Integración social erosionada (y eso nos afecta a todos, al
menos a quienes conservamos un mínimo de sensibilidad) y exclusión severa
todavía por encima de los niveles de 2007. En 2024, este tipo de exclusión se
sitúa un 52 % por encima de 2007, lo que arroja un saldo de 4,3 millones de
personas, de las cuales 2,5 millones son jóvenes menores de 25 años (¿Explica
ello la simpatía galopante de los jóvenes de medio mundo hacia los modelos
autoritarios y hacia el descontento con los sistemas democráticos?).
Lo cierto es que la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios
Sociales y de Sociología Aplicada), creada por Cáritas española en 1965 con el
objetivo de servir a la sociedad a través de la realización de estudios de
investigación sobre la realidad social, cultural y económica de España, ha
hecho público su estudio macrodiagnóstico del presente año, que concluye de una
manera preocupante: nuestro país atraviesa un proceso inédito de fragmentación
social, en otras palabras, la clase media se contrae desplazando a muchas
familias hacia estratos inferiores. Tras dos décadas de crisis encadenadas, las
fases de recuperación no han cerrado la brecha y han llevado a España a contar
con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. Es el tercer país con
mayor pobreza de la UE.
Este noveno informe FOESSA, realizado por un equipo de ciento
cuarenta investigadores procedentes de cincuenta y una universidades, centros
de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector, fue presentado
días pasados por Natalia Peiró, secretaria
general de Cáritas Española, y Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación
FOESSA y coordinador del informe.
Durante su intervención, la
secretaria general de Cáritas señaló que el IX Informe FOESSA “llega en un
momento histórico de profunda complejidad”. En efecto, “tras décadas de
transformaciones aceleradas que han reconfigurado su estructura social, económica
y territorial, el país se encuentra en una encrucijada que define no solo su
presente, sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas”,
precisó Peiró.
Algunos titulares de prensa tras
conocerse el informe, son tajantes: “La clase media se hunde en España”,
“Existen 4,3 millones de ciudadanos en exclusión social”. La secretaria Flores,
sin embargo, ofrece algunos datos menos pesimistas: tres de cada cuatro
hogares activan estrategias de inclusión, es decir, buscan empleo, se forman,
activan redes y ajustan gastos, pero chocan con barreras estructurales, se
topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco
personalizados. La activación en estos hogares pasó del 68% en 2021 al 77% en
2024. La cuestión es que el
mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa
idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender
acciones para su inclusión, es falsa. “Esta realidad demuestra que no fallan
las personas, falla el sistema”, aseguró Flores.
Y en la heterogeneidad de los
factores que inciden en ese hecho, en la exclusión social en España, convergen
la vivienda y el empleo. “La vivienda es hoy el factor que está reconfigurndo
nuestra estructura social, expulsando a uno de cuatro hogares de una vida
digna, y triturando el difícil equilibrio de las clases medias”, explicó la
secretaria general de Cáritas. Y agregó un dato llamativo: el 45 % de la
población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y
exclusión social, la cifra más alta de la UE. Lo que es igual: el alquiler se
ha convertido en una trampa de pobreza.
Aunque el empleo mejora
macroeconómicamente, ha perdido gran parte de su capacidad protectora e
integradora. La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad,
afectando a casi la mitad (47,5 %) de la población activa. Se trata de 11,5
millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. De
hecho, más de un tercio de la población excluida moderada o severa trabaja.
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