El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, que estuvo muy poco afortunado hace unas semanas a propósito de una declaración sobre los abdominales de Aznar -¿por qué esa tentación de algunos de meter en la pugna política circunstancias personales?-, ha anunciado que en el próximo período de sesiones de las Cortes será debatido el texto de la nueva ley de Gobierno Local.
Veremos si concluye felizmente ese debate, es decir, con una norma actualizada que satisfaga a todos y signifique un salto cualitativo en la gobernanza de los ayuntamientos. No es ir de escépticos o de pesimistas pero va a coincidir con la recta final del presente mandato -andarán los municipalistas muy ocupados con las candidaturas, con las prisas por completar algunas ejecuciones y con los balances de gestión; o sea, el clima menos apropiado para reflexionar y transar- y con la incertidumbre que entraña la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, un hecho que, en función de los resultados, puede ser determinante en lo que resta de legislatura.
La actual Ley data de 1985. Está obsoleta, pues. Con esa norma, se dio en su día un paso de gigante para superar incongruencias con la legislación predemocrática y para funcionar con más operatividad, con la agilidad que deseaban los munícipes de todo signo y que se veían notablemente condicionados por ciertas rigideces. Veinticinco años después, con la experiencia acumulada y con la reivindicación permanente de más competencias y más recursos para desarrollarlas, con lo local como gran espacio donde apreciar la capacidad de gestión así como la audacia y la eficacia de importantes políticas sectoriales, se impone una revisión a fondo, un cambio significativo que permita afrontar el porvenir en consonancia con las exigencias de nuevos escenarios resultantes de la depresión que nos afecta y de las que entrañe, pese a la previsible lentitud en implantarse, el nuevo modelo de productividad económica.
Zarrías anticipa que la nueva norma tiene por objetivo modernizar las estructuras. Y agilizar la toma de decisiones desde los órganos. Vale. Pero una ciudadanía muy decepcionada con la clase política en su conjunto y muy desconfiada de los programas y las soluciones que hasta el momento haya aportada desde las instituciones locales -se diría que una nube o una suerte de agotamiento invade el ámbito del municipalismo-, aguarda más, bastante más, en lo que representa mejorar las prestaciones y la atención directa, en lo que supone alcanzar mejores niveles de transparencia y control. A ver si de una vez por todas la administración electrónica hace olvidar los vericuetos burocráticos.
Es la ciudadanía que se ha cansado de diatribas y de enconos entre sus representantes, de posturas irreductibles, de debates estériles que bloquean o demoran proyectos y actuaciones y de métodos autocráticos para gestionar y supuestamente optimizar los intereses generales. Sin olvidar que es necesario profundizar en el principio de la cooperación interinstitucional para coordinar y equilibrar mejor el propio sistema competencial.
Y puestos a no olvidar, consignemos que es en el contexto municipal donde han quedado en evidencia dos problemas serios de la sociedad de nuestro tiempo: la corrupción y el transfuguismo. En Canarias, hay unos cuantos ejemplos ilustrativos. Tales problemas sólo tienen alternativa en el funcionamiento del Estado de derecho, es decir, en el acuerdo que los grupos políticos sean capaces de plasmar en una norma que tenga validez para las próximas dos o tres décadas, de modo que se convierta en uno de los ejes sobre los que gire la misma convivencia democrática.
Corrupción y transfuguismo se han convertido en una lacra que hay que erradicar, precisamente a través de los cambios legislativos indispensables. Quienes han sido mentores, quienes se han visto inmersos en esos casos, quienes han cedido a la tentación y quienes han fomentado esas prácticas no son conscientes del daño que han causado al sistema, a la credibilidad, al ejercicio de la política y a la consideración de la cosa pública. Una nueva Ley, sólidamente articulada, implacable con los infractores, tiene que ser la base de nuevos -más limpios y más nobles- comportamientos y de una nueva cultura.
Veremos si concluye felizmente ese debate, es decir, con una norma actualizada que satisfaga a todos y signifique un salto cualitativo en la gobernanza de los ayuntamientos. No es ir de escépticos o de pesimistas pero va a coincidir con la recta final del presente mandato -andarán los municipalistas muy ocupados con las candidaturas, con las prisas por completar algunas ejecuciones y con los balances de gestión; o sea, el clima menos apropiado para reflexionar y transar- y con la incertidumbre que entraña la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, un hecho que, en función de los resultados, puede ser determinante en lo que resta de legislatura.
