UN MENSAJE LIBERADO

Menos mal que hubo cordura y al final el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol restiró la sanción de dos mil euros impuesta un jugador del real Jaén que, tras anotar un gol, enseñó la camiseta interior escrita con un mensaje de apoyo a los niños (‘pequeñines’, pintó) enfermos de cáncer.


No se entendía bien la medida -aunque interpretada al pie de la letra del reglamento tiene pocos ángulos que discutir- cuando, pocas fechas, antes otro organismo federativo había impuesto una multa de seiscientos euros al club Atlético de Madrid por el lanzamiento de un objeto que dio en la cabeza de un jugador del Real Madrid a la terminación del encuentro de Copa.

La desproporción era evidente. La comparación no se resiste: un hecho violento frente a un mensaje de ánimo para menores afectados por un mal de salud. Sabemos que el rasero de la disciplina futbolística es muy voluble pero un hecho como el comentado, un mensaje puro, inocente, y por supuesto, inocuo, mostrado como han hecho otros tantos jugadores, no puede tener ese precio, no puede valer esos dos mil euros de sanción. Sobre todo, después de contrastar la cantidad de barbaridades y de fechorías que se cometen en esos campos.

Que se hayan aplicado criterios de excepcionalidad, templando el rigor del precepto, y que se haya tenido en cuenta la falta de publicidad, ha sido lo más procedente. Menos mal.

ENTRE DESCONSIDERACIONES Y AUSENCIAS PLENARIAS

Las versiones periodísticas y de algunos testigos presenciales coinciden en el enésimo pleno borrascoso del ayuntamiento del Puerto de la Cruz. A estas alturas, ya no es noticia: pero duele. En cualquier caso, por el galopante desprestigio institucional; por la progresiva pérdida de credibilidad y de respeto de algo tan serio como una sesión pública del máximo órgano del Ayuntamiento y por la sensación que se proyecta de un deplorable espectáculo circense en el que todo vale para escarnio de la democracia. Que al cabo de varios mandatos se haya descendido a estos niveles, resulta reprobable. Una cosa es el fragor dialéctico que diera pie a debates duros con pasajes de complicada digestión y otras, muy distintas, las imposiciones, las intromisiones, el irrespeto y las inconsecuencias. Parece que todo esto es lo que predomina.

            De todos modos, hay dos hechos registrados en esta sesión que llaman poderosamente la atención, merecedores por tanto de comentario.

            Uno: la moción de la representación de Vecinos por el Puerto relativa a la necesidad de que el gobierno municipal cuente con un miembro dedicado a tiempo completo al área de Asuntos Sociales. La iniciativa, desde luego, pone de relieve, cuando menos, primero una seria disfunción en el organigrama de aquél; y luego una interpretación política muy discutible, especialmente por el modo de entender la solución aplicada y las repercusiones que ésta suscita.

            Veamos los hechos: la concejala que era titular renuncia a su condición de plena dedicación, quizá una manera de frenar la dimisión del cargo que pudiera ser su voluntad. Para no abrir crisis ni producir distorsiones, el alcalde considera que la responsabilidad de la gestión del área puede hacerse a tiempo parcial. Y aquí se inician las complicaciones, una vez más el pecado original.

            Porque no hay que ser un lince para saber que las actuales circunstancias sociales y económicas, en el Puerto como en otras muchas localidades, generan un estado de necesidades y demandas que cualquier gobernante querría atajar pues se siente moralmente obligado a ello. Lo normal es, en efecto, priorizar recursos y actuaciones en ese campo donde hay materias que exigen de plena dedicación, con la cúpula política a la cabeza. Sin embargo, se considera que la cosa se puede dirigir y gestionar a tiempo parcial. Qué concepto, qué idea de lo social.

