La
Federación Internacional de Periodistas (FIP) y sus afiliados en todo el
mundo, entre los que se encuentra la Federación de Asociaciones de Periodistas
de España (FAPE), conmemoraron en las primeras fechas del presente mes el Día
Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas,
e instaron a los gobiernos que adopten un instrumento internacional vinculante
para proteger a los periodistas y exigir responsabilidades a sus agresores.
Constituyen un hecho reprobable, claro que sí, la intimidación y la
violencia contra los periodistas. De poco ha servido la lucha que ya dura doce
años, desde que la organización de las Naciones Unidas institucionalizó la
fecha del 2 de noviembre para alcanzar ese objetivo del fin de la impunidad.
Pongamos como ejemplos que los periodistas que cubren manifestaciones son
golpeados, rociados con gas pimienta o disparados con balas de goma, a pesar de
ir claramente identificados como «prensa» en su ropa o sus chalecos. Las
redacciones de los medios de comunicación son vandalizadas o allanadas por
individuos no identificados. Las mujeres periodistas, en particular, son objeto
de campañas de odio en Internet, amenazas de violación o muerte y ‘doxxing’
(revelación de información identificativa sobre alguien en Internet). En los
casos más extremos, los reporteros que investigan el crimen organizado o la
corrupción desaparecen o son hallados muertos en circunstancias sospechosas. Y
muchos periodistas son blanco directo de ataques mientras realizan su labor
informativa, especialmente en zonas de conflicto.
Los datos son espeluznantes. Desde principios de 2025, al menos 99
periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en el
ejercicio de su profesión, la mayoría en zonas de guerra: 50 en Gaza
(Palestina), 8 en Ucrania y 6 en Sudán, según los últimos registros d la FIP.
Según la UNESCO, solo se investiga uno de cada diez asesinatos de periodistas.
Algunos de ellos, dadas las circunstancias, son destacados.
La presidenta de la FIP, Dominique Pradalié, ha
afirmado: “Permitir que los asesinos y agresores de periodistas queden en
libertad envía una señal escalofriante de que los poderosos pueden silenciar
voces, destrozar familias, borrar historias y eludir su responsabilidad. Las
familias de estos periodistas quedan desamparadas e impotentes. Comunidades
enteras pierden el acceso a información vital. Y se les roba el derecho
colectivo a saber. La lucha contra la impunidad es una responsabilidad
universal. Necesitamos un instrumento internacional vinculante para la
protección de los periodistas, que obligue a los gobiernos a asumir su
responsabilidad y a actuar para poner fin a las devastadoras consecuencias de
la impunidad”. Por todo ello, la FIP ha pedido a los Estados miembros de la ONU
que respalden la Convención Internacional sobre la Seguridad y la Independencia
de los Periodistas.
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