La conclusión que
se desprende de la reciente controversia sobre la financiación de las
carreteras en Canarias es que hay desgastes que se evitarían con diálogo y
negociación. Y que una posición firme y unida permitiría llegar a la raíz del
problema con una clara voluntad de resolverlo.
Los ciudadanos
isleños se han cansado de polémicas estériles y quieren soluciones prácticas.
Para eso han colocado a sus representantes en las instituciones; para eso
formalizan alianzas políticas a fin de garantizar la gobernabilidad y para eso
se tragan discursos que proclaman, sobre todo, la identificación con los
intereses generales que luego, por muy heterogéneas razones, no se cumplen y
dan pie a discordias, recelos y conflictos.
En la de las
carreteras se ha visto, además, cómo se alimentan los insularismos, alentados
incluso por el sesgo de medios de comunicación. Ello confunde más a la
ciudadanía y hasta contribuye a demorar el pretendido desbloqueo. Es
consecuente que los cabildos insulares, instituciones de la Comunidad Autónoma,
propugnen y defiendan inversiones y actuaciones en su territorio. Y hasta
disponen de una nueva Ley, respaldada por unanimidad, que delimita las competencias.
Y deben hacer cumplir el principio de cooperación interadministrativa tan
socorrido cuando hay nubes en el horizonte. Tal principio conlleva lealtad, por
supuesto. Por eso, cuanto sea ignorar el origen del problema y salirse de las
coordenadas en las que hay que desenvolverse significará tensar las cuerdas y
fabricar la enésima controversia, a saber con qué final.
Aquí se sabe cómo
empezaron las diferencias y, curiosamente, algunos actores no reparan en ello.
Todo se origina con los recortes presupuestarios operados por el Gobierno de la
nación en el ya célebre y poco bien ponderado convenio de carreteras. Casi
ochocientos millones de euros menos. Digan lo que quieran decir y disculpar, en el principio era esa la
restricción y a partir de tal incumplimiento, las complicaciones en forma de
retraso en las obras, pérdida de competitividad y hasta destrucción de empleo.
También es sabido
que en el acuerdo de gobernabilidad para la presente legislatura, suscrito
entre Coalición Canaria y Socialistas Canarios, consignaba el propósito
indubitado de garantizar el cumplimiento del convenio vigente hasta 2017,
independientemente de negociar otro gran acuerdo en materia de infraestructuras
relacionadas con la conectividad interinsular.
De modo que las
partes implicadas, sin perjuicio de querer establecer las prioridades en las
actuaciones correspondientes, deberían esmerarse en transar y canalizar las
soluciones, pues son los ciudadanos, mientras tanto, quienes sufren errores de
planificación, recortes de dotaciones presupuestarias, insensibilidades,
presiones interesadas y disputas políticas.
Y no están las
carreteras, con sus atascos e insuficiencias, para tantas majaderías.
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