            Y claro, es inevitable que broten las contradicciones, una de las cuales es expuesta de forma atinada en la moción de Vecinos por el Puerto: si se admite ese criterio, ¿por qué no se aplicó y explicó adecuadamente desde el principio del mandato? Un fraude. Otra: resulta incongruente disponer de concejales liberados o de plena dedicación para áreas como Turismo, Comercio o Recursos Humanos y la de Asuntos Sociales se pueda dirigir con unas horas o días de desempeño. Siendo todas las áreas importantes, respetando la autonomía para organizarse y suponiendo que el cumplimiento de un programa político y de determinados objetivos depende de contar con la confianza y capacitación de personas al frente de cada concejalía, lo ocurrido relega o degrada a Asuntos Sociales, en sí mismo es una desconsideración. Y esgrimir que el alcalde es el gran sustituto o que ya se encargan funcionarios y personal laboral de que la cosa funcione (nada más lejos de la realidad: es en estas situaciones de vacío o inseguridad donde más se notan la ineficiencia o la falta de resultados) no es de recibo.

        Las críticas a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local inciden, precisamente, en los asuntos sociales. Hay una controversia creciente sobre el futuro que aguarda a las estructuras de los servicios que hay que prestar. Vayan ustedes a saber si el alcalde portuense, con esta medida, ha querido ir ensayando las restricciones que darán paso a las privatizaciones en este campo. No, la impresión es que no va por ahí la cosa. Demasiado pretenciosa. Más bien huele a parche, a martingala para salir del trance y llegar al final del mandato sin sobresaltos. Aunque los vecinos vuelvan a ser los perjudicados.

            El segundo hecho: la sesión se inicia con ausencia de seis concejales, cuatro de dos grupos de oposición, y dos del gobierno. Respetemos las razones que pueden haberla motivado. Seguro que serán poderosas. Pero las obligaciones son las obligaciones y las contraídas al asumir un cargo público requieren de cumplimiento, a menos que haya una causa insalvable. Hay que hacer un esfuerzo, el que sea, con tal de estar presente donde hay que estar. Ya es llamativo, desde luego, que quince de los veintiún ediles sean quienes asistan al pleno.

            Y si por esto también se es noticia… no mejora el enfermo.

DEUDA PÚBLICA

Estallan fuegos artificiales a cuenta de la nota mejorada de la deuda soberana española hecha por la agencia de calificación crediticia Moody’s. El Gobierno, tan necesitado de inyecciones que revitalicen el cuerpo social, se ha apresurado a interpretar que los criterios de la agencia confirman que la cosa va bien: un modelo de crecimiento más sostenible. Bien es verdad que la elevada deuda pública y el alto índice de desempleo son citados por Moody’s como flancos débiles.

         Sobre el primero de esos flancos, sobre la deuda pública, hay algunos aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, que según datos del Banco de España, es la mayor de toda su historia: supera los novecientos sesenta y un mil millones de euros, es decir, casi alcanza el billón de euros. Esa cuantía significa el 94% del Producto Interior Bruto (PIB), el mayor nivel de deuda pública en nuestro país de los últimos cien años.

         El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que no dudó en aprovechar la convocatoria del G-20 en Sidney para hablar de las mejoras en la economía nacional, admitió días antes, en Bruselas, que esperaban un registro peor, “ligeramente por debajo de lo que habíamos proyectado en el Libro amarillo”. Por lo tanto, no parece que sea cuestión de sacar pecho en esta materia, sobre todo porque cuando Mariano Rajoy accedió a la presidencia del Gobierno -hace ya más de dos años- el alcance de deuda pública que habría de gestionar y que formaba parte de la tan denostada herencia era del 69% del PIB, unos veinte puntos menos que la media europea.

         Algunos expertos sostienen que el déficit y la deuda pública se han disparado -según las astronómicas cantidades que se han barajado- para tapar los desaguisados en el ámbito privado, bancario e inmobiliario, principalmente. La deuda se ha incrementado veinticinco puntos del PIB a lo largo de la presente legislatura que será recordada, entre otras cosas, por el abuso de la mayoría parlamentaria.

         Otros especialistas, los más críticos con el Banco Central Europeo al considerar que funciona al dictado de los intereses alemanes, señalan en sus análisis de la evolución de este problema aumentativo que todo se debe a la exigencia del desmantelamiento del Estado de bienestar al que hemos venido asistiendo como condición para adquirir deuda pública.

