Se estará saliendo de la crisis, se estará diciendo adiós a
la recesión, estarán aumentando las inversiones, estará lloviendo dinero si
interpretamos a uno de los prebostes de la gran banca pero lo cierto es que los
presupuestos del próximo ejercicio, en todo el país y en Canarias, van a ser
poco menos que de guerra, a poco que se contrasten las restricciones en
capítulos y consignaciones así como la disminución de los fondos europeos para
el período 2014-20 de acuerdo con la distribución dispuesta por el Gobierno de
Mariano Rajoy entre las comunidades autónomas.
Situación
límite, por ejemplo, en las políticas activas de empleo. Las leves mejorías
advertidas en los últimos registros, que parecen indicar un cierto freno a la
destrucción de puestos de trabajo, pueden tornarse en todo lo contrario si se
consuma la supresión del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) que no será
tal si han decidido incluirla en esa suerte de agenda secreta, dicho sea sin
ironía alguna, que con las cosas del paro ni se juega no se hacen chanzas.
El PIEC ya
sufrió una severa disminución: de 42 millones en el ejercicio de 2012 se pasó a
10 millones de euros en el presente. Poco se puede hacer con esas cantidades,
además del problema que representa el que las consignaciones de este año y del
pasado aún no hayan sido transferidas por el ministerio de Empleo. Es fácil
colegir que no contar con ese Plan equivale a que crezca el paro, a que
aumenten los índices de pobreza y a que la brecha de desigualdad sea cada vez
más difícil de cerrar. El Gobierno de España querrá seguir aplicándose en la
consecución del cumplimiento del déficit público pero también habrá de tener
muy en cuenta que la productividad económica difícilmente mejorará con listas
de desempleo que se engrosan como consecuencia de no existir ni programas ni
ayudas siquiera para mitigarlo. Habrá que recordarlo por enésima vez: Canarias
tiene una de las tasas de paro más alta de todo el Estado y el índice de paro
juvenil más elevado de todo el país. De modo que anteponer déficit público al
desempleo es un dilema muy delicado que supone un esfuerzo añadido de
explicación por parte del ejecutivo de Rajoy para sortear las inevitables
acusaciones de insensibilidad, desatención o ‘castigo’ que le llegarán desde
las islas.
Si a lo
dicho se suma que habrá 200 millones de euros menos de los previstos, procedentes
de los fondos comunitarios para atender el denominado “Eje social europeo”; y
otros 100 detraídos del programa específico para las regiones en transición
-aquellas, como Canarias, cuyo PIB se encuentra entre el 75 y el 90% de la
media comunitaria-, se comprueba que los problemas de desempleo se agravarán y
que los presupuestos para combatirlos, tan menguados y restrictivos, en efecto,
son de guerra. Casi nada.
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