UN MITO MENOS

Partiendo de que la diversidad de características de cada municipio induce la viabilidad o conveniencia de acuerdos de gestión indirecta (privatización, concesiones) de instalaciones o servicios públicos; y asumiendo que muchos ayuntamientos de gobiernos socialistas o progresistas optaron respetablemente en su momento por dicha vía, un reciente informe del Tribunal de Cuentas referido a la prestación de servicios de administraciones locales de menos veinte mil habitantes (aproximadamente el 95% del total de los ayuntamientos españoles) pone de relieve que la gestión privada no es más eficiente ni más barata. Se derrumba así un mito, alimentado y defendido hasta la saciedad por quienes optaron por desentenderse de gestiones y responsabilidades públicas y por quienes se aprovecharon de tal actitud para explotar o sacar buena renta de las ventajosas condiciones que se presentaban para acceder, incluso, a joyas de la corona de titularidad municipal que, descuidadas o desatendidas por aquéllos poco identificados con lo públicos, crearon las condiciones adecuadas para que lo privado se hiciera con servicios e instalaciones. Les preocupaba poco el incremento de tarifas con tal de ahorrar costes en el capítulo de personal.

            Para quienes, en el ejercicio de responsabilidades públicas, hemos defendido siempre un sector público local potente, este informe del Tribunal de Cuentas pone de relieve que no íbamos descaminados. En algunos debates y procesos intervinimos tratando de hacer ver que, en algunos casos, era positivo y conveniente que el Ayuntamiento tuviese a su cargo la gestión directa de ciertos servicios, por ejemplo, el de la recogida domiciliaria de residuos y limpieza viaria. Entre las conclusiones del Tribunal, una que empleamos tesoneramente pese al escaso éxito en aquellos debates: la privatización no implica ni más calidad ni mejor servicio ni más baratos costes.

            Entonces, esa mitificación de lo privado y ese sonsonete de la ineficiencia de lo público, sustentos del pensamiento neoliberal, van palideciendo hasta desmoronar ciertas tesis que alimentaron hasta una posición maniquea: lo privado es más rentable y más eficiente. Los datos del Tribunal de Cuentas, aunque ceñidos a municipios de menos de veinte mil habitantes, son terminantes y hasta alumbran nuevas vías, ahora que se avecina una nueva regulación legislativa del ámbito local español, con una norma que tiene de los nervios -aunque no lo expliciten, claro- a los propios alcaldes del Partido Popular. Con sus registros sobre la mesa, en efecto, los propósitos privatizadores parten de premisas erróneas o tendenciosas, de manera que los municipalistas ya tienen otra materia sobre la que trabajar con denuedo para trasladar a sus vecinos que hay un modelo de gestión de la prestación de servicios públicos en el que se puede confiar, sencillamente porque es más barato. Eso sí: tiene que haber voluntad, diligencia, transparencia y profesionalidad.