La actual Ley data de 1985. Está obsoleta, pues. Con esa norma, se dio en su día un paso de gigante para superar incongruencias con la legislación predemocrática y para funcionar con más operatividad, con la agilidad que deseaban los munícipes de todo signo y que se veían notablemente condicionados por ciertas rigideces. Veinticinco años después, con la experiencia acumulada y con la reivindicación permanente de más competencias y más recursos para desarrollarlas, con lo local como gran espacio donde apreciar la capacidad de gestión así como la audacia y la eficacia de importantes políticas sectoriales, se impone una revisión a fondo, un cambio significativo que permita afrontar el porvenir en consonancia con las exigencias de nuevos escenarios resultantes de la depresión que nos afecta y de las que entrañe, pese a la previsible lentitud en implantarse, el nuevo modelo de productividad económica.
Zarrías anticipa que la nueva norma tiene por objetivo modernizar las estructuras. Y agilizar la toma de decisiones desde los órganos. Vale. Pero una ciudadanía muy decepcionada con la clase política en su conjunto y muy desconfiada de los programas y las soluciones que hasta el momento haya aportada desde las instituciones locales -se diría que una nube o una suerte de agotamiento invade el ámbito del municipalismo-, aguarda más, bastante más, en lo que representa mejorar las prestaciones y la atención directa, en lo que supone alcanzar mejores niveles de transparencia y control. A ver si de una vez por todas la administración electrónica hace olvidar los vericuetos burocráticos.
Es la ciudadanía que se ha cansado de diatribas y de enconos entre sus representantes, de posturas irreductibles, de debates estériles que bloquean o demoran proyectos y actuaciones y de métodos autocráticos para gestionar y supuestamente optimizar los intereses generales. Sin olvidar que es necesario profundizar en el principio de la cooperación interinstitucional para coordinar y equilibrar mejor el propio sistema competencial.
Y puestos a no olvidar, consignemos que es en el contexto municipal donde han quedado en evidencia dos problemas serios de la sociedad de nuestro tiempo: la corrupción y el transfuguismo. En Canarias, hay unos cuantos ejemplos ilustrativos. Tales problemas sólo tienen alternativa en el funcionamiento del Estado de derecho, es decir, en el acuerdo que los grupos políticos sean capaces de plasmar en una norma que tenga validez para las próximas dos o tres décadas, de modo que se convierta en uno de los ejes sobre los que gire la misma convivencia democrática.
Corrupción y transfuguismo se han convertido en una lacra que hay que erradicar, precisamente a través de los cambios legislativos indispensables. Quienes han sido mentores, quienes se han visto inmersos en esos casos, quienes han cedido a la tentación y quienes han fomentado esas prácticas no son conscientes del daño que han causado al sistema, a la credibilidad, al ejercicio de la política y a la consideración de la cosa pública. Una nueva Ley, sólidamente articulada, implacable con los infractores, tiene que ser la base de nuevos -más limpios y más nobles- comportamientos y de una nueva cultura.
1 comentario:
Usted ha participado activamente en la vida municipal. Su opinión es valiosa. El artículo se escribió hace tres días. ¿No debería haber varios comentarios?. La industria turística es nuestra única fuente de ingresos exteriores, la que debería mantener el resto de los sectores, sin embargo, poco se oye hablar de su futuro, de proyectos, de inversiones. Dice usted que las autoridades locales tienen poco margen de acción, y eso es cierto en el tema económico (ya les cuesta pagar a los empleados municipales...).
Se quiere invertir dos mil millones de euros en un tren del norte, mientras tanto no tenemos puerto deportivo, la rambla de Castro está parada, la casa amarilla no se restaura para atraer turismo de congresos, del desarrollo del Rincón ni hablamos. No vemos en la prensa que haya una gran preocupación por ninguno de estos temas, y son base de nuestra economía. ¿Hay algún grupo de sabios trabajando en lo que puede ser el diseño turístico del Norte?, aquí sí que pueden actuar los ayuntamientos del Norte en catalizar estas iniciativas, que a veces son más de motivación y trabajo que económicas.
Siga escribiendo de turismo, falta nos hace.
Saludos.
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