Traslado de menores

 

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, había solicitado medidas cautelares con el fin de paralizar el traslado desde Canarias y Ceuta de doce -está bien escrito, doce- menores extranjeros no acompañados. Pero llegó el Tribunal Supremo y mandó a parar. Ha tenido que recordar esta misma instancia judicial que es ella la que ha obligado al Gobierno de España a hacerse cargo de menores solicitantes de asilo en Canarias dadas las circunstancias de considerable hacinamiento en que se encuentran. Frenar su traslado a Madrid, siquiera por la vía de urgencia, sería incurrir en una flagrante contradicción.

Es lo que tiene la política de bandazos. Y aunque Ayuso y su PP, también el canario, se hayan empeñado en despejar balones fuera, esa obstaculización permanente implica una incomprensión que acentúa las críticas que siguen recibiendo. El Supremo ya había rechazado una petición de medidas cautelarísimas en las que no se da audiencia a las partes y hace lo mismo con las cautelares después que tanto Ceuta -donde gobierna el PP, por cierto- como Canarias y la misma Abogacía del Estado se opusieran a la petición de Ayuso. El alto tribunal entiende que lo que ha ocurrido es un mero trámite y no una vía de hecho impugnable por ese mismo proceder. Además, añade el Supremo, los juzgados de Canarias también han rechazado dictar uns suspensión en estos términos; en otras palabras, paralizar el traslado de estos menores, tal y como pide la presidenta madrileña, les generaría graves daños. El propio Supremo y su sala Tercera han establecido en sus últimos autos que el Gobierno es responsable de prestar atención a los que solicitan asilo. La contradicción y lo dañino para los afectados -¿pero no habíamos quedado, también el mismo PP, que debía prevalecer el interés superior del menor?- son evidentes.

Los reveses en los tribunales deberían hacer reflexionar a los populares. Primero, porque aún desconociendo lo que pretenden ganar, resulta claro que es una cuestión de humanidad y de justicia. Y luego, si hay una norma que regula la extranjería en sus sucesivos y variados campos, hay que cumplirla.

Los registros oficiales del pasado mes de diciembre cifraban en cuatro mil quinientos menores migrantes los que viven en Canarias. El Gobierno de España, a través del ministerio de Juventud e Infancia, aprobó ese mes una transferencia extraordinaria de cien millones de euros para atenderles. Es decir, una dotación orientada a mejorar los dispositivos de acogida, los cuidados, la inclusión y los mecanismos de acompañamiento. Hay que seguir enriqueciendo las posibilidades de atención y alojamiento de estos menores pues necesitan vivienda, alimentación, atención sanitaria, servicios educativos y jurídicos y apoyo psicosocial, además de políticas de inclusión y transición al ámbito laboral. Fuentes del citado ministerio indicaron que Canarias “deberá someterse a los procedimientos de seguimiento y comprobación que determine el ejecutivo, así como al control de otros organismos como la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas”. Supone un “incremento de un 140 % respecto al año anterior y un 3.802 % más que en 2021”, señaló la ministra Rego. “El esfuerzo”, dicen, “supone aproximadamente el 90 % del gasto total asumido este año por Canarias”.