Hay que gastar cuatro mil millones de euros -no han leído mal: cuatro mil millones de euros- antes de que terminen el mes y el año. Hay que gastarlos porque si no, serán devueltos a las arcas del Estado.
¿Que quiénes han de gastar tan suculenta cantidad? Pues los empresarios canarios que pueden acogerse a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), una importante figura ideada -si no falla la memoria- por el otrora hiperactivo parlamentario socialista Augusto Brito Soto en el fragor de las negociaciones de la modificación del Régimen Económico Fiscal (REF).
Nos parece una noticia impactante, en plena crisis, en pleno análisis de una nueva subida -moderada, eso sí- del índice de desempleo. Los que no entendemos mucho de ciencia económica y que sabemos lo elemental de cómo se desenvuelve la subsidiada economía canaria nos quedamos aturdidos.
Unas diez mil empresas se acogen a las ventajas de la RIC, lo que significa una dotación media por empresa de unos doscientos mil euros. Con razón en algunos sectores empresariales se viene hablando de "situación tremendamente delicada".
Y la pregunta es clara: ¿se podrán en gastar en veintisiete días (sin contabilizar los festivos del mes) cuatro mil millones de euros? Mucho hay que correr, suponemos, para hacerlo. Y en todo caso, ¿quiénes serán los beneficiarios de ese voluminoso gasto?
También cabre preguntarse por qué no lo han hecho hasta ahora los empresarios que tienen a su alcance esta opción. Hay una explicación, no sabemos si válida para todos los casos: muchos empresarios no logran que bancos y cajas les concedan operaciones de préstamos para financiar la adquisición de los activos aptos para la RIC.
Es la actitud del temor, de la cautela, a veces en exceso. Que nadise extrañe enttonces de que los perqueños y medianos ahorradores hayan aumentado su contención o de que la tendencia consumista haya menguado.
Y así va pasando el tiempo. Y así van amontonándose los fondos hasta que apremia el ejercicio y se disparan las alarmas. Pidieron los empresarios una prórroga, la enésima petición, la enésima prórroga, pero el ministerio de Economía y Hacienda dijo nones. La fecha, 31 de diciembre, es improrrogable. Hay que gastar.
No es de extrañar pues que se hable de situación delicada. Y mucho menos que se contraste de nuevo la enorme debilidad en la capacidad de gestión para acogerse a beneficios en materia de inversiones. El tejido empresarial debe reaccionar.
Porque en enero habrá que preguntar, en efecto, cuánto se gastó -en veintisiete días- de este volumen de dinero. Y si algún sector productivo se reactivó en consecuencia.
Si no, ya saben: vaya cuesta la de ese mes.
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