Que un ministro de Justicia se
desmienta a sí mismo en dos ocasiones es significativo. Ello da idea de la
dimensión cobrada por su anuncio, convertido a las pocas horas en propuesta y
después en reflexión. El calado de su planteamiento, las fechas preelectorales
-incluidas las vísperas del Día Mundial
de la Libertad de Prensa- y las preocupaciones gubernamentales de no
ampliar el arsenal de impopularidad que viene llenando en esta legislatura, unidas
a las repercusiones mediáticas y corporativas profesionales, levantaron en un
breve lapso de tiempo un escenario muy poco favorable para el ejecutivo que es
probable haya terminado agradeciendo la enésima aparición de un caso de
corrupción (con el presidente de la Diputación y del Partido Popular de
Valencia), para mitigar la potencia del foco y, de paso, adoptar una medida
ejemplarizante.
El
caso es que el ministro Rafael Catalá había sugerido la aplicación de sanciones
para aquellos medios de comunicación que dieran a conocer datos y pormenores de
expedientes judiciales abiertos, aun estos en fase de investigación. La
prohibición de difundir sumarios judiciales también entraba en la proposición
inicial del titular de Justicia, quien se apresuró a reconsiderar sus
propósitos tan pronto como advirtió que los medios -unos más que otros, desde
luego- no les daban, precisamente, la bienvenida.
Catalá
esgrimía la protección de la privacidad y la presunción de inocencia. Se
refugió en la ancha peana de un debate que se está produciendo en el Parlamento
Europeo (PE). Pero abría las ventanas de la censura y esas son palabras
mayores. Evitar filtraciones durante la investigación de procedimientos,
plantear sanciones a los medios e impedir la publicación era -y es- un claro
retorno a la censura de otros tiempos, la que tachaba y mermaba la libertad de
información y de expresión. Máxime cuando el alcance de estas medidas derivaba
no de resoluciones judiciales sino de expedientes administrativos abiertos.
El
ministro de Justicia reculó a la vista de las repercusiones que el asunto iba
generando. Habló de las garantías, del proceso justo y del sistema de
libertades. Pero sin aludir a sanciones. Para no desdecirse del todo, recuperó
argumentos: hay que encontrar el equilibrio apropiado entre el derecho a la
información y el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia de las
personas investigadas en causas penales.
La
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha sido rotunda a la
hora de rechazar la propuesta o la reflexión ministerial, remitiéndose de nuevo
al articulado de la Constitución Española (CE) para reivindicar los derechos de
información y libertad de expresión. Luego, da un paso adelante al asegurar que
sobra cualquier modificación legislativa (Ley de Enjuiciamiento Criminal
incluida) que, con toda seguridad, menoscabaría un ejercicio profesional “en el
que debe primar el derecho a la información”, factor a tener en cuenta cuando
se trata de discernir sobre la determinación de la responsabilidad, es decir,
¿cuál es el hecho sobre el que se debe actuar: la filtración, que puede ser
interesada; o quien la publica, que se limita a dar fe de un hecho verosímil?
Todo da a entender que, en caso de tener que penalizar, serán los autores de la
filtración los directamente afectados.
Salta aquí
el valor de la autorregulación, al que también aludió Catalá, por cierto, en
plena espiral de reconsideraciones. No olvidemos, tal como indica la FAPE, que
los periodistas “tienen un compromiso ético con la verdad de sus informaciones
y también con el secreto profesional”. Ya hay mecanismos -legales y de otra
clase- para actuar sobre ellos en caso de que se interprete que han
transgredido códigos, límites empresariales y libros de estilo.
En el fondo,
es positivo que el ministro se retractase y haya reorientado el asunto hacia
otras coordenadas. Donde arrancó, aunque parezca demagogia fácil, era fácil
preguntarse qué diferencia había con las del tan denostado chavismo, o con las
mordazas impuestas de Correa y Evo Morales. O si recobraría vigencia aquel
célebre título de Álvaro de la Iglesia, Tachado
por la censura.
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