         Y es aquí donde hay que entender bien el curso de ciertas políticas y la aplicación de ciertas medidas: se trata de ir acabando con las conquistas sociales a la vista de ciertas supeditaciones que, en el fondo, son un problema artificial que tiene mucho de chantajismo. Que nadie se extrañe cuando se habla de la desaparición de las clases medias: una vez más, son los asalariados y los trabajadores quienes han pagado los vidrios rotos. A ver quién les devuelve los derechos y las conquistas.

         El caso es que será difícil enjugar tales volúmenes de deuda -pública pero también privada- a pesar de que las cifras de balances del sistema bancario indiquen lo contrario. Ya veremos lo que dicen los mercados. 

NO HAY PAPEL PARA PERIÓDICOS

Las revueltas sociales de Venezuela, el encono y la radicalización que se contrastan en las informaciones que se van recibiendo, abren de par en par las puertas de la incertidumbre. Es difícil predecir lo que va a suceder, lo que puede suceder. Estamos ante otra tragedia humana. Que duele más, por vínculos sobradamente conocidos. Y además, como las partes invocan y se encomiendan a la divinidad para reivindicar la paz y acabar con la violencia -como si el diálogo, el respeto y el cumplimiento de las normas entre humanos de un mismo cuerpo social fueran papel mojado-, más dudas y desasosiego inspiran el porvenir.

         Pero la crisis venezolana ha puesto de relieve la materialización de un hecho sobre el que ha venido hablándose en muchos sitios, bien es verdad que por distintas razones: la desaparición de los periódicos. Miren por donde, las carencias de materia prima, de papel, ya han incidido en algunas cabeceras que no circulan y amenazan a otros muchos medios escritos que subsisten, según sus responsables, a duras penas. Un informe del Instituto Prensa y Sociedad (IPS) detalla que treinta y un periódicos han reducido el número de páginas y once han cerrado.

         El presidente-editor del prestigioso periódico El Nacional, Miguel Henrique Otero, ha llegado a afirmar que todos los periódicos están en riesgo de cierre ante esta crisis. Y claro, es inevitable que ligue la pervivencia del sistema democrático y de libertades a la existencia de una prensa libre. Las consecuencias, según el testimonio de Henrique Otero, serían dramáticas en caso de no encontrarse una alternativa: unas treinta mil familias se verían afectadas si no se ataja el cierre de rotativos, “lo que constituye -afirma- una catástrofe desde el punto de vista social y económico”.

         La situación es tan dramática que el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela se ha dirigido, casi a la desesperada, a la Defensora del Pueblo para que se pronuncie e inste al Gobierno a garantizar el suministro de papel prensa, afectado, según se indica, por la carencia de divisas. “La situación es una violación a la libertad de prensa”, aseveró el presidente de los periodistas venezolanos, Tinedo Guía.

         Y claro, en medio del caos, con un Gobierno acusando de amarillismo a los medios y de boicotear, poco menos, el denominado Plan de Paz Nacional o los Planes de pacificación, imputándoles responsabilidades, se concluye que el enfrentamiento es abierto y que al ejecutivo le interesa limitar las condiciones de edición y circulación. Con razón, el Colegio de Periodistas de Venezuela ha querido dejar claro que no son los periodistas ni los medios de comunicación “los que han fomentado la violencia ni perpetrado los miles de asesinatos que se vienen registrando trágicamente en nuestro país durante la última década”.

         El último párrafo de la apelación del Colegio a la Defensora del Pueblo es revelador:

         “De antemano rechazamos cualquier pretensión del Gobierno nacional para disfrazar el combate al amarillismo como un mecanismo de censura para que los venezolanos estén desinformados sobre el grave problema de inseguridad que aqueja a nuestra patria”.

         Hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que decidirá en Barbados el próximo mes de abril las alternativas encaminadas a impedir más cierres de periódicos, terminó apoyando una marcha pacífica de representantes de medios y de la prensa venezolana que hicieron causa común “para defender la fuente laboral así como el derecho de los ciudadanos a estar informados y la libertad de prensa”.

