El sector turístico y comercial aguarda una inyección del Gobierno y ya la ha recibido. Ahora falta saber qué reacción produce. Y si los efectos son satisfactorios para afrontar la reactivación. En principio, entonces, medida positiva: venía hablándose de rescate desde algunas voces empresariales. Pero aguardemos a los ecos de éstas: ya se sabe que siempre brota inconformismo.
Lo cierto es que el Consejo de Ministros aprobó ayer un plan de rescate que significa un montante de cuatro mil doscientos veinte millones de euros para acompañar a la hostelería, comercio y turismo. El ejecutivo, en sus explicaciones de la medida, reconocía que eran sectores que habían arrimado el hombro. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que el plan gubernamental ha supuesto un esfuerzo muy importante del Gobierno que está dispuesto a acompañarlo durante toda la pandemia “para que los sectores puedan mantenerse en condiciones adecuadas y, una vez se supere la restricción de movilidad, vuelvan al inicio de su actividad”.
El rescate, con ese impacto superior a los cuatro mil doscientos millones de euros, se orienta la dirección de reducir la factura fiscal, propiciar una moratoria de pagos y disminuir los costes de personal con exoneraciones a la Seguridad Social.
Uno de los apartados de las medidas del Gobierno está dedicado a los arrendamientos de locales de negocios. Se establece que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (diez o más locales) si las partes no llegan a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre una quita del 50%, o alternativamente un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de estas rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria. De esta forma, el número potencial de locales beneficiarios serían de ciento noventa mil de los que treinta y tres mil corresponderían a establecimientos relacionados con el turismo y ciento cincuenta y siete mil a locales comerciales.
Para el resto de arrendadores de locales se establece un incentivo fiscal de modo que las personas físicas que alquilan a estos sectores acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante esos meses. Este incentivo tiene un coste estimado de trescientos veinticuatro millones de euros y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que casi trescientos veinticuatro mil arrendadores se pueden acoger a esta medida.
La ministra Montero destacó la creación de un nuevo tramo de la línea de avales de la banca pública del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con quinientos millones de euros y con hasta un 90% de garantía. Esta medida permitirá obtener financiación a empresas muy afectadas por la crisis como las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector alojativo al incrementarse la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO Covid-19.
En cuanto a la protección de actividades relacionadas con la hostelería, la disposición del Gobierno refuerza la protección de actividades como el comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas y establecimientos de bebidas, que pasarán a formar parte de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de España (CNAE) que consigna la clasificación y agrupación de las unidades productoras según la actividad que ejercen de cara a la elaboración de estadísticas. Son actividades protegidas en la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
De esta forma, las exenciones de cuotas a la Seguridad Social previstas a las empresas de estos sectores que han prorrogado sus ERTE tanto con su actividad suspendida como reiniciada podrán alcanzar hasta el 85%. La inclusión de estos sectores en el listado CNAE responde a que la tasa de cobertura de los trabajadores todavía amparados por los ERTE es superior al 15% de los afiliados en su código de CNAE y su tasa de recuperación desde primeros de mayo es inferior al 65%.
Es importante señalar que la norma extiende las bonificaciones a los trabajadores fijos discontinuos, aplicables además de a las empresas encuadradas en el sector del turismo, también al comercio y la hostelería, siempre que estén vinculadas al sector turístico.
El decreto mantiene las bonificaciones del 50% por extensión del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos desde el mes de abril hasta el mes de octubre de 2021 complementariamente al período ya previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 de los meses de febrero, marzo y noviembre. Estas bonificaciones serán compatibles con las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social que, eventualmente, pudieran ser aplicables.
El plan del Gobierno, que incluye disposiciones tributarias, flexibiliza los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales. Así, estima que esta medida beneficiará a unos seiscientos quince proyectos de inversión empresarial que están en vigor o en fase de mantenimiento del empleo y las inversiones, con una subvención total asociada de más de setecientos cuarenta millones de euros, de los que en torno a un 40% se corresponden con ayudas al sector turístico. Además, en las medidas regulatorias también se amplía la moratoria para presentar concurso de acreedores.
La inyección está puesta. Veamos las reacciones.
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