No deja de ser curioso que mientras el municipalismo debate y afronta sin demoras la revisión del modelo de servicios sociales, en alguna comunidad autónoma como la canaria se registran situaciones que reflejan complicaciones, desequilibrios y hasta una cierta falta de solidez estructural para afrontar las más efectiva administración de los recursos públicos destinados a esta materia.
Que Canarias siga siendo, junto con Madrid y Valencia, la última en la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; y que Cáritas Diocesana de Canarias -muy poco dada a conflictos y polémicas de connotaciones políticas- haya llegado a pedir la dimisión de la responsable del Instituto Canario de la Mujer, adscrito a la Consejería de Bienestar Social, tras quedar excluidos de sus ayudas dos proyectos de atención específica que, según parece, requieren de continuidad dados los antecedentes, revela que algo no se está haciendo bien, que no funciona correctamente el sistema pese a que, se supone, esté bien dotado después de varios años de probaturas y restructuraciones.
Si los datos, en el primero de los casos, no son desmentidos, hay razones para preocuparse. Transcurridos más de dos años de la entrada en vigor de la Ley que significó un serio impulso a un derecho ciudadano, en nuestra comunidad hay más de veinte mil personas en situación de dependencia. A unas doce mil se las ha reconocido el derecho a una prestación pero sólo perciben ayudas tres mil setecientas veintiséis personas.
En lo que concierne a Cáritas -ya veremos si las explicaciones dadas les convencen o si tras su denuncia mediática se revisa la decisión tomada-, que más de trescientas mujeres que ejercen la prostitución o estén en riesgo de exclusión social no puedan ser atendidas por la carencia de las ayudas económicas solicitadas, habla por sí solo.
Se alegará problemas de financiación -pero ¿no habían sido destinados unos treinta millones de euros para esta finalidad?- y de descentralización -el principio de cooperación interadministrativa sigue siendo, por lo visto, una mera formulación teórica- pero lo cierto es que está faltando capacidad real para cumplir con la filosofía que inspiraba la Ley, esto es, “atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”.
En asuntos de esta naturaleza, en los que conviene eludir tentaciones demagógicas, hay que combatir el dicho “a peor la mejoría”, al que seguramente habrán recurrido los más afectados, perdidos en la jungla del vuelva usted mañana, falta personal, las responsabilidades descansadas en terceros y la ausencia de voluntad política para resolver problemas y dinamizar soluciones.
A ver si los municipalistas, tras la cumbre de Zamora para tratar el giro que se le debe dar a la materia, estimulan ese nuevo modelo. Ya lo hicieron en su día, cuando la recuperación de las corporaciones democráticas, hace treinta años, cuando se encontraron con instituciones insensibles y sin recursos humanos y materiales específicos. Aquel vacío fue subsanado progresivamente con tremendo entusiasmo, con un aprendizaje intensivo y con dotaciones que permitieron dar consistencia a las primeras redes que resultarán decisivas para afrontar la problemática más cruda de pueblos y ciudades.
Fortalecer el sistema público de servicios sociales es una de las conclusiones a la que llegaron. Vale. Pero para eso es necesario implementar a tales servicios, si se quiere mejorar los índices de eficacia, criterios de cercanía, agilidad y flexibilidad. Las circunstancias económicas y sociales no son las mismas de hace treinta años, por lo que el nuevo modelo debe tener en cuenta no sólo cambios sociales y culturales sino algo tan acusado como la incidencia de la crisis económica en el empleo.
Otra cosa, ya que están en esa fase de repensar el modelo de los servicios sociales municipales: que la reorganización sea lo más sencilla posible, que sea clara. Para que los ciudadanos la entiendan y no sufran los vaivenes antedichos. Y también para que quienes trabajan en ese vasto sector, profesionales y organizaciones, se desenvuelvan con precisión y ejecuten con seguridad y sin trabas las medidas que favorezcan la satisfacción de las demandas ciudadanas.