         En definitiva, lucha y unidad de acción ante un futuro muy incierto puesto que ya saben los editores que el Centro Nacional de Comercio Exterior, encargado de establecer las prioridades para adjudicar divisas a los distintos sectores productivos, ha señalado con claridad que primero son alimentos y medicinas.

         O sea, otra vuelta de tuerca.

AGONÍA DE LA UPM

Agonía de la Universidad Popular Municipal ‘Francisco Afonso’ del Puerto de la Cruz. Lenta y fatídica agonía que se alarga en silencio, con olor a indolencia y sin protestas ni lamentos. E igual los llantos, si los hay, son sin lágrimas. La UPM no tiene quien la socorra.

         Ya se han producido los primeros despidos de monitores o profesores. Y el cuadro subsiguiente es desgarrador: ni una mísera nota de prensa ni una escueta manifestación en defensa de los puestos de trabajo. Puede que ni un agradecimiento por los servicios prestados. Hasta parece cercenado el derecho al pataleo. Por lo que cabe preguntarse: ¿dónde la reivindicación, dónde la solidaridad? Ni los herederos de los promotores hacen una declaración postrera, siquiera de lamento. A los ejecutores, más o menos encantados, casi no hace falta asirse al clavo de medidas restrictivas sustanciadas en normativas que conducen a un cada vez más visible deseo de querer acabar con todo: pasan de rositas.

         Y en medio del proceso agónico, es llamativo -podría escribirse que hasta normal- que no haya una escueta información sobre si se suspenden clases o si es factible la restitución de los derechos de inscripción en cursos o materias que no van a tener continuación. Resulta una falta de consideración hacia los usuarios y hacia el profesorado mismo.

         La UPM portuense parece condenada a su desaparición. Desde hace algún tiempo hemos mostrado nuestro pesimismo. La habían puesto proa al marisco. Y a pesar de los llamamientos y de esporádicas reuniones que no fueron más que un parche a la desidia extendida para justificar algo ante la opinión pública, el rumbo ya era invariable.

         Y así sufrirá la ciudad otra pérdida, una más en esa colección de iniciativas y realizaciones que han ido nutriendo su historia para terminar agotándose. Miren que es costosa la continuidad en el Puerto de la Cruz, principalmente de todo aquello que tenga que ver con la cultura, la formación y la participación social. La UPM, que nació precisamente cuando se amasaban las ilusiones democráticas, surgió con vocación de impulsar el conocimiento, de complementar la formación reglada, de abordar campos del saber y de la cultura que forjaran generaciones de portuenses y los capacitasen para acometer el momento histórico que se vivía. A principios de los ochenta, la ciudad necesitaba de un impulso. Y así surgían grupos musicales y teatrales. Y se experimentaba con cursos y materias que hasta podrían reconducir una vocación o un medio de vida. Ese edificio de la calle Mazaroco, con sus aulas, estancias y talleres, llegó a efervescer, con un ambiente educativo o académico que merecía ser cultivado. Hoy, el silencio y la quietud que predominan son la certificación de una lenta y silenciosa agonía, el escenario de la desmoralización. Y sin objeciones, como aguardando la expresión que nunca hubiéramos querido escribir: el último, que apague la luz.

DISTINCIÓN PARA EL CIT

El pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, según promueve su alcalde-presidente,  concederá honores al Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) de la localidad, al cumplirse durante el presente año medio siglo de existencia. A la espera de la determinación corporativa, la entidad verá así reconocida su implicación en el desarrollo del sector turístico y de la ciudad.

     La trayectoria del CIT portuense, iniciada en 1964, se caracteriza, con sus altibajos, por un espíritu de superación. Cada presidente, cada junta directiva, imprimieron su sello, conscientes de que el papel a interpretar dependía de la capacidad emprendedora y había que definirlo hasta labrar la experiencia adecuada para aportar, de manera activa y constante, lo que va implícito en su carta fundacional: fomentar los valores de la ciudad para potenciarla como destino turístico.

