Las revueltas sociales de
Venezuela, el encono y la radicalización que se contrastan en las informaciones
que se van recibiendo, abren de par en par las puertas de la incertidumbre. Es
difícil predecir lo que va a suceder, lo que puede suceder. Estamos ante otra
tragedia humana. Que duele más, por vínculos sobradamente conocidos. Y además,
como las partes invocan y se encomiendan a la divinidad para reivindicar la paz
y acabar con la violencia -como si el diálogo, el respeto y el cumplimiento de
las normas entre humanos de un mismo cuerpo social fueran papel mojado-, más
dudas y desasosiego inspiran el porvenir.
Pero la crisis venezolana ha puesto de relieve la
materialización de un hecho sobre el que ha venido hablándose en muchos sitios,
bien es verdad que por distintas razones: la desaparición de los periódicos.
Miren por donde, las carencias de materia prima, de papel, ya han incidido en
algunas cabeceras que no circulan y amenazan a otros muchos medios escritos que
subsisten, según sus responsables, a duras penas. Un informe del Instituto
Prensa y Sociedad (IPS) detalla que treinta y un periódicos han reducido el
número de páginas y once han cerrado.
El presidente-editor del prestigioso periódico El Nacional, Miguel Henrique Otero, ha
llegado a afirmar que todos los periódicos están en riesgo de cierre ante esta
crisis. Y claro, es inevitable que ligue la pervivencia del sistema democrático
y de libertades a la existencia de una prensa libre. Las consecuencias, según
el testimonio de Henrique Otero, serían dramáticas en caso de no encontrarse
una alternativa: unas treinta mil familias se verían afectadas si no se ataja
el cierre de rotativos, “lo que constituye -afirma- una catástrofe desde el
punto de vista social y económico”.
La situación es tan dramática que el Colegio Nacional de
Periodistas de Venezuela se ha dirigido, casi a la desesperada, a la Defensora
del Pueblo para que se pronuncie e inste al Gobierno a garantizar el suministro
de papel prensa, afectado, según se indica, por la carencia de divisas. “La
situación es una violación a la libertad de prensa”, aseveró el presidente de
los periodistas venezolanos, Tinedo Guía.
Y claro, en medio del caos, con un Gobierno acusando de
amarillismo a los medios y de boicotear, poco menos, el denominado Plan de Paz
Nacional o los Planes de pacificación, imputándoles responsabilidades, se
concluye que el enfrentamiento es abierto y que al ejecutivo le interesa
limitar las condiciones de edición y circulación. Con razón, el Colegio de
Periodistas de Venezuela ha querido dejar claro que no son los periodistas ni
los medios de comunicación “los que han fomentado la violencia ni perpetrado
los miles de asesinatos que se vienen registrando trágicamente en nuestro país
durante la última década”.
El último párrafo de la apelación del Colegio a la Defensora
del Pueblo es revelador:
“De antemano rechazamos cualquier pretensión del Gobierno
nacional para disfrazar el combate al amarillismo como un mecanismo de censura
para que los venezolanos estén desinformados sobre el grave problema de
inseguridad que aqueja a nuestra patria”.
Hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que
decidirá en Barbados el próximo mes de abril las alternativas encaminadas a
impedir más cierres de periódicos, terminó apoyando una marcha pacífica de
representantes de medios y de la prensa venezolana que hicieron causa común
“para defender la fuente laboral así como el derecho de los ciudadanos a estar
informados y la libertad de prensa”.
En definitiva, lucha y unidad de acción ante un futuro muy
incierto puesto que ya saben los editores que el Centro Nacional de Comercio
Exterior, encargado de establecer las prioridades para adjudicar divisas a los
distintos sectores productivos, ha señalado con claridad que primero son
alimentos y medicinas.
O sea, otra vuelta de tuerca.
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