La segunda quincena de abril será dolorosa para los
ciudadanos españoles. Deberán estar muy atentos. Por un lado, a las medidas
gubernamentales para contrarrestar las exigencias de Bruselas, las que imponen
las dictaduras económicas: más restricciones, más limitaciones, más
inestabilidad, más incertidumbre. Y por otro, a la fase final de la tramitación
de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, visión reformista de la
Ley de Costas, vigente desde 1988.
Este segundo
hecho tiene en Canarias y en toda la España costera una singular importancia. La
consideración básica del litoral como bien común y que, por consiguiente, es
necesario preservar o proteger al máximo, no será una cuestión de principios:
las intenciones del legislador parecen más inspiradas por la flexibilidad, por
una permisividad generosa que hará de la costa española nuevamente una amplia
franja especulativa. Vuelve el cemento, vuelve el uso comercial indiscriminado,
vuelve el aprovechamiento a conveniencia, vuelve -aunque lo nieguen- el uso
privativo…
Así se
desprende de las facilidades que encontrarán los promotores para edificar o de
la pretendida reducción del dominio público de una franja de cien metros desde
la línea de costa a veinte metros. Si este segundo aspecto se traduce en una
ampliación de las concesiones, preparémonos para una auténtica privatización. Y
la papeleta, por cierto, en manos de los ayuntamientos que, aunque supervisados
por la comunidad autónoma respectiva, tendrán que tomar la decisión final. A
ver esas haciendas tan necesitadas, a ver esos proyectos tan cargados de
“puestos de trabajo directos”, a ver… quién se niega.
El debate
final en sede parlamentaria puede ser de traca aunque el resultado no peligra
para la mayoría que volverá a lucir su vocación absolutista, a medida que se
contraste el que no haya voluntad de consensuar o sean rechazadas algunas
enmiendas que pretendan salvar, por ejemplo, los núcleos de población que en la
norma de 1988 quedaron fuera del dominio público. Al contrario, parece que la
reforma de la Ley de Costas lo que persigue es legalizar determinadas
urbanizaciones o construcciones fuera de ordenación y rebajar el listón de
protección del litoral. Hasta listas circulan ya esperando la bendición final
de la entrada en vigor de la nueva Ley. Hay quien ya habla de la ley chicle que
estira los límites.
Lo cierto es
que la larga mano de las privatizaciones costeras se vuelve a posar sobra las
islas y sobre las regiones marítimas. Eso de que el litoral es un bien común al
que todos tenemos derecho, dentro de nada, será papel mojado.
Que no se
extrañen de concentraciones ni de activismos ecologistas ni de escraches en
bikinis… Llegarán, llegarán.
No hay comentarios:
Publicar un comentario