso sí: no reparará en que ha huido de todo posible consenso que para reformas de esta naturaleza resulta indispensable en la sociedad del siglo XXI, a la que están haciendo retroceder, por cierto, como nunca pudo imaginar.

            Es natural que los deseos personales de la presidenta castellano-manchega y el respaldo político prestado por su partido despierten críticas y rechazo. No se extrañarán, en ese sentido. Quienes buscan menguar el pluralismo político en tiempos en que predomina la desafección, no pueden esperar apoyos ni simpatías. Quienes ponen trabas a la participación política, demuestran que la Constitución les merece muy escaso respeto. ¿Cómo impulsarla, cómo administrar los recursos públicos desde la variedad de ópticas y cómo transparentar la gestión de los mismos en esas condiciones?

            No bastan criterios economicistas o de presunta y recurrente austeridad. La democracia merece todos los esfuerzos que sean necesarios, especialmente en tiempos en que hay que incentivar para no dar pie a situaciones indeseadas. Los ciudadanos quieren más democracia y quieren que la política ofrezca soluciones. Pero no precisamente las que signifiquen recortes de su representación.

            Por ejemplo: Castilla-La Mancha tiene más de dos millones de habitantes y cinco provincias. Su presupuesto está cercano a los ocho mil millones de euros. Este afán reduccionista significará, por ejemplo, menos diputados que concejales en el Ayuntamiento de Albacete, actualmente veintisiete, para controlar ese volumen presupuestario. No parece consecuente. O que la representación final aprobada sea inferior a La Rioja, una comunidad uniprovincial que tiene cinco veces menos población que la presidida por María Dolores de Cospedal.

            La aplicación de esta reforma estatutaria y electoral equivale, en la práctica, a dejar sin representación política en el Parlamento de Castilla-La Mancha a casi trescientos mil votantes. Cuando tantos llamamientos se hacen a la participación y a la motivación, regulaciones tan restrictivas invitan justamente a lo contrario. Será que eso, precisamente, es lo que están pretendiendo.

            Y tampoco es cuestión de maniatar o propiciar la exclusión de quienes no tengan responsabilidades públicas de gestión, es decir, de quienes queden en la oposición. Si lo que intentan, con reformas así, es aburrirles, marginarles o limitar su dedicación a los menesteres políticos, flaco favor hace a la democracia. ¡Quién vería a la señora Cospedal y a los suyos si estuvieran afectados por medidas similares procedentes de gobernantes de signo político progresista! De lo menos que hablarían es de golpe de Estado institucional.

            En definitiva, nada bueno jugar con los fundamentos esenciales de la democracia, sobre todo, cuando se restringe la propia capacidad representativa de un cuerpo social al que se castiga con maniobras restrictivas y manipulaciones flagrantes. En Castilla-La Mancha, sin peticiones ni demandas sociales y sin consenso político, siguen palpando, desde luego, la involución.