Las elecciones
legislativas están en un horizonte razonablemente cercano. Hoy mismo, se
celebra la última sesión de control al Gobierno en las Cortes y en muy pocos
días éstas quedarán disueltas. Fin, por tanto, de la legislatura. Los partidos
políticos ya han empezado a hablar, con anticipos de ofertas y programas, en
tanto que se escuchan las trompetas de la propaganda. El índice de audiencia,
por otro lado, de un programa televisivo que se puede considerar el primer
debate preelectoral, con más de cinco millones de espectadores, da a entender
que, lejos de lo que podía suponerse, hay interés en recuperar la política. No
parece, desde luego, que la inhibición y la abulia, la desafección y la
desmotivación, tan características de un tiempo a esta parte, sean los factores
predominantes.
Es la hora de los
partidos, en efecto, de ahí que hay que mirar y examinar detenidamente las
novedades que aporten a la ciudadanía para tratar de mitigar o resolver sus
demandas. Dentro de pocas fechas, el ruido de los enconos o de los
enfrentamientos no dejará distinguir las ofertas programáticas más sustantivas,
de modo que es cuestión de poner atención ahora en aquellos planteamientos
concretos orientados a la finalidad antedicha. La crisis no se ha cerrado:
sigue habiendo carencias y colectivos sociales que esperan de los partidos
políticos la formulación de medidas que les alumbren alguna esperanza, alguna
salida.
Los socialistas, por
ejemplo, hablan de poner en marcha una nueva prestación dirigida a los hogares
sin ingresos y en situación de contrastada necesidad, concebida como prestación
no contributiva de la Seguridad Social. Se denomina Ingreso Mínimo Vital (IMV)
y viene a ser como una última red de protección social para atender a las
personas que, por la causa que sea, hayan quedado desamparadas. En principio,
se calcula que hay unos setecientos treinta mil hogares sin ingresos y casi un
millón novecientas mil personas teóricamente beneficiarias. Luego la iniciativa tiene su razón de ser.
El IMV trata de
proporcionar a las unidades familiares sin ingresos una renta que les permita
afrontar las necesidades más básicas. Con él se pretende terminar con la
pobreza infantil extrema con una prestación por hijo a cargo. Es una manera,
según explican fuentes socialistas, de combatir la pobreza y el incremento de
la desigualdad, pero también compensar el notable descenso de la protección por
desempleo.
La gestión de este
Ingreso estaría a cargo del sistema público de Servicios Sociales, con
participación convenida de las comunidades autónomas y en coordinación con los
servicios públicos de empleo. Para acceder al IMV es necesario probar la
inexistencia de rentas, además de acreditar la activación laboral y la
formación para el empleo.
El Ingreso Mínimo
Vital, en caso de cristalizar, supone invertir en la infancia, es decir, se
trata de que los niños en hogares con menos rentas mejoren sustancialmente su
situación, o lo que es igual, sea eliminada la pobreza más severa de quienes la
padecen.
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