Ha sido tajante el Fiscal Superior de Canarias, Vicente
Garrido, al reconocer que la comisión de delitos de violencia machista comporta
“desconsideración, desigualdad y maltrato”, tres factores que ponen de relieve
la necesidad de seguir insistiendo en medidas preventivas en cuanto que la
sociedad -esa que calificamos como enferma cada vez que un hecho execrable
rompe esquemas de racionalidad y sensatez- no se libera de una auténtica lacra
que sacude las conciencias o los cimientos cuando se produce. Dice Garrido,
tras registrar la Memoria Anual en el Parlamento autonómico, que los datos, en
esa materia son estables y no se aprecia un incremento interanual notable,
“pero lo deseable es que este tipo de delitos disminuyese”.
Hay que
perseverar, por tanto, en ese Pacto de Estado contra la violencia de género que
involucra a comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades locales y tiene
consignación en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Pacto que
tiene que ser sinónimo de compromiso político y de voluntad manifiesta para
erradicar uno de los grandes males de nuestros días. Estamos ante un problema
de envergadura que brota en cualquier sitio y en cualquier ámbito social. Desde
luego, no es fácil dar con la cura. Es más, los avances producidos hasta la
fecha no habrán surtido los efectos deseados. Pero los poderes públicos -también
en Canarias- tienen mucho que decir y la
sociedad, en su conjunto, ha de responder de una forma distinta a la que ha
seguido. Las mujeres tienen que sentirse seguras. Es una cuestión de dignidad y
preservarla equivale al concurso de todos.
Pero la comparecencia
del fiscal-jefe Garrido ha servido también para mantener el foco en dos
situaciones que han cobrado notoriedad a lo largo de los últimos tiempos: el
acoso escolar y los comportamientos contrarios a la libertad sexual. Es natural
que el aumento de las cifras y porcentajes eleve la preocupación en la
comunidad educativa y en los responsables del funcionamiento del sistema, tal
es así que en la Memoria se destacan sus esfuerzos de mediación para tratar de
resolver muchas situaciones. Las coacciones y las amenazas que abundan en las
redes sociales significan una circunstancia agravante. Aquí, habrá que
intensificar la labor de pedagogía pues de lo contrario se alcanzarán niveles
incontrolables de riesgo, desarreglo, inadaptación y exclusión social. Hay que
insistir, en ese sentido, en el fortalecimiento de las políticas a favor de la
infancia. Es la hora de promover la educación en igualdad de oportunidades y de
trato. Asimismo, del respeto a la diversidad y a los derechos humanos. La
convivencia intercultural es decisiva, máxime cuando arrecian oleadas de
racismo y xenofobia.
El caso es
que no se agraven estos males en períodos decisivos de la formación de las
personas. Solo será posible con iniciativas valientes y esclarecedoras que
tengan también en cuenta a las organizaciones de infancia y menores. Este
informe de la fiscalía superior de Canarias alerta de una realidad inquietante.
Si la seguridad de las mujeres es una cuestión de dignidad, las conductas de
los menores, en una sociedad muy expuesta a subversiones de distinto tipo,
merecen, desde luego, una atención sensible y práctica.
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