¿Casualidad
o mensaje intencionado?
El
mismo día que las cuatro asociaciones de jueces y las tres de
fiscales completaban su calendario de paros para reivindicar ante el
ministerio de Justicia una serie de mejoras para que la
administración funcione mejor, con más medios y con más eficacia,
era detenido por la Guardia Civil un ex ministro de José María
Aznar, Eduardo Zaplana, a quien se le imputa un presunto delito de
blanqueo de capitales.
Otro
terremoto político: España se está viendo sacudida por lo de
Catalunya -crisis que ha entrado en un callejón sin salida y tiene
hartos a millones de catalanes y españoles, cada vez más enconados-
o por lo del narcotráfico inatajable en Algeciras y La Línea de la
Concepción o por otros asuntos de inquietante calado como ese
aumento de la violencia o por la suerte de los Presupuestos Generales
del Estado que materializa hoy, por cierto. Hasta las redes sociales
han acentuado movimientos o expresiones de malestar y hartazgo, a
propósito de ponerse en oblicuo: cuando pasa todo esto, es que
quieren desviar la atención y se recurre al monumental fraude
electoral de Venezuela, con descalificación adjunta, en audiovisual,
de Rodríguez Zapatero, observador internacional.
Cualquier
hecho, lo que se quiera, pero que nadie pierda de vista esa
incertidumbre en el poder judicial. Fiscales y jueces pidiendo por un
lado la dimisión del ministro del ramo, y este tratando de calmar a
los profesionales diciendo que hay una negociación en marcha y que
sus propuestas están siendo tratadas en pos de una solución
satisfactoria.
La
justicia española anda en busca de una mayor credibilidad. Veremos
si la huelga de estos servidores públicos sirve para ganar
independencia y para lograr una modernización palpable de la
Administración. Es en lo que vienen insistiendo. Quieren mejorar las
condiciones profesionales de los componentes de la carrera judicial.
Y aspiran -como aspira el conjunto de la sociedad- a contar con una
justicia moderna, eficaz, ágil y tecnológicamente competitiva. Si
ellos mismos reconocen la existencia de estas demandas, si ellos
mismos han parado varias fechas sin colapsar la prestación de los
servicios pero haciendo visibles sus protestas en el exterior de
juzgados y sedes judiciales, es que las asociaciones de fiscales y
jueces, además de oponerse a las injerencias del ministerio -suena
mal, desde luego, pero son esos colectivos quienes así lo expresan-
quieren garantizar derechos y asegurar la calidad de la respuesta.
De
momento, y a la espera del resultado de la negociación, las
reivindicaciones y la huelga ponen de relieve que hay disfunciones,
que no se arreglan y que progresivamente van minando la credibilidad.
Entre tanto desasosiego social, esto, la huelga de fiscales, jueces y
servidores públicos no viene nada bien.
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