La
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha
editado un decálogo con el que hacer frente a la abundancia de
noticias falsas, un fenómeno del que no termina de sacudirse el
periodismo, en tanto que va creciendo de manera preocupante en las
redes sociales, utilizadas estas como medio de comunicación cada vez
por mayor número de personas.
En
otro lugar de esta misma edición, se inserta el documento de la
PDLI, titulado “Contra la posverdad: 10 fórmulas para hacer frente
a las noticias falsas”. Fue dado a conocer en Madrid, en el curso
de una jornada cuya convocatoria versó sobre “Noticias falsas:
disfrazar la mentira de realidad”, para tratar el impacto de estas
informaciones en el periodismo y en la sociedad. Comentemos algunos
aspectos.
“Las
noticias falsas son una amenaza para la libertad de información y
para la democracia”, sostiene la PDLI. En efecto, se trata de una
amenaza inquietante, ante la que hay que dar respuestas firmes y
convincentes. Por eso, la Plataforma hace un llamamiento “para
enfrentarse con firmeza a esta lacra”, al Estado, a la sociedad, a
las organizaciones políticas, empresas mediáticas y tecnológicas,
instituciones y periodistas en general.
En
este decálogo, que parte del principio del compromiso que han de
asumir todos los actores de la cadena de producción y distribución
de contenidos para actuar contra la propagación de noticias falsas,
se inserta la necesidad de encontrar una definición consensuada
sobre qué debe considerarse bulo o noticia falsa y qué no, siempre
bajo los principios de la libertad de información y expresión, “de
modo que se protejan formas de expresión legítimas como la sátira
o la crítica social”.
Y
aunque parezca una reiteración, es procedente otro compromiso que
los medios deben cumplir: informar de la fuente, autor, fecha y
procedencia de los contenidos que elaboran o de lo que se hagan eco.
Eso enlaza con la importancia -a menudo, menospreciada- de los
códigos deontológicos. Los medios de comunicación y los
periodistas “son responsables de cumplir sus obligaciones éticas
en el ejercicio de su función”. Entonces, la PDLI apela a la
inclusión de sanciones en dicho códigos, de modo que penalicen
malas prácticas así como “difusión de infundios que deslegitiman
el periodismo”. La rectificación de contenidos erróneos -se
añade- será de acuerdo a las exigencias más estrictas.
Un
aspecto interesante consignado en el decálogo: las técnicas de
verificación de contenidos, tanto las promovidas por los medios como
por las organizaciones. “Deben cumplir los estándares
internacionales consesuados en esta materia. Entre otros: apartidismo
e igualdad en la aplicación de técnicas de 'fat-checking';
transparencia en las fuentes; transparencia en los recursos y en
quién promueve la iniciativa; transparencia en la metodología y
honestidad en la publicación de correcciones”, dice el apartado
octavo del documento.
Finalmente,
ante la cada vez más demandada función pedagógica de los medios de
comunicación, conviene destacar que la PDLI insiste en la
conveniencia de que los poderes públicos promuevan “campañas de
alfabetización mediática y digital” que mejoren las competencias
de la ciudadanía en esta materia. Ello comporta la dotación de
herramientas que permitan al público y a los consumidores de
información, por sí mismos, verificar la fiabilidad de un
contenido, cabecera o sitio web.
Estrategias
y acciones para combatir los efectos de los bulos y las noticias
falsas. Hay que aplicarse, no sea que la sociedad del conocimiento o
de la información se convierta en el paraíso de los engaños y de
las falacias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario