Si quedaba alguna esperanza, se desvaneció en el pleno del
Ayuntamiento del pasado lunes. Una moción del Grupo Municipal Socialista
trataba de salvar el mantenimiento del Centro de Educación de Personas Adultas
(CEPA) en algún lugar del municipio. El gobierno local, que sigue sin firmar un
documento que rubrique su alianza (¿hubiera figurado esta cuestión en su
entente, se hubieran atrevido siquiera a sugerirlo?), no estuvo por la labor y
votó en contra. El CEPA se va. A La Orotava, a La Victoria o a La Matanza, que
ahí tiene que decidir la consejería a la vuelta de las vacaciones estivales.
Otra dotación que se pierde en el Puerto, terrible. Mil trescientos alumnos que
tendrán que buscar un hueco para recibir enseñanzas. Curioso: mientras algunos
presumen de récord en pelotas de gofio (muy respetable y muy meritorio, pero de
qué ha servido), han sido muy pocos los que han defendido la continuidad de
este centro educativo, una opción que se volatiliza cuando la crisis se ceba
con los portuenses y con muchos ciudadanos de localidades limítrofes.
Y ahora,
vamos con lo más duro. De informaciones periodísticas se deduce que el empeño
de desalojar de la Universidad Popular Municipal Francisco Afonso a la comunidad del CEPA se debe a que el espacio
donde habitualmente desarrollaba sus actividades puede ser ocupado ahora, según
todos los indicios, por una firma privada. El Ayuntamiento necesita ingresos,
parece ser que es toda la justificación que se ha argumentado.
Independientemente de que dicha firma esté más o menos vinculada a la enseñanza
o la formación y con ello se trate de dar cobertura a la decisión, ésta parece
poco favorecedora de la enseñanza pública. Cierto que en el Puerto, durante los
últimos años, casi siempre bajo gobiernos o alianzas del mismo signo político,
hemos asistido al mayor desmantelamiento del sector público local que
difícilmente podía imaginarse. En todo caso, ¿han ganado la ciudad y los
ciudadanos? Si un día se hiciera un estudio económico-financiero pormenorizado
de lo que ha costado, quizá nos llevaríamos las manos a la cabeza y alguien se
ganaría a pulso el título de mayor desmantelador de lo público portuense.
Y no es por
presumir, ni mucho menos. Pero permitan que reproduzcamos un breve párrafo de
un artículo publicado el pasado mes de julio, cuando escribíamos que la
educación de adultos en el Puerto de la cruz no tenía quien la acogiera y que
se buscaba un hueco donde enseñar. Anticipábamos que si se consumaba el
desalojo, “ojalá ese planteamiento signifique tomarse en serio de una vez la
revitalización del Organismo Autónomo Local (OAL) hasta el punto de garantizar
la continuidad de la propia UPM. Porque no queremos pensar en otras salidas
que equivalgan a desentenderse casi por completo de estas políticas sectoriales
y de los espacios físicos donde desarrollarlas”.
Era una
premonición. Quizá por experiencias anteriores, teníamos un pálpito. Algo podía
esconderse detrás del empecinamiento en desalojar al CEPA. A la espera de más
datos y mayores concreciones, todo da a entender que las plantas
correspondientes de la UPM tendrán nuevos ¿inquilinos? Lo peor, además de
perderse la opción, es que los hechos propician que el OAL y la propia
Universidad Popular Municipal -esa que ha sido ejemplo para tantas ciudades
españolas-, lejos de ser potenciados, van a seguir menguando.
Quién sabe
si avanzando hacia su desaparición.
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