     Quizás el mayor mérito del CIT, históricamente, ha sido superar el inmovilismo. Claro que corría ese riesgo, especialmente en las etapas que parecía depender de las ayudas que recibiera del Ayuntamiento. Las tentaciones acomodaticias, por otro lado, también provenían desde dentro: empresarios o profesionales poco comprometidos o identificados, con altas dosis de desapego hacia una obra común. Creyeron que podían descansar en terceros la responsabilidad de identificarse y así se desentendieron, creyendo que la etapa de bonanza se eternizaría. Hicieron sordina a la aparición de destinos emergentes que iban a competir y se encerraron en sí mismos, en sus propios establecimientos, como si lo que ocurría en el exterior no fuera con ellos y como si esos terceros, incluida la administración, ya resolverán.

     El CIT, nacido en pleno franquismo en medio de algunas pugnas políticas de familias, superaría, más de una década después, la incertidumbre inicial derivada de los ayuntamientos democráticos. Creían algunos de sus directivos y componentes que se iban a ocupar poco del turismo o que no tendrían sensibilidad suficiente con el sector económico productivo más importante y con la que hemos llamado indeclinable vocación turística del municipio. El tiempo y los hechos demostraron lo contrario: hubo entendimiento y cooperación, de modo que la entidad siguió su curso y desarrolló sus actividades, con desigual éxito, si se quiere, pero en un marco de respeto institucional muy apreciable.

     Sufrió también el CIT algún duro golpe como fue aquel incendio que devastó la que era su sede en la plaza de la Iglesia, anterior oficina de información turística. También remontó el período posterior hasta consolidar el actual emplazamiento de la calle Puerto Viejo.

     El CIT cumple medio siglo. Es una de las pocas entidades locales que ha logrado sobrevivir. Y eso ya es meritorio. Por su contribución al sector y a la ciudad, por esa cantidad de afanes acumulada durante cincuenta años, por el empeño puesto por quienes han sido sus dirigentes y empleados, claro que se ha hecho acreedor de esa distinción que aprobará el Ayuntamiento.

     Una distinción que ha de servir, sobre todo, como estímulo para esmerarse en la consecución de los objetivos que siguen latentes.

LA PENÚLTIMA OCURRENCIA

Es tontería a estas alturas pedir a determinados representantes del Partido Popular (PP) que, en ciertas situaciones controvertidas, antes de emitir la opinión que les piden, deberían contenerse, o sea, no decir nada, o afinar muy bien la respuesta, aunque al final se aproxime a las coordenadas de la obviedad aplastante. Llevamos una legislatura en la que abundan exabruptos, absurdos, dicterios o manifestaciones plagadas de elementos reprobables. Es como una extraña propensión a complicar las situaciones, a enredarlas: echan más pimienta al pote y lejos de atemperar o disminuir la tensión, lo que producen es un efecto completamente contrario.

     Es lo que ha ocurrido con Javier Imbroda, el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, quien, en plena incertidumbre derivada de los intentos de centenares de africanos de salvar la valla fronteriza y en plena polémica por los sucesos de Ceuta, no tiene mejor ocurrencia que aludir a un comité de azafatas de bienvenida (sic), si los cuerpos de seguridad del Estado van a verse constreñidos en su actuación.

     Imbroda debe ser consciente de lo que significa el fenómeno de la inmigración irregular, convertido en tragedia humana por un cúmulo de circunstancias que aconseja actuar con delicadeza a sabiendas de que no es fácil la solución en la que debe implicarse una estructura global como puede ser la Unión Europea. Los crudos testimonios y las imágenes desgarradoras deberían inspirar manifestaciones consecuentes y no gracietas o absurdos como ese de las azafatas que ponen de relieve hasta la insensibilidad de quien declara.

     La infortunada manifestación del presidente melillense deja a su propio partido en posición reprochable a la hora de plantear si dispone de políticas de inmigración o de prevención. Es más, seguro que correligionarios y simpatizantes estarán sin salir de su asombro cuando se intenta despachar una cuestión de esta naturaleza. Es que hasta las propias profesionales, las azafatas, deben sentirse molestas, caramba. 

UPM. DEPRIMENTE

Todo en silencio. Se huele la indolencia. No hay protestas. E igual los llantos, si los hay, son sin lágrimas. No hay nada. Puede que ni agradecimiento por los servicios prestados. Ni una mísera nota de prensa. ¿Dónde la solidaridad? Hasta parece cercenado el derecho al pataleo. Ni los herederos de los promotores hacen una declaración postrera, siquiera de lamento. La defensa de los puestos de trabajo: suena a chino. Los ejecutores, encantados. Consummatum est.

