La
denuncia del portavoz de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) en el
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, David Hernández, no es nueva: la
ocupación de la vía pública en determinadas zonas del municipio
sigue siendo una asignatura pendiente, un problema irresoluto. Si hay
ordenanza, no se aplica ni se hace el correspondiente seguimiento.
Recordemos que ya en el presente mandato hubo un contencioso entre la
asociación de comerciantes y el consistorio con un resultado
desfavorable para la administración. Y si, encima, los recursos
humanos (policías locales y funcionarios) son insuficientes o no
están debidamente aleccionados de la importancia del conflicto, este
se recrudece y empeora. De ahí que, pese a no ser novedad, la
denuncia de ACP sea oportuna: no puede ocurrir que mes tras mes las
cosas sigan igual. Algunas vías y rincones portuenses se ven
literalmente asfixiadas, hasta el punto de que algunos
establecimientos ocupan más superficie exterior que la propia
interna, o lo que es igual, disponen de más mesas fuera que dentro.
No extrañe que se hable de salvar una carrera de obstáculos.
A
la espera de saber cuáles han sido las repercusiones de aquel
contencioso, el planteamiento de Hernández incide en el rendimiento
económico del hecho de la ocupación, independientemente de su
calificación por zonas territoriales u otros criterios. Primero, por
la desigualdad pues mientras unos negocios cumplen con la superficie
máxima que, por ordenanza, les está asignada, otros ocupan hasta
cuatro y cinco veces más. Después, la discriminación -se supone
que involuntaria o inconsciente- a la hora de remitir el importe de
las tarifas de las tasas. Y en tercer lugar, por el impago de un
considerable número de establecimientos obligados a hacerlo. La
denuncia del portavoz de ACP es ilustrativa: durante los años 2015 y
2016, “el porcentaje de recaudación osciló entre el 58 y el 67 %,
con lo que un tercio, o más, no paga. Y eso contando solo la
superficie de ocupación de la que tiene constancia el Ayuntamiento”.
O
sea, que este sigue perdiendo dinero mientras otros hacen el agosto y
muchos meses más. No hay que pensar que el gobierno local que
presume de tener saneadas las cuentas hace la vista gorda o luce una
actitud más relajada con quienes tienen obligaciones tributarias al
aprovecharse claramente de lo que es el espacio de todos.
Este
es un asunto cuya resolución requiere, sobre todo, voluntad
política. De la misma manera que se practica el clientelismo a la
hora de contratar personal y se sortean barreras legales, los
responsables tendrían que esmerarse en la reordenación de efectivos
y en la búsqueda de inspectores o similares para velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en las ordenanzas correspondientes y
producir los efectos consecuentes, especialmente, en el ámbito
económico-financiero. Los señalados porcentajes parecen
notoriamente insuficientes, sabiendo que se pueden obtener más, no
por voracidad recaudatoria, sino por orden, justicia, equidad y
pragmatismo. Hasta se eliminaría la tentación envidiosa de sacar
más porque el de al lado tiene más. La realidad es que el
Ayuntamiento está perdiendo dinero.
Y
todo eso, hecho con transparencia, pues no olvidemos que el
consistorio figura entre los suspensos de la evaluación del
Comisionado parlamentario, un resultado, por cierto, que, como nos
temíamos, también está pasando inadvertido. Se echa de menos una
iniciativa para intentar saber cómo están las cosas en este
capítulo de ocupación de vía pública en estos momentos y cuáles
son las intenciones que se tienen al respecto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario