Hay más ricos. Y quienes
ya eran, lo son más. En realidad, apenas conocieron la crisis. La brecha de la
desigualdad social ha aumentado en nuestro país a lo largo de los últimos dos
años. Desmantelado el Estado del bienestar, hay una fractura evidente. La clase
media ha desaparecido. Y todavía habla el Gobierno de presupuestos de la
recuperación, cuando todos los análisis convergen en que es más apropiado
hablar de cuentas de la frustración.
Si el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a
España que afronte una reforma fiscal bien fundamentada, ajustada a las
circunstancias que concurren, parece claro que es una alternativa para salir de
la crisis. Tal reforma debe gravar la riqueza, o sea, no solo las ganancias de
los contribuyentes sino también lo que poseen y lo que heredan. Gravar las
grandes fortunas no es un capricho recurrente: tiene que ser una medida
práctica y efectiva.
De esa forma, estaríamos ante cambios fiscales visibles, de modo
que paguen más impuestos esos volúmenes elevados de riqueza. La reforma fiscal
ha de orientarse a un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
que propicie, como hemos dicho, gravar las grandes fortunas pero también la
revisión de las actuales desgravaciones, especialmente las de los fondos de
pensiones o las de la sanidad privada. Modificar el actual impuesto de
sociedades, estableciendo un tope mínimo, y acercar la tributación de las
rentas del trabajo a las del capital, sustanciarían igualmente una reforma
fiscal que es indispensable para disponer de unos presupuestos estatales menos
rígidos y con una mayor capacidad de maniobra.
Junto a ella, hay que hablar de la lucha contra el fraude para
lograr un reparto más justo de los esfuerzos. Hasta el momento no se han
registrado avances notables. La recaudación por este concepto en el presente
ejercicio presupuestario apunta entre quinientos y seiscientos millones de
euros menos que el pasado año. El sindicato de técnicos de Hacienda hace las
correspondientes denuncias y advierte de las consecuencias que acarrea la
reducción de las plantillas de la Agencia Tributaria. Por ejemplo: habrá unos
seiscientos efectivos menos para detectar y perseguir el fraude fiscal. ¿Se dan
cuenta ahora por qué hay menos ingresos en los Presupuestos Generales del
Estado? ¿Y por qué hay más ricos? ¿Y por qué la minoración de recursos tiene
que ver también con aquella amnistía fiscal? Es como si invitaran: ¡hala!, a
seguir defraudando.
De no profundizar en las dos medidas expuestas, reforma fiscal y
lucha contra el fraude, mucho nos tememos que las cuentas de la frustración
solo engordarán. Al tiempo.
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