Anda el personal -hasta el más profano- muy entretenido y muy
convulso con todo lo que sucede en torno a las finanzas del partido
gubernamental pero no debería perder de vista las medidas que aplica para
seguir desmantelando el sistema de dependencia. Porque sí que es otro aspecto
relevante no solo para dar por liquidado el Estado del bienestar -lo
consiguieron en un año, qué diestros- sino para palpar las dificultades de
subsistencia que acumulan quienes se ven directamente afectados por tantas e
incesante restricciones.
Los datos
negativos son muy inquietantes. Por decisión del Gobierno, hasta cuatrocientos
mil dependientes moderados no han podido acceder al sistema el pasado 1 de
enero como en principio estaba previsto. Unos ciento cincuenta mil cuidadores
familiares han perdido la cotización a la Seguridad Social que hacía el Estado
por ellas. Y es que, claro, en cuestión de números, hay que rendirse a la
evidencia: de mil setecientos millones de euros presupuestados en 2011, se pasó
a mil cuatrocientos un año después y en el presente a mil ciento setenta
millones de euros. O sea que la aportación del Estado a la financiación de la
dependencia ha disminuido más de un 30%. Repercusión en esas personas que tanto
decían priorizar en campaña electoral: hay casi diez mil menos atendidas al
quedar excluidas del sistema.
Este es el
efecto más preocupante. Ya no es una sensación sino una realidad: las personas
más vulnerables, las familias en riesgo de exclusión social y las personas que
no se pueden valer por sí mismas se están viendo en situación de abandono. Sin
demagogias, porque las cifras saltan a la vista: ese apoyo que necesitan, y que
en el fondo es un derecho, se evapora. La atención a la dependencia y los
servicios sociales básicos empieza a menguar de forma considerable, como puede
contrastarse también con la práctica supresión del Programa de Teleasistencia,
que ha quedado sin consignación presupuestaria, y con una reducción del 65% con
respecto a 2011 de la dotación específica del Plan Concertado para financiar la
dependencia.
De modo que,
siendo importante y trascendente para la democracia, para la convivencia
política -y para la marca España, ¿o no?- todo lo que está sucediéndose en el
seno del partido gubernamental, que se tenga en cuenta el apremio y el
sufrimiento -sí, el sufrimiento- de quienes palpan en sus carnes la disminución
de la calidad de las prestaciones que reciben y de quienes, como familiares o
allegados, padecen un exceso de burocratización para dificultar y disuadir el
acceso a sus prestaciones.
Antes,
una conquista o un derecho. Ahora, una desesperanza
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