Es el cuadro, desgarrador, de los primeros despidos de la Universidad Popular Municipal 'Francisco Afonso'. Cunde la desmoralización. Esto se acaba.

En silencio. De forma indolente. Sin una objeción. Aunque las formas sean las menos apropiadas, qué más da. Ni pataleo. No hay nada.

Deprimente.

LARGO RECORRIDO DE LA REFORMA LOCAL

Objetivo: paralizar la reforma.

La tramitación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local va a tener una secuencia inesperada, algo más que la formulación de enmiendas: la mayoría de la oposición parlamentaria intentará llegar, bien pertrechada, al Tribunal Constitucional (TC), con el fin de paralizar y anular la norma que, como se ha repetido, vulnera los principios de autonomía local.

         Estamos ante un hecho sin precedentes en la historia de la democracia. Es la primera vez que más de tres mil quinientos ayuntamientos de toda España, que representan a más de quince millones de ciudadanos, recurran conjuntamente una Ley, en este caso, la que pretende dar un vuelco a la vida municipal no solo en aspectos organizativos sino en importantes cuestiones de fondo como es la reasignación de competencias, principalmente en lo que concierne a la prestación de los servicios mínimos obligatorios.

         Se trata, pues, de un conflicto en defensa de la autonomía local. El proceso va a ser largo y tiene, desde luego, su complejidad. Porque para materializarlo ante el TC se requiere que un séptimo del total de los ayuntamientos españoles y que, a su vez, signifiquen un sexto de la población, lo decida expresamente y por mayoría absoluta. Según los cálculos que se han conocido, hechos por los promotores de la iniciativa, es preciso que el acuerdo los suscriban mil ciento sesenta corporaciones locales que representan a más de siete millones y medio de españoles.

         O sea, que los plenos municipales de estos meses van a estar moviditos con este asunto. Porque la posición del Partido Popular (PP) será contraria, naturalmente, y eso agitará el debate político. Al menos, servirá para conocer mejor el alcance de la norma, cuya incidencia antes de los próximos comicios locales es una gran desconocida para los estados mayores de los partidos políticos. Es importante reiterar que plantear el conflicto requiere de mayoría absoluta. Las formalidades se completan con la solicitud previa de un dictamen al Consejo de Estado que, una vez hecho público, sustanciará ante el Tribunal Constitucional el conflicto de competencias propiamente dicho.

         Además, están abiertas otras dos vías para recurrir la aprobación de la norma por parte de la mayoría parlamentaria del PP: una, la que se plasmaría con la firma de cincuenta diputados o cincuenta senadores (en consonancia con la anterior, parece lógico que también sea una medida compartida por varias formaciones políticas); y otra, la que pueden utilizar los gobiernos de comunidades autónomas que interpreten que la Ley invade competencias que les son propias.

         El objetivo, tal como se señaló al principio, es paralizar la reforma local. No va a ser fácil en ninguno de los casos pero se pone a prueba, entre otras cosas, la capacidad para entenderse y transar. La oposición se juega lo suyo en tanto aprieten o amainen los vientos de la mayoría popular. Pero, sobre todo, es el mundo municipal, quienes lo viven desde dentro, en primera fila, el que debe dar una respuesta contundente que rechace los que son claros intentos de restringir la autonomía local, teóricamente garantizada por la Constitución.

MEDIOS SIGLO DE TVE EN LAS ISLAS

Cincuenta años dan para mucho. Son los que ha cumplido Televisión Española en Canarias. Aún recordamos aquellos comienzos, cuando todavía sin aparato en casa, eran seguidos desde algún comercio cercano: las primeras informaciones, las primeras transmisiones, los primeros programas… La televisión, aún en una oferta muy limitada, única prácticamente, abría las ventanas del mundo y de las islas.

