Estamos entre los más de nueve millones de pensionistas
españoles que, por ahora, no verán revalorizadas sus pensiones. Oigan, que
somos más de nueve millones, luego el interés general está más que probado.
Pero el patriotismo de PP, Vox, Junts y UPN decidió en el Congreso que no, o lo
que es igual, primero leña al Gobierno y después, lo que venga, da igual,
cuanto peor mejor. Buena manera de exhibir el patriotismo, ese que se atribuyen
mientras cuestionan el de los demás.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en el último Consejo de
Ministros de 2025 la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas
en un 2,7 % para este año, así como de las pensiones mínimas en más de un
7 %. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas
familiares también han aumentado un 11,4 % en 2026, al igual que las pensiones
no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La subida se hizo a través de un decreto-ley, una norma con
rango de ley pero ya saben que necesita después ser convalidado por el Congreso
en el plazo de treinta días para seguir vigente. Como la suma de votos de PP,
Vox, Junts y UPN da mayoría absoluta, el decreto-ley no ha sido convalidado.
(171 votos a favor y 178 en contra).
PP y Junts están a favor de revalorizar las pensiones, pero
no quieren que esta medida se vote en conjunto con el resto de las incluidas en
ese mismo decreto. Es que son muy perversas. Entre ellas, las del escudo social
referidas a la limitación de desahucios por ocupación o impago de alquileres
por parte de familias vulnerables. Algo que PP y Junts interpretan como una
defensa de la ‘okupación’. Se repite, pues, la historia del año pasado: tras el
alud de críticas que provocó que los populares votaran en contra de las
pensiones, el líder PP se vio obligado el año pasado a rectificar y finalmente
los pensionistas pudieron seguir disfrutando de su subida.
Veamos las consecuencias. Lo primero que debe tenerse en
cuenta es que la votación de ayer no afecta de ningún modo al pago de las
pensiones del mes de enero, puesto
que ya se ha hecho el giro correspondiente y los pensionistas pueden disfrutar
de su incremento.
Eso sí, salvo que se apruebe un nuevo decreto con esta
subida, las cuantías a partir de febrero volverán a las de 2025. Lo
mismo ocurre con las medidas del escudo social, que ahora quedarán sin efecto y
dejarán sin alternativa habitacional a más de 60.000 personas.
Otro efecto: la norma que ayer no aprobó el Congreso
ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2026, la imposibilidad de desahuciar de su
vivienda habitual a familias que sufran una vulnerabilidad económica que le
impida obtener un piso alternativo. Una medida dirigida especialmente a
personas dependientes, víctimas de violencia de género o que tengan menores a
su cargo.
El decreto también incluye la
prohibición de cortar los suministros básicos a estas familias durante el año
2026, así como la ampliación de los descuentos del bono socia. El decreto
igualmente incorpora una de las peticiones que el nuevo presidente de la
Generalitat valenciana hizo a Pedro Sánchez: que las ayudas concedidas a los
afectados por la Dana, por parte de la Generalitat valenciana, estuvieran
exentas del pago del IRPF y del impuesto de Sociedades. Una medida que también
se ha visto frenada. Como la relativa a una reivindicación histórica de los
agentes medioambientales y los bomberos forestales: la aplicación de los coeficientes
que permitían su jubilación anticipada. El escudo social, que llaman, se hizo
añicos. Lo quiso el patriotismo.
De momento, el Gobierno no ha dado
pistas sobre qué hará a partir de ahora para intentar salvar la subida de las
pensiones. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz
del Gobierno, Elma Saiz, descargaba este martes la responsabilidad en los
partidos. "No se puede ir a votar pensando en que el Gobierno
solucionará la irresponsabilidad de una votación", ha señalado Saiz
en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de
Ministros.
El Ejecutivo podría aprobar en el próximo consejo de
ministros un nuevo decreto sólo con la subida de las pensiones u otro similar
al rechazado hoy, confiando en que ocurra como el año pasado y PP o Junts
cambien de posición. Ambas formaciones también tienen registradas sendas
proposiciones de ley para su revalorización.
Eso sí, en el caso de que no se llegara
a aprobar a tiempo la subida para que tuviera efectos en la próxima
nómina, al Gobierno siempre le queda la posibilidad de aprobarlo más
adelante con carácter retroactivo, con lo que los jubilados no dejarían de
percibir el aumento pese a cobrarlo a posteriori.
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