jueves, 19 de octubre de 2017

POBREZA Y DESIGUALDAD



La última entrega de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) reabre el debate de la situación en Canarias. Algunos datos son demoledores: el 44,6 % de los habitantes corre el riesgo de sufrir pobreza o exclusión, un porcentaje que dobla la media de la Unión Europea (UE), el 23 %. En general, la pobreza ha aumentado, como lo ponen de manifiesto los mismos registros de la EAPN que cifran en casi trece millones de personas en España las que cumplen alguno de los requisitos para ser considerada pobre: tener ingresos inferiores (una persona) a 684 euros y 1.700 (una familia de cinco miembros); sufrir carencia material severa, esto es, retrasos en el pago de la vivienda, no gozar de vacaciones ni disponer de televisión o teléfono y estar desempleado o registrar baja intensidad en la relación laboral, o sea, un trabajo de menos de dos horas. Un total de 2,9 millones de personas viven en situación de pobreza severa, es decir, en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo es inferior a 342 euros al mes, 4.104 al año. El presidente de EAPN, Carlos Susías, lo tiene claro: “Es preocupante que las personas en situación de pobreza, las primeras en sufrir la crisis, sean las últimas en notar la recuperación; son las primeras en recibir el impacto y las últimas en recibir las bondades”.
            Ese 44,6 % canario es muy inquietante, desde luego. Un 10,8 % de la población sufre privaciones y el 13,6% de los canarios padece pobreza severa. Aparecen los datos en plena  conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y ponen de relieve la desigualdad social, que no disminuye ni con el baile de récords en el sector turístico ni con la aparente recuperación de otros sectores productivos, entre ellos la construcción. Se habla de creación de empleo pero ya sabemos de su precariedad y de bajos índices salariales. Es evidente que habría que impulsar políticas serias (y no parches) que favorezcan la creación y el mantenimiento del empleo, antes que premiar la obtención de mayores beneficios que solo incrementan la desigualdad. Muchas voces coinciden en señalar que corresponde a los Estados la aplicación de planes y medidas que permitan a la renta básica universal satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos.
            El debate se intensificará en las próximas fechas. A ver si en las instituciones, allí donde el asunto sea tratado y donde haya competencias para planificar y disponer recursos, surgen acuerdos positivos y eficaces, lo que más puede interesar, antes que intercambiar reproches pues el personal anda bastante cansado, por no decir harto, de las diatribas y las reprobaciones estériles. Sería bueno, más allá de posiciones partidistas o ideologizadas, no solo asumir compromisos sino consensuar planes. Andamos en fase de elaboraciones presupuestarias: es el momento de actuar y de acreditar que, para mejorar los tan desalentadores registros, es indispensable traducir en números, iniciativas y prioridades la voluntad política.
            Si no, más de lo mismo.

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