lunes, 2 de septiembre de 2013

LIBERTAD DE INFORMACIÓN

La sucesión de informaciones sobre el ex tesorero del Partido Popular (PP) y la ansiedad por alcanzar el turno vacacional hicieron que un hecho tan serio y grave como las protestas que, el pasado mes de julio,  trasladaron al Gobierno la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) apenas tuviera trascendencia.
            Las protestas traían causa de las trabas que el ejecutivo había puesto a la cobertura de una reunión del presidente, Mariano Rajoy, con el Consejo Empresarial para la Competitividad celebrada en la misma residencia presidencial. El gobierno vetó el acceso a los informadores, incluidos fotógrafos y camarógrafos, y al final de la sesión remitió a los medios una nota informativa, fotos y hasta un video. La convocatoria figuraba en la agenda del gobierno pero unas horas antes la Secretaría de Estado de Comunicación advirtió, vía sms, que los medios no entrarían al recinto.
            Ese es el fundamento de las protestas de las organizaciones profesionales. Por tanto, la reivindicación contenida en algún titular, cobraba pleno fundamento: “Las asociaciones de prensa piden al Gobierno libertad de información”. Leer esto en la España del siglo XXI es fuerte. Por mucho que el presidente quiera eludir el contacto con los medios, es inaceptable que, en un sistema democrático, un gobierno no acepte el papel de éstos y limite o condicione el libre desarrollo de sus tareas. Pedir libertad de información es una de las expresiones críticas más graves que se puede dirigir al ejecutivo.
            Las asociaciones citadas fueron terminantes a la hora de fijar su posición ante lo sucedido: “El Gobierno tiene que saber -señalaron- que este tipo de actuaciones debilita los derechos constitucionales de libertad de expresión y de información”. En realidad, no habría que extrañarse demasiado: recordemos que Rajoy anunció la composición de su gabinete limitándose a leer nombres, apellidos y carteras. Ni una sola explicación. Meses después esquivaba a los periodistas en el Senado y salía por el garaje. Después, está aquella célebre comparecencia que sólo pudo ser seguida en televisor de plasma. Hay otros episodios en los que se ratifica esa actitud huidiza, reflejada en la inadmisibilidad de preguntas o en el cambio de éstas sobre la marcha, rompiendo lo pactado.
            ¿Por qué esa desconfianza del presidente y del Gobierno hacia los periodistas o hacia los medios? Esta es la cuestión de fondo, cada vez más difícil de explicar, porque la mayoría están de su parte o le dispensan un tratamiento poco crítico. Solo un temor cerval a ser pillados, a equivocarse, a dar respuestas precisas y concretas, en definitiva, a quedar en evidencia y proseguir la cuesta abajo del desgaste, justifica esa ya sistemática actitud renuente y escapista.
            Para colmo, intentan compensarla o remediarla con métodos que quieren convertir la información en mera propaganda.

            Si con el abuso de la mayoría parlamentaria se equivoca el partido gubernamental, estas prácticas de comunicación tampoco le favorecen. Salvo que les dé igual que las asociaciones profesionales pidan “libertad de información”. Qué fuerte.

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