Por supuesto que hay licencia para la nostalgia pero cualquier balance pasa por el papel del medio a la hora de vertebrar la sociedad canaria. Así como hemos dicho que la contribución de Radio Nacional de España, Centro emisor del Atlántico, ha sido decisiva, no siendo menor la televisiva, sí que ha sido más cuestionada históricamente: no hay debate ni análisis ni impresión que resista la inclinación de Televisión Española en Canarias hacia Gran Canaria. O hacia Las Palmas, como se dice en lenguaje coloquial. Más cobertura, más espacio o más tiempo para hechos noticiosos que tenían como escenario la otra orilla: esa ha sido una queja muy extendida, en ocasiones puede que exagerada. Aunque en nuestra particular opinión, siempre atribuimos buena parte de esa culpa -sin personalizar- al propio centro de producción de Tenerife, entre dejaciones, insensibilidad, omisiones y la carencia de una respuesta informativa más activa o más dinámica.

En realidad, buena parte de estos cincuenta años ha sido un juego de equilibrios, de luchas permanentes para librar las peculiaridades territoriales, los intereses políticos y las presiones que provenían del lado más insospechado. Interiormente, el desgaste para algunos directores, jefes de informativos y editores ha sido descomunal. Como que se entiende que no aguantaran.

Pero gracias a los avances técnicos -la implementación del color fue un auténtico acontecimiento- y a la profesionalidad general de Televisión Española en Canarias fue posible conocer mejor las islas, simplemente. Una crónica de cualquier corresponsal en cualquiera de las islas no capitalinas, basada muchas veces en recursos que duraban una buena temporada; o la aparición de algún grupo artístico de esas mismas islas en programas que, como Tenderete, universalizaban lo canario, supimos qué había en esos territorios. La televisión los acercaba. El costumbrismo, las inquietudes, los afanes institucionales, los personajes y los sucesos iban, progresivamente, configurando una realidad social y económica que los TeleCanarias y el resto de la producción propia se encargaban de impulsar y consolidar.

La Casa del Marino, la plazoleta de Milton, la calle La Marina y la avenida Buenos Aires fueron sedes, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, de los centros de producción de programas de Canarias de TVE. Hasta la moderna instalación de nuestros días, en la avenida Escaleritas de la capital grancanaria.

(En los estudios de la santacrucera calle La Marina, por cierto, hicimos nuestros primeros pinitos televisivos, aun en blanco y negro. Durante dos veranos consecutivos, finales de los setenta, sustituimos a los compañeros de deportes: Calabuig, Díaz Cutillas, Paco Álvarez… Fue una experiencia inolvidable, muy autodidacta: la pretemporada de la Unión Deportiva, entonces en Primera división; los torneos veraniegos; las aspiraciones de autonomía de la lucha canaria; el mundo de la vela latina; los cinturones ciclistas en las islas… Entonces, comprendimos el valor de una frase común: “Te vi por la ‘tele’).

Cincuenta años dan para mucho, vaya que sí. Blanco y negro, las 625 líneas, el color, ‘adelante telecine’ y ‘envíalo por teleproceso’, unidades móviles, enlaces, vía satélite, transmisiones… Se acumulan tantos hechos y tantos métodos de trabajo como rostros que se hicieron familiares: Carlos Pablo, Luis Zárate, Adela Cantalapiedra, Rosi Jorge, María del Carmen Alemán -con la que presentamos algunos festivales artísticos-, José Antonio Pardellas, MariCarmen Iza, Luis Ortega, Armando Marcos, Paco Montes de Oca, Pepe Martín Ramos, José Manuel Pitti, Cristina García Ramos… Perdón por las omisiones, totalmente involuntarias. Excelentes profesionales, por cierto, han quedado registrados los directores que se esmeraron en hacer un producto televisivo digno.

Medio siglo, en fin, de poner imagen a la convivencia y al desarrollo de los canarios. Y de trasladarla al exterior. Ahora que las restricciones y las dificultades condicionan también planes de futuro, que al menos la celebración de las bodas de oro sirva para dimensionar la aportación del sello televisivo al archipiélago primero y a la comunidad canaria. 

Por cierto, un logro de estos cincuenta años: jamás hubo ‘telebasura’.