La
Ley de Seguridad Ciudadana, coloquialmente conocida como 'Ley
mordaza', sigue causando estragos. Así se desprende del informe de
la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre el estado de la
libertad de prensa en ciento ochenta países del mundo. España, en
efecto, no sale bien parada: nuestro país baja un puesto en la
clasificación con respecto a 2015. Se sitúa en el lugar 34, por
debajo de Australia (25), Letonia (28), Alemania (16) o Luxemburgo
(15). Cierto que algunos países europeos han evolucionado
negativamente, como Alemania, que pasa del 12 al 16; Francia, que
baja del 38 al 45 o el Reino Unido, que va del 34 al 38 y que ello
obedece a la promulgación de normas que afectan directamente a la
libertad de prensa o al ejercicio profesional; pero el registro
español es especialmente preocupante desde que se aprecia que las
consecuencias de esa 'Ley mordaza' están calando profundamente en
amplios sectores del ámbito de la comunicación.
Lo
que son las cosas: hace unos años, se apuntaban voluntariamente en
la redacción quienes querían cubrir una manifestación o los
exteriores de algún acto público que entrañaba ciertos riesgos.
Hoy, entre la escasez de trabajadores y las previsiones de lo que
pueda suceder, cualquier disculpa resulta válida para eludir el
encargo.
Y
es que, según el citado informe, la aplicación de la Ley de
Seguridad Ciudadana se plasmó en una serie de impedimentos y
represalias para los informadores. Varios periodistas, en efecto,
fueron sancionados con multas administrativas -alguna, de gran
cuantía- tras haber grabado o fotografiado sucesos, incidentes y
desarrollos de manifestaciones en la vía pública, en tanto que
otros sufrieron medidas judiciales contrarias al derecho a informar,
bien es verdad que “en la mayor parte de los casos, las peticiones
fiscales se acabaron retirando o no prosperaron”.
La
presidenta de RSF en España, Malén Aznárez, una vez publicitado el
informe, ha reivindicado la derogación de la Ley de Seguridad
Ciudadana y ha solicitado al Gobierno que “deje trabajar en
libertad a los medios públicos, que mejore la transparencia y el
acceso a la información y que pueda haber preguntas en todas las
ruedas de prensa con responsables guernamentales”.
Hacer
la foto de una detención o de una cacerolada o de un accidente
laboral fue represaliado por agentes policiales. También figura en
la recopilación de RSF el proceso abierto contra dos redactores del
diario Abc que informaban
sobre el caso Bárcenas y
fueron acusados de presunta revelación de secretos. El fiscal,
finalmente, retiró la petición de prisión y solicitó el archivo
del caso.
Aznárez,
a la luz de los contenidos del informe, concluye que “se trata de
una norma coercitiva, arbitraria e intimidatoria, tanto para los
periodistas como para los ciudadanos”. Esa apreciación acarrea
perjuicios a la cobertura informativa y vulnera el derecho de los
ciudadanos a ser informados. La presidenta de RSF recuerda que la
'Ley Mordaza' ha sido cuestionada “por todos los partidos, excepto
el PP en el Gobierno” y ha sido denunciada ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos “por varios medios y juristas españoles, por
las cortapisas que supone para el libre ejercicio de la información,
especialmente con la prohibición de tomar y difundir fotografías de
acciones policiales y las faltas de respeto y resistencia a la
autoridad”.
¿Significa todo ello que han vuelto los tiempos de la
censura? En el sentido clásico, Aznárez lo niega, entendiendo como
“consignas oficiales o memorandos de directrices destinadas, como
puede ocurrir en países como China, con censura institucionalizada y
medios controlados desde el poder político”. Pero hay que
consignar algunos casos en lo que se intentó impedir la emisión o
publicación de noticias de gran interés, “mediante procedimientos
judiciales en los que se pedía penas de cárcel para periodistas o
se amenazaba con prisión si se publicaban ciertos asuntos”. La
misma presidenta de RSF se congratula de que al final impere la
cordura o se reconozca el interés público de un hecho noticioso
para evitar males y penas de mayor calado.
Pero bajar un puesto en el 'ranking' y quedarse en el
34 no es para resignarse ni estar contentos, no. Y es que cuando se
perjudica la cobertura informativa, todos salimos perdiendo.
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