¿PARA QUÉ LOS MILLONES?

Vamos a ver, vamos a ver porque esto es de mear y no echar gota. ¿O cómo encontrar cabal explicación a que el ministerio de Justicia haya admitido que desconoce el destino de más de quinientos millones de euros recaudados en concepto de tasas judiciales aprobadas por las Cortes a propuesta del Gobierno, siendo entonces ministro del ramo Alberto Ruiz-Gallardón? ¿Será que, como dice el presidente Rajoy, la crisis ya es historia y la susodicha cantidad forma parte de ella?

         No, en serio, que ni la aprobación de las tasas ni su aplicación ni los quinientos millones de ignota destinación son para tomárselo a broma. Que es la justicia misma y lo que abonan obligatoriamente los justiciables lo que causa estupor. Preguntaba el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, a qué piensa dedicar el ejecutivo el importe de lo recaudado y si ha transferido las partes proporcionales correspondientes a las comunidades autónomas con competencias en la materia y el ministerio responde que “no dispone de información al respecto”. Más perplejidad todavía cuando en la respuesta se señala que “no corresponde a la Agencia Tributaria la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa”. Y alcanzando el paroxismo, avisa Justicia que “no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación, no afectación del ingreso recaudado con la tasa”. En conclusión, ni siquiera revierte lo ingresado en la financiación de los gastos producidos en el ámbito judicial que es, en breves rasgos, la justificación que argumentó Ruiz-Gallardón.

         Esto es lo que hay en la España cuyos gobernantes exhiben el pulso de la recuperación económica, niegan sistemáticamente las evidencias bañándose en la autocomplacencia o pasan de quejas porque la crisis ya es historia. Que un ministerio reconozca que no sabe qué hacer con quinientos doce millones de euros recaudados y contabilizados, es para preocuparse. ¿Falta de previsión o ganas de lucir opulencia? ¿Una heterodoxia de la administración de recursos públicos? Más bien, tomadura de pelo a los ciudadanos que ya vislumbraban, como también lo hicieron los operadores jurídicos, la brecha de desigualdad que se abriría con la aplicación de unas tasas orientadas a la obstaculización del acceso a la justicia en condiciones de igualdad a la hora de defender derechos e intereses. Es decir, con la muy reprobada Ley de Tasas Judiciales, de evidentes efectos disuasorios, se priva a los ciudadanos del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

         Alguien tendrá que ofrecer una explicación de lo que se va a hacer con los millones recaudados. Un suponer. Igual suprimen las tasas o las reducen, ahora que las urnas están siendo desempolvadas. Una opción. Total, la crisis ya es historia. ¡País!