Conviene
que nos situemos antes de entrar en detalles, con dos preguntas.
Primera: ¿Qué son los Derechos Económicos Sociales y Culturales
(DESC)? Son los Derechos Humanos relativos a las condiciones sociales
y económicas básicas necesarias para una vida en libertad y
dignidad. Versan sobre cuestiones tan básicas como el trabajo, la
seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua,
la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Están
contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC). En España está en vigor desde 1977.
Luego: ¿Qué es la Plataforma DESC? Se trata de un espacio de la
sociedad civil española (entidades sociales, organizaciones de
Derechos Humanos, de cooperación al desarrollo, medio ambientales,
de discapacidad, centrales sindicales...), que trabajan juntas para
la elaboración del Informe Alternativo en el Sexto Examen periódico
de España-PIDESC.
Sabido
esto, se trata ahora de valorar las conclusiones del informe
confeccionado por la Plataforma DESC, referido al grado de
cumplimiento, protección y defensa de los citados derechos, en el
cuatrienio 2012-16. El estudio ha sido apoyado por más de ciento
cincuenta entidades. Su apartado laboral corrió a cargo de
Comisiones Obreras (CC.OO.). Los resultados son bastante
desalentadores: España, tras la evaluación por el comité
correspondiente de Naciones Unidas (ONU), suspende en derechos
humanos y laborales.
En
lo concerniente al ámbito del trabajo, por ejemplo, el Comité DESC
tiene en cuenta los estereotipos de género para contrastar las
dificultades apreciadas en orden a la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres. Eso le lleva a recomendar al Estado español que
intensifique la implementación del Plan Estratégico sobre igualdad
de género (2018-21). El mencionado sindicato, por cierto, considera
que también se debió recomendar “la adopción de medidas
coeducativas, la obligatoriedad de planes de igualdad en las
empresas, más inspecciones laborales pàra afrontar situaciones de
discriminación por razón de género así como medidas que
favorezcan la conciliación”. Igualmente se alude a la lacra social
de la violencia contra las mujeres y a la necesidad de dotar
presupuestariamente el Pacto de Estado contra la violencia de género
aprobado el año pasado.
La
brecha salarial entre hombres y mujeres también es situada como una
de las principales preocupaciones del Comité, una vez constatado que
las mujeres deben enfrentar para acceder a oportunidades de carreras
en iguales condiciones que los hombres. Ello sustancia otra
recomendación: el Estado debe redoblar esfuerzos para combatir la
segregación vertical y horizontal en el empleo, la efectiva
aplicación del principio 'igual salario por trabajo de igual valor'
y la obligación de una mayor transparencia en el régimen
retributivo de las empresas.
Un
concepto ya sabido aparece también entre los contenidos del informe:
la precariedad laboral, especialmente en las consecuencias que
comporta entre las mujeres. Añadida a la congelación de los
salarios, salta a la vista que la incidencia en la población laboral
femenina es preocupante.
Finalmente,
después de expresar su inquietud por las que siguen siendo altas
tasas de desempleo, la limitación del ejercicio del derecho a la
negociación colectiva que introdujo la reforma laboral de 2012, así
como la aplicación excesiva del artículo 315.3 del Código Penal
que persigue penalmente a trabajadores que han participado en
huelgas, son denunciadas por el Comité DESC respecto a los derechos
sindicales. Sugiere este que el Estado garantice la efectividad de la
Negociación Colectiva y del derecho de representación sindical y
que se revise o derogue el referido precepto del Código Penal.
Total,
que con estos condicionamientos, mucho tendrán que seguir trabajando
y movilizándose los empleados y sus representaciones para superar
esta mala nota que la ONU otorga a nuestro país, sobre todo pensando
en la pretendida garantía de la viabilidad del sistema de pensiones.
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