TRANSPARENCIA

Al cabo de tres años de vigencia de la Ley canaria de transparencia y acceso a la información pública, los ayuntamientos de las dos islas capitalinas (siete de los veintitrés de Gran Canaria y veintiuno de los treinta y uno de Tenerife) aprueban el denominado Índice de Transparencia. Un hecho positivo, sin duda, que lo será del todo cuando el resto de consistorios se lo tome en serio y supere las pruebas que ahora han afeado su gestión y cuando se conozcan los datos de las demás corporaciones locales de las islas, entre las que, por cierto, igual no hay registros tan favorables.

Canarias es la primera comunidad autónoma que cuenta con un instrumento de medición de su transparencia que el año pasado, según el Informe del Comisionado, Daniel Cerdán, ya abarcó a todas sus instituciones públicas y más de una tercera parte de sus más de trescientas entidades dependientes. Es la primera vez que todos los ayuntamientos han cumplido su obligación de rendir cuentas sobre su propia transparencia.

En la exposición de motivos de la Ley impulsada por el que fuera consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario, Francisco Hernández Spínola, se señala que la transparencia “se revela como uno de los valores esenciales para que las instituciones y administraciones sean consideradas como propias, cercanas y abiertas a las expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía. Asimismo, la transparencia constituye una eficaz salvaguarda frente a la mala administración, en la medida en que posibilita a la ciudadanía conocer mejor y vigilar el ejercicio de las potestades, la prestación de los servicios y el empleo de los recursos públicos que se obtienen por la contribución de la misma al sostenimiento del gasto público. Y, precisamente por ello, la transparencia en la gestión de los asuntos públicos se ha revelado como un instrumento vital para lograr que la actuación de los poderes públicos sea más eficaz y eficiente. Consecuentemente, aumentar la transparencia de la actividad pública se vislumbra como el camino para iniciar la reconciliación entre las instituciones y gestores públicos con el conjunto de la sociedad para la que trabajan”.

Se diría que los municipalistas empiezan a tomar conciencia de esta filosofía y a responder con hechos ante demandas ciudadanas de mejor y más claro funcionamiento de las administraciones públicas, envueltas en esa preocupante corriente de rechazo y desafección hacia la política en general. Los exámenes indican que los ayuntamientos de Gran Canaria y Tenerife han avanzado notablemente en el cumplimiento de sus ciento sesenta y seis obligaciones de publicación de contenidos en los portales de transparencia de sus sitios web, bien es verdad que con distintas intensidades. La nota media ponderada de Tenerife se situó en 7,28 y la de Gran Canaria en 6,72. Los resultados de los municipios de Tenerife, por cierto, son los mejores de todas las islas del archipiélago; su media ponderada por población del 4,26 del año 2016 al 7,28 del ejercicio siguiente, en tanto que su media aritmética fue de 6,42 superando así el 3,71 de 2016.

Todo da a entender que hay más conciencia y más sensibilidad con un concepto, la transparencia, absolutamente fundamental en la política de nuestros días, si es que además se quiere perfeccionar y cualificar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Pero habrá que insistir con quienes incumplen. Y si creen que los ciudadanos por eso no les van a castigar, están equivocados.