El caso es que, tras el paso dado por los municipalistas, o hay mayor sensibilidad en la comunidades autónomas y se definen de una vez los criterios de descentralización y financiación, o mucho nos tememos que situaciones como las comentadas van a agravarse. A combatir se ha dicho.
Que Canarias siga siendo, junto con Madrid y Valencia, la última en la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; y que Cáritas Diocesana de Canarias -muy poco dada a conflictos y polémicas de connotaciones políticas- haya llegado a pedir la dimisión de la responsable del Instituto Canario de la Mujer, adscrito a la Consejería de Bienestar Social, tras quedar excluidos de sus ayudas dos proyectos de atención específica que, según parece, requieren de continuidad dados los antecedentes, revela que algo no se está haciendo bien, que no funciona correctamente el sistema pese a que, se supone, esté bien dotado después de varios años de probaturas y restructuraciones.
Si los datos, en el primero de los casos, no son desmentidos, hay razones para preocuparse. Transcurridos más de dos años de la entrada en vigor de la Ley que significó un serio impulso a un derecho ciudadano, en nuestra comunidad hay más de veinte mil personas en situación de dependencia. A unas doce mil se las ha reconocido el derecho a una prestación pero sólo perciben ayudas tres mil setecientas veintiséis personas.
En lo que concierne a Cáritas -ya veremos si las explicaciones dadas les convencen o si tras su denuncia mediática se revisa la decisión tomada-, que más de trescientas mujeres que ejercen la prostitución o estén en riesgo de exclusión social no puedan ser atendidas por la carencia de las ayudas económicas solicitadas, habla por sí solo.
Se alegará problemas de financiación -pero ¿no habían sido destinados unos treinta millones de euros para esta finalidad?- y de descentralización -el principio de cooperación interadministrativa sigue siendo, por lo visto, una mera formulación teórica- pero lo cierto es que está faltando capacidad real para cumplir con la filosofía que inspiraba la Ley, esto es, “atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”.
En asuntos de esta naturaleza, en los que conviene eludir tentaciones demagógicas, hay que combatir el dicho “a peor la mejoría”, al que seguramente habrán recurrido los más afectados, perdidos en la jungla del vuelva usted mañana, falta personal, las responsabilidades descansadas en terceros y la ausencia de voluntad política para resolver problemas y dinamizar soluciones.
A ver si los municipalistas, tras la cumbre de Zamora para tratar el giro que se le debe dar a la materia, estimulan ese nuevo modelo. Ya lo hicieron en su día, cuando la recuperación de las corporaciones democráticas, hace treinta años, cuando se encontraron con instituciones insensibles y sin recursos humanos y materiales específicos. Aquel vacío fue subsanado progresivamente con tremendo entusiasmo, con un aprendizaje intensivo y con dotaciones que permitieron dar consistencia a las primeras redes que resultarán decisivas para afrontar la problemática más cruda de pueblos y ciudades.
Fortalecer el sistema público de servicios sociales es una de las conclusiones a la que llegaron. Vale. Pero para eso es necesario implementar a tales servicios, si se quiere mejorar los índices de eficacia, criterios de cercanía, agilidad y flexibilidad. Las circunstancias económicas y sociales no son las mismas de hace treinta años, por lo que el nuevo modelo debe tener en cuenta no sólo cambios sociales y culturales sino algo tan acusado como la incidencia de la crisis económica en el empleo.
Otra cosa, ya que están en esa fase de repensar el modelo de los servicios sociales municipales: que la reorganización sea lo más sencilla posible, que sea clara. Para que los ciudadanos la entiendan y no sufran los vaivenes antedichos. Y también para que quienes trabajan en ese vasto sector, profesionales y organizaciones, se desenvuelvan con precisión y ejecuten con seguridad y sin trabas las medidas que favorezcan la satisfacción de las demandas ciudadanas.
El caso es que, tras el paso dado por los municipalistas, o hay mayor sensibilidad en la comunidades autónomas y se definen de una vez los criterios de descentralización y financiación, o mucho nos tememos que situaciones como las comentadas van a agravarse. A combatir se ha dicho.
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