Un golpe a la línea de flotación de la representación
proporcional, principio esencial de la democracia: esa podría ser la mejor
definición de la iniciativa de la presidenta de Castilla-la Mancha, María
Dolores de Cospedal, referida a la reforma de su estatuto de Autonomía,
aprobada en las Cortes con los únicos votos favorables del Partido Popular
(PP), otro claro ejemplo de abuso de una mayoría parlamentaria.
Recordemos que en el principio
fue el aumento. Y se pasó de 49 a 53 diputados en las Cortes de aquella
comunidad. En la “reflexión” posterior, preñada de austeridad, fue la
reducción. Mejor dicho: el hachazo. Porque de 53 se pasaba a 25. Y además, sin
retribuciones fijas para aquéllos. No hay precedentes en la historia de treinta
y cinco años de democracia y del Estado de las autonomías.
Este es, en
resumen, el alcance de la reforma de la Ley Electoral aprobada con intenciones
muy claras: mermar la calidad democrática, disminuir la representación de la
voluntad popular, irrespetar criterios de proporcionalidad, básicos en
democracia. Si en ese marco logra disminuir las opciones electorales de los
adversarios políticos, ya está la cuadratura del círculo: permanecer en el
poder.
Después, será
crítica la señora Cospedal con los mandatarios sudamericanos empeñados en
reformar la Constitución de sus respectivos países para perpetuarse. Denostará,
incluso, los procedimientos, más o menos plebiscitarios. Eso sí: no reparará en
que ha huido de todo posible consenso que para reformas de esta naturaleza
resulta indispensable en la sociedad del siglo XXI, a la que están haciendo
retroceder, por cierto, como nunca pudo imaginar.
Es natural que
los deseos personales de la presidenta castellano-manchega y el respaldo
político prestado por su partido despierten críticas y rechazo. No se
extrañarán, en ese sentido. Quienes buscan menguar el pluralismo político en
tiempos en que predomina la desafección, no pueden esperar apoyos ni simpatías.
Quienes ponen trabas a la participación política, demuestran que la Constitución
les merece muy escaso respeto. ¿Cómo impulsarla, cómo administrar los recursos
públicos desde la variedad de ópticas y cómo transparentar la gestión de los
mismos en esas condiciones?
No bastan
criterios economicistas o de presunta y recurrente austeridad. La democracia
merece todos los esfuerzos que sean necesarios, especialmente en tiempos en que
hay que incentivar para no dar pie a situaciones indeseadas. Los ciudadanos
quieren más democracia y quieren que la política ofrezca soluciones. Pero no precisamente
las que signifiquen recortes de su representación.
Por ejemplo:
Castilla-La Mancha tiene más de dos millones de habitantes y cinco provincias.
Su presupuesto está cercano a los ocho mil millones de euros. Este afán
reduccionista significará, por ejemplo, menos diputados que concejales en el
Ayuntamiento de Albacete, actualmente veintisiete, para controlar ese volumen
presupuestario. No parece consecuente. O que la representación final aprobada
sea inferior a La Rioja, una comunidad uniprovincial que tiene cinco veces
menos población que la presidida por María Dolores de Cospedal.
La aplicación de
esta reforma estatutaria y electoral equivale, en la práctica, a dejar sin
representación política en el Parlamento de Castilla-La Mancha a casi trescientos
mil votantes. Cuando tantos llamamientos se hacen a la participación y a la
motivación, regulaciones tan restrictivas invitan justamente a lo contrario.
Será que eso, precisamente, es lo que están pretendiendo.
Y tampoco es
cuestión de maniatar o propiciar la exclusión de quienes no tengan
responsabilidades públicas de gestión, es decir, de quienes queden en la
oposición. Si lo que intentan, con reformas así, es aburrirles, marginarles o
limitar su dedicación a los menesteres políticos, flaco favor hace a la
democracia. ¡Quién vería a la señora Cospedal y a los suyos si estuvieran
afectados por medidas similares procedentes de gobernantes de signo político
progresista! De lo menos que hablarían es de golpe de Estado institucional.
En definitiva,
nada bueno jugar con los fundamentos esenciales de la democracia, sobre todo,
cuando se restringe la propia capacidad representativa de un cuerpo social al
que se castiga con maniobras restrictivas y manipulaciones flagrantes. En
Castilla-La Mancha, sin peticiones ni demandas sociales y sin consenso
político, siguen palpando, desde luego